Por Claudia Vásquez Haro
Después de reiteradas denuncias de la organización OTRANS Argentina por violencias físicas, psicológicas y amenazas de muerte a compañeras trans y travestis en el barrio Once, la Fiscalía Federal Nº 9 a cargo de Martín Niklison –que en principio decidió no tomar ninguna medida a favor de las denunciantes porque estaba de feria judicial– ordenó la protección a través de botones antipánico. Esto permite controlar, si hay una restricción de acercamiento de algún imputado o agresor, si la medida se cumple o no.
Asimismo, cabe destacar que es la primera vez que les dan a las compañeras travestis y trans migrantes botones antipánico, reconociendo el riesgo que implica estar en la calle. Por otro lado, no se dio en función de una medida cautelar, sino como reconocimiento de la vulnerabilidad más profunda: sobre todo frente autores no identificados, frente a la violencia estructural y a la posible connivencia de la Policía. Ahora la Justicia va a tener que investigar si existe zona liberada e identificar a estos sujetos; las compañeras sí identifican a sus agresores.
Otro dato a resaltar es que llega en plena feria judicial. Si bien esta medida es un primer paso que acompaña la consigna policial dispuesta por la Dr. Andrea Dana del Juzgado Nº 3 –del Poder Judicial de la C.A.B.A.– como respuesta al recurso de amparo presentado por OTRANS Argentina, no es suficiente. Estas son las primeras medidas que el Estado pone en movimiento para reconocer la vulnerabilidad, y una primera prueba frente a los crímenes de odio que están sucediendo. En el amparo nuestra organización pide se adopte de una serie de medidas, que responden a la implementación de un plan integral dando lugar al cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales (DES). Es decir, que contemple subsidios habitacionales, alimentación, entre otros. Esta violencia sistemática que estamos denunciando también ocurre en los barrios porteños de Constitución y los bosques de Palermo.
Amparo e investigación
El recurso de amparo presentado en el Juzgado Nº 3 de Andrea Dana en principio no tiene ninguna relación con la investigación penal seguida por la Fiscalía Federal Nº 9 a cargo de Martín Niklison, son dos reclamos distintos. Uno es la investigación criminal que sólo puede hacer la fiscalía y la Justicia nacional por el tipo de delito que estamos denunciando. El amparo no es en función de ninguna investigación criminal, sino por la omisión del Estado de prestar seguridad, fundamentalmente si no hay policías o cuando las compañeras llaman a la Policía para que intervenga y no lo hace. En este sentido, el reclamo del amparo es mucho más amplio que la investigación criminal puntual.
Un largo camino que recorrer
Cuando fueron a retirar los botones antipánico, no se los querían dar, porque les decían que no podían acreditar identidad. Zuleyka, Kimberly Raiza y Gabriela son ecuatorianas y no han hecho aún el cambio de nombre de pila en el DNI. A pesar de que la Ley de Identidad de Género 26.743, en su artículo 12 sobre trato digno, es clara en cuanto al respeto y reconocimiento del nombre autopercibido, los funcionarios públicos la violan recurrentemente.
La Policía siempre las detiene por averiguación de identidad, y ahora que ellas iban a ser beneficiarias de una medida, las querían mandar a denunciar que habían perdido el documento. Después de volver a dar parte de este incidente a la fiscalía, les hicieron una llamada telefónica y por fin pudieron darles los cuatro botones antipánico.
