Por Fernando M. López
La atención está puesta en la audiencia pública prevista para este viernes en la Usina del Arte, de Capital Federal, donde se tratará el aumento del gas en condiciones totalmente desventajosas para usuarios y consumidores, al no contar con información adecuada y veraz sobre los costos del fluido en boca de pozo por cuenca, yacimiento y empresa, un elemento fundamental para empezar a discutir un nuevo cuadro tarifario.
Por este motivo, el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) había pedido la suspensión de la audiencia, pero el juez federal platense Alberto Recondo lo rechazó en términos formales y, por ahora, todo sigue su curso. El “por ahora” es importante, porque el magistrado no analizó el fondo de la cuestión y el CEPIS ya adelantó que apelará ante la Cámara Federal este mismo jueves.
Al mismo tiempo, se presentó una denuncia penal contra el presidente Mauricio Macri, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y el interventor del ENARGAS, David Tezanos, que recayó en el juzgado federal de Julián Ercolini. Allí se solicitó la suspensión del encuentro en la Usina del Arte por no brindar la información que permita conocer el verdadero precio de producción del gas, además de la investigación de los tres acusados por los delitos de abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, resistencia o desobediencia de funciones, defraudación de la Administración pública y negociaciones incompatibles.
En el tarifazo que trata de imponer el Gobierno a partir de octubre, el precio del gas en boca de pozo que pagarán los usuarios se irá de 1,29 a 3,42 dólares el millón de BTU, para luego actualizar esa cifra semestralmente hasta llegar a 6,78 dólares en octubre de 2019.
El abogado que impulsó la denuncia, Antonio Liurgo, sostuvo que con ese esquema la Argentina estaría “abonando el gas más caro del mundo en boca de pozo, por voluntad y decisión del primer mandatario y el ministro de Shell S.A.”.
Para otro letrado, Facundo Ferro, Macri y Aranguren se niegan a informar cómo se conforma ese precio porque, precisamente, “ahí está la trampa”.
“Los servicios públicos son básicos y esenciales para el desarrollo humano en una sociedad del siglo XXI; estamos hablando de derechos humanos. Sin embargo, ellos los toman como una mercancía y, encima, lo hacen sobre bases fácticas que no son reales.”
Ferro, quien representa a cientos de usuarios y consumidores de Lomas de Zamora, explicó que “el precio real del gas en boca de pozo determina casi el 80% del valor final de la tarifa. Si no tenemos eso, no vamos a poder discutir sobre datos fácticos y técnicos de la cuestión energética”.
En su fallo del 18 de agosto, la Corte Suprema enfatizó que antes de debatir un nuevo cuadro tarifario del gas los usuarios debían tener “información adecuada, veraz e imparcial de parte del Estado”, por lo tanto, “no están dadas las condiciones para realizar la audiencia pública”, señaló el abogado.
Detrás de este ocultamiento deliberado no sólo están Aranguren y la Shell, una de las principales petroleras que se beneficiarán con el tarifazo –de la cual el ministro es accionista Clase A–, sino también Andrés Chambouleyron, actual subsecretario de Política Tarifaria y varias veces testigo de parte de empresas energéticas en sus demandas contra la Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. A ellos habría que sumar al ya mencionado Tezanos, quien antes de ocupar el sillón de ENARGAS pasó por compañías como Metrogas, MetroEnergía S.A., MEGA S.A., Wintershall y Tezanos y Total Austral S.A.
El tarifazo eléctrico
Además de ocultar datos claves, la ceocracia macrista es experta en confundir a la población junto a sus grandes cómplices: los manipuladores masivos de desinformación.
A poco más de una semana del fallo de la Corte sobre el tarifazo eléctrico, lo último que dijeron los medios hegemónicos en sus titulares fue que el máximo tribunal habilitó el aumento en la provincia de Buenos Aires, y luego pasaron rápidamente a la audiencia por el gas, sin aclarar con el mismo énfasis que sigue vigente la cautelar que frenó la suba de la luz en todo el país y que las empresas concesionarias del servicio no pueden cobrar con el nuevo cuadro tarifario.
La propia jueza federal de San Martín que dictó esa cautelar de alcance nacional, Martina Forns, se encargó de ratificarlo en varias oportunidades a lo largo de los últimos días, pero no tuvo eco en los grandes medios.
Por su parte, el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Arias, denunció que en la provincia la decisión de Forns “no se está cumpliendo por el aval del poder político, del órgano de control de la energía (OCEBA), que debe controlar y defender los intereses de los usuarios pero se posiciona abiertamente a favor de las distribuidoras”.
El magistrado también apuntó contra medios como el diario El Día, que “normalizan este poder de facto que ejercen las empresas al margen de la ley”.
Aprietes
Cuando el máximo tribunal revocó la medida cautelar de la Cámara Federal de La Plata, que suspendía la aplicación del aumento sobre los usuarios de Edenor y Edesur en el Conurbano bonaerense, además cuestionó en duros términos la decisión de Forns de elevar su expediente de manera directa a la Corte y devolvió las actuaciones a su juzgado, encomendándole que “verifique la subsistencia de los presupuestos que habilitan su intervención en el proceso y, en su caso, adopte las decisiones que correspondan con arreglo al estado de la causa”.
La jueza lo consideró algo “absolutamente inédito en un fallo de la Corte Suprema”, ya que “jamás se habían usado términos tan duros”.
“En el fallo dicen que con mi decisión desconozco el derecho, que me he equivocado y que he desprestigiado a todo el Poder Judicial. Pero el prestigio del Poder Judicial no creo que lo deba examinar la Corte Suprema, para eso existe el Consejo de la Magistratura”, respondió, y agregó que el objetivo del máximo tribunal fue “mandar un mensaje a todos los jueces que tengan que fallar en forma parecida o quieran pronunciarse conforme a su independencia, como debe ser”.
“Estoy muy fuerte a pesar de que pusieron una granada en la esquina de mi casa y han echado a mi marido después de 26 años de trabajar en el Estado”, completó Forns al hacer referencia a las amenazas y represalias que sufrió por su decisión de frenar el tarifazo de la luz.
En tanto, el abogado Facundo Ferro alertó sobre otra modalidad de “apriete”, en este caso relacionado con las costas de los procesos judiciales.
En la sentencia contra el tarifazo del gas, donde el revés fue para el Gobierno nacional, la Corte falló a “costas por su orden”, es decir que “cada parte pagó lo suyo, incluidos los honorarios de los abogados actuantes”.
“Ahora bien, en la revocación de la medida cautelar de la Cámara Federal de La Plata, que la gana el Gobierno, el máximo tribunal no falla ‘a costas por su orden’, sino ‘a costas en todas las instancias a la vencida’. Esto quiere decir que demandantes como el Club Social y Deportivo ‘12 de octubre’ tuvieron que hacerse cargo de pagarles a los abogados del Estado por haber litigado. Con esto la Corte busca disciplinar a la sociedad a través del bolsillo, dice ‘no me reclamen porque no sólo no les voy a dar la razón, sino que además van a tener que pagar todo’”, denunció Ferro, y afirmó que esto es parte del “pacto Macri-Lorenzetti”.
