Por Gabriela Calotti
«La mujer de Largo se llamaba Beatriz y estaba embarazada. Era hija de un coronel que había muerto. Tanto ella como su marido siguen desaparecidos. Ahí adentro me entero de que estaba embarazada. Tengo idea de que era un embarazo de unos cuatro o cinco meses», afirmó Fernando García, sobreviviente del genocidio que a principios de mayo de 1977 fue trasladado al centro clandestino de detención que funcionaba en la Brigada de Quilmes, conocido años después como Pozo de Quilmes.
En el marco de la audiencia número 55 del juicio por los delitos de lesa humanidad perpetrados hace más de 45 años en esa Brigada y en las de Banfield y Lanús con asiento en Avellaneda, García brindó un valioso testimonio, pues abrió la posibilidad de que haya nacido otro bebé durante el secuestro de su madre.
Al interrogar a García luego de su declaración, el abogado querellante de Abuelas de Plaza de Mayo, Emanuel Lovelli, agradeció particularmente al sobreviviente «porque su testimonio da cuenta de otro bebé nacido en cautiverio al que hay que buscar».
Por ese motivo, el letrado pidió inmediatamente al tribunal presidido por el juez Ricardo Basílico que «libre un oficio a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) y en particular al equipo de mujeres embarazadas durante el terrorismo de Estado para que informe sobre la identidad de Carlos Eduardo Garat, alias ‘Largo’, y Beatriz Alicia Lenain».
El tribunal, que también integran los jueces Esteban Rodríguez Eggers, Walter Venditi y Fernando Canero, admitió el pedido y ordenó que se «libre oficio con carácter urgente».
García fue secuestrado después del 15 de marzo de 1977. Luego de estar veinte días o un mes en el Vesubio, donde sufrió tortura, golpes y simulacro de fusilamiento, fue trasladado al Pozo de Quilmes.
Fernando García tenía por entonces 29 años. Se había recibido de ingeniero forestal en la UNLP y trabajaba como obrero de zanja en la empresa de electricidad bonaerense SEGBA. Su mujer estaba a punto de recibirse de abogada en la UBA. Ambos militaban en la Juventud Universitaria Peronista (JUP), pero, según su declaración, al momento de su secuestro él estaba alejado de la militancia, aunque «de vez en cuando alguna pareja se quedaba a dormir en el living», contó al tribunal.
Lo secuestraron a la madrugada y se lo llevaron en ropa interior, encapuchado y con las manos atadas, golpeándolo mientras lo bajaban por las escaleras del edificio en Agrelo y Boedo.
García aseguró que esos primeros momentos «fueron de absoluta violencia» y que la «tortura con picana fue de varias horas» en el Vesubio, donde dijo que un día escuchó la voz de Elena Rinaldi, compañera casada con Enrique Poccetti, su gran amigo y compañero. Ambos están desaparecidos.
Tras un breve paso por una comisaría de Monte Chingolo o Lanús, lo llevaron de madrugada al Pozo de Quilmes, donde lo pusieron solo en una celda. A los días «tiraron a una persona que estaba medio inconsciente». «Se ve que estaba muy golpeado o picaneado, porque decía que le ‘molestaban los pajaritos que estaban cantando’». Ese muchacho de unos 27 años, flaquito, morocho y de pelo largo le dijo que lo llamaban el Chino.
Los guardias, contó, hablaban con algunos de los secuestrados más antiguos. Fue así como escuchó «claramente los nombres del Colo y de Largo». Luego, comunicándose con los otros detenidos, supo que la mujer de Largo estaba en el piso de abajo, que estaba embarazada. Cuando lo liberaron del Pozo de Quilmes, Largo y su mujer quedaron allí.
Interrogado por el abogado querellante Pablo Llonto, García aseguró que a él le daba la impresión de que el Colo y Largo tenían una relación de compañerismo y que el primero parecía un militante barrial o sindical.
Respecto de los guardias, el sobreviviente mencionó concretamente a uno que se presentaba como «Tatú» y que todos los días les decía «para ustedes yo soy Dios». García comentó a los abogados que ese guardia podría ser cabo o sargento. «Tenía el comportamiento de un suboficial», aseguró.
También recordó la noche en que lo sacaron de la celda y lo llevaron a una oficia donde «alguien me dijo que era un coronel del Ejército argentino». Aunque en ese momento estaba encapuchado, García aseguró que ese hombre tenía una «forma de expresarse muy distinta a los guardias de todos los días. Si no era coronel, era algo más que la media», y consideró que tendría unos cincuenta años.
Recordó que «se comentaba que quien participaba de los interrogatorios [en el Pozo de Quilmes] era un barra brava de Quilmes conocido como ‘el negro Thomson'».
