En un escenario de pleno descontento con el gobierno de Mauricio Macri por la nueva ola de tarifazos estipulados para el arranque de 2019, tanto agrupaciones de ciudadanos como referentes políticos de la oposición comienzan a marcar terreno para ponerle un freno a los aumentos que alcanzarán a todos los servicios básicos.
Mientras decenas de organizaciones convocan a realizar protestas en diferentes puntos del país contra los incrementos de tarifas, la ciudad de La Plata vuelve a ser escenario de la disputa por el gas. En este caso, desde el bloque de Unidad Ciudadana en la Legislatura bonaerense impulsarán un proyecto para congelar el precio de la garrafa social.
Con la Resolución 15/2019 de la Secretaría de Energía, el gobierno nacional anunció nuevos aumentos para el gas licuado de petróleo, el mismo que se destina para la garrafa social. El incremento implica una suba del 24% y comenzará a regir a partir del viernes 1º de febrero. Si bien se estipuló que la garrafa de 10 kilos pase a costar 160,28 pesos para el fraccionador, 240,97 pesos para el distribuidor y 267,70 pesos para el público, el precio real superaría los 300 pesos.
“Más de dos millones dependen de la energía eléctrica porque no tienen gas natural. En lugar de aumentar las garrafas, ¿por qué la gobernadora no se ocupa de reducir esta cifra vergonzosa?”, señaló la presidenta del bloque Unidad Ciudadana, Florencia Saintout, quien apuntó contra María Eugenia Vidal.
“Esta es una nueva demostración del cinismo de este gobierno. La provincia está en crisis. El gas es un servicio esencial y Vidal debe garantizarlo”, agregó.
Saintout: “Más de dos millones dependen de la energía eléctrica porque no tienen gas natural. En lugar de aumentar las garrafas, ¿Por qué la gobernadora no se ocupa de reducir esta cifra vergonzosa?”.
La medida tiene como fin subsidiar a aquellos sectores sociales de bajos recursos que no cuenten con servicio de gas natural por redes, así como a personas beneficiarias de la tarifa social de servicios públicos, del programa Hacemos Futuro, del salario social complementario, de la Asignación Universal por Hijo o por Embarazo, entre otros.
Contra el tarifazo en Camuzzi
En tanto, durante la mañana de ayer una amplia cantidad de organizaciones nucleadas en el grupo “Ciudadanos contra el Tarifazo” se convocó en las puertas de la sede central de Camuzzi para juntar firmas en rechazo al incremento del gobierno. “Estas firmas acompañarán futuras presentaciones judiciales y la presentación de una Ley Federal de Servicios Públicos que nos permita discutir la necesidad de que estas empresas tengan una rentabilidad razonable”, manifestaron desde el sector.
Uno de los articuladores principales de la actividad es la Defensoría de Usuarios y Consumidores de La Plata (DEUCO), que replicará la jornada en otras sedes de empresas de servicios. Desde allí impulsan el proyecto de Ley de Servicios Públicos con una visión de reconocimiento de derecho humano. “Para ello buscamos generar espacios de debate, cada provincia tiene su particularidad. Queremos una ley que tenga una visión desde la persona, del ciudadano, y no simplemente de una prestación de servicios”, dijo a Contexto el referente de DEUCO, Roberto Daoud.
Vale remarcar que durante el año pasado una multisectorial de asociaciones de usuarios y consumidores se pronunció en profundo rechazo de los aumentos que impulsaba ya el gobierno. Es que las distribuidoras plantearon ni más ni menos que el traslado en pesos de las deudas millonarias en dólares de las empresas, producidas por la variación abrupta del tipo de cambio en que se fija el valor del gas en boca de pozo.
“La política gubernamental avanza sobre los usuarios. Es muy difícil lograr una vuelta atrás. En el caso de traspaso de la deuda a los usuarios sí hubo un paso atrás, o por lo menos intermedio, porque el Estado subsidió finalmente la deuda. Aun así, debemos evidenciar que cada vez va a ser más difícil poder pagar luz, gas y agua con esta clase de aumento”, agregó Daoud.
