Las trabajadoras de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad de la Municipalidad de La Plata, junto a las empleadas del Instituto Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, realizaron una jornada de reclamo y visibilización en 7 y 50 para exigirles al intendente Julio Garro y la gobernadora María Eugenia Vidal mayores recursos y mejores condiciones laborales.
Desde el comienzo de la gestión de Garro, denuncian una serie de cambios y el vaciamiento en el área. Hoy, este organismo que asesora a mujeres víctimas de violencia de género, evalúa sus situaciones y apuesta a su fortalecimiento no cuenta con recursos para acompañarlas, y las pocas trabajadoras a cargo tienen salarios a la baja.
este organismo que asesora a mujeres víctimas de violencia de género, evalúa sus situaciones y apuesta a su fortalecimiento no cuenta con recursos para acompañarlas.
En este escenario, nuevamente decidieron salir a las calles y denunciar «la ausencia de políticas públicas reales y concretas, tanto para mejorar nuestra condición como trabajadoras, como así también a las personas que acuden a nuestra atención», explicó a Contexto Erica Piccone, delegada de ATE.
Vale destacar que La Plata, la tercera ciudad más poblada de la provincia, solo cuenta con nueve trabajadoras que hacen su tarea con falta de recursos y en situación de precarización laboral, con contratos a tres meses, salarios por debajo de la línea de pobreza, sueldos diferentes por la misma tarea, falta de bonificación por el riesgo a la salud que implica y falta de pago del riesgo de calle para aquellas intervenciones fuera de las oficinas.
En este contexto, en reiteradas oportunidades decidieron salir a protestar, sin solución alguna. «Para nosotras la precarización es una forma de violencia, como así también la falta de respuestas en este sentido», destacó Piccone.
Las trabajadoras municipales también pusieron el ojo en centro municipal de Protección Integral «Casa Violeta». Inaugurado en 2017, el hogar es una de las políticas más difundidas en materia de género por parte de la gestión local, destinado a brindar albergue, contención y asistencia a mujeres víctimas de violencia de género. Sin embargo, no está en las condiciones necesarias.
«Las condiciones de trabajo son muy precarias a nivel salarial, como así también las condiciones edilicias del lugar y las condiciones básicas de mantenimiento de una casa donde las mujeres viven día a día. Hay veces que no hay alimento y tampoco hay condiciones de seguridad», destacaron desde ATE.
En este marco, y con fuerte difusión mediática por atrás, las trabajadoras exigen que las autoridades se hagan cargo del hogar. «Nos parece importante visibilizar la responsabilidad de los funcionarios y funcionarias a la hora de poner un dispositivo tan importante como es una casa de protección, que debería funcionar en condiciones reales de protección y que no vulneren aún más el riesgo a las mujeres y también a las trabajadores», sostuvo Piccone.
«Para nosotras la precarización es una forma de violencia, como así también la falta de respuestas en este sentido»
«Es la responsabilidad de una gestión estatal que pueda responder a esta situación en términos de género y diversidad, no como propaganda electoral, sino como una política concreta», agregó.
A nivel provincial, las trabajadoras reclaman la estatización de la Línea 144. Esta línea de atención telefónica para asistir a víctimas de violencia de género está tercerizada a través de la empresa Provincia.Net, que mantiene a las trabajadoras precarizadas, con contratos que se renuevan cada tres meses o como monotributistas bajo la categoría de empleadas de comercio.