Antes de irse memorizó varios números de teléfono de compañeros que quedaban allí secuestrados. Con su mujer llamaron a dos números, pero luego les dio miedo. Nunca llamaron al teléfono que les había dado Largo.
La humillación
Como la única pertenencia que tenía Fernando García esa noche era su ropa interior, en el Pozo de Quilmes le dieron ropa. «Me dieron un pantalón que descubrí que era de mujer, porque tenía el cierre al costado, un pulovercito rosa y un par de zapatos que no me entraban y que usé como chancletas», contó.
Desde un auto lo dejaron a metros de la avenida Calchaquí, que conocía bien. Después de intentar en vano tomar un colectivo que lo llevara a CABA, logró que otro le permitiera subir. Estaba sucio y vestido así. «La imagen que debía dar no debía ser muy confiable», contó antes de asegurar que el colectivero le dijo «andá, andá, sentate atrás».
Así pudo llegar hasta la casa de sus padres en Palermo y poco después volver a reunirse con su mujer y sus hijos. A fines de junio se fueron a vivir a Brasil.
Como en otras audiencias, el juez Rodríguez Eggers le preguntó a García cómo piensa que el Estado debería reparar «los agujeros en el alma» que le dejó el terrorismo de Estado.
«Los agujeros en el alma quedaron. Yo sé que definitivamente algo adentro mío se rompió. No pregunte qué es. Algo quedó lastimado ahí. Yo creo que a esta altura de mi vida, si el Estado pudiera hacer justicia me daría por conforme», le respondió García al magistrado antes de volver a pensar en voz alta en su «amigo Poccetti. Era un tipo inteligente, compañero de la facultad, increíblemente tierno. Era el que nos hacía escuchar los discos de los Beatles, nos leía a Cortázar. Que él no esté más me duele», sostuvo.
«Si el Estado consigue hacer justicia, yo me sentiría satisfecho», reiteró.
Primer testimonio de Diego Genoud Santucho
Antes del testimonio de Fernando García, declaró Diego Genoud Santucho, hijo de Manuel Elmina Santucho, quien permanece desaparecida. Genoud, de 46 años, recordó que en el momento del secuestro de su madre, en un departamento en Villa Crespo el 13 de julio de 1976, junto a su tía Cristina Navajas y Alicia D’Ambra, las tres militantes en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), él, de un año y cuatro meses, estaba con ellas y con sus primos Miguel y Camilo. Manuela era hermana de Mario Roberto Santucho, fundador del PRT e histórico dirigente del ERP, su brazo armado.
Manuela estuvo secuestrada en numerosos centros clandestinos, entre estos, el Pozo de Banfield. Su padre, Alberto Genoud, estuvo preso entre 1974 y 1982 y por esa razón él fue criado por sus abuelos paternos en Baradero. Recién a los diez años fue a Santiago del Estero para conocer la historia materna.
Diego Genoud integró durante siete años la asociación H.I.J.O.S. El martes expresó claramente su «desconfianza» hacia el Poder Judicial y defendió una noción de justicia «que está más ligada a la condena social».
Genoud reivindicó la militancia de su madre. «Tanto ella como el resto de los 30.000 desaparecidos fueron víctimas, pero antes fueron militantes, asumieron compromisos, actuaron detrás de una convicción, pusieron el cuerpo en un contexto específico y participaron de una experiencia muy intensa, y yo reivindico esa lucha, esa militancia revolucionaria de mi vieja, de mi viejo», afirmó esta primera vez que declara como testigo en un juicio de lesa humanidad.
El presente juicio por los delitos perpetrados en las Brigadas de la Policía bonaerense de Banfield, Quilmes y Lanús es resultado de tres causas unificadas en la causa 737/2013, con solo diecisiete imputados y apenas dos de ellos en la cárcel, Miguel Osvaldo Etchecolatz y Jorge Di Pasquale. El resto está cómodamente en sus casas, ignorando las audiencias. En octubre pasado falleció en la impunidad el policía retirado Miguel Ángel Ferreyro, imputado que había sido denunciado por Nilda Eloy como el represor que la violó reiteradamente en la Brigada de Lanús.
Este juicio oral y público comenzó el 27 de octubre de 2020 de forma virtual debido a la pandemia. Por esos tres centros clandestinos pasaron 442 víctimas tras el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, aunque algunas estuvieron secuestradas en la Brigada de Quilmes antes. Más de 450 testigos prestarán declaración en este juicio.
Las audiencias pueden seguirse por las plataformas de La Retaguardia TV
o el Facebook de la Comisión Provincial por la Memoria. Más información sobre este juicio puede consultarse en el blog del Programa de Apoyo a Juicios de la UNLP.
La próxima audiencia será el martes 22 de febrero a las 9 hs.
