El Gobierno nacional oficializó hoy la emergencia pública en materia ferroviaria, a tan sólo unas horas de que el Senado aprobara la Ley Bases que en su articulado incluye también la posibilidad de privatizar los trenes argentinos.
Mediante el Boletín Oficial, el Gobierno nacional dispuso la emergencia por dos años (con posibilidad de prorrogarse dos más) ante «la delicada situación en la que se encuentra inmerso el Sistema de Transporte Ferroviario Nacional».
En este punto enumera, «el mayor porcentaje de descarrilamientos se ha manifestado en el transporte ferroviario de cargas»; «la degradación del mantenimiento de la infraestructura y del material rodante generan reducciones de velocidad de vía, con el consecuente aumento de tiempo de viaje» y «suspensión de los servicios».
Ante esta situación, las empresas deberán presentar «un esquema de priorización de obras, trabajos, capacitaciones y contrataciones, detallando una breve descripción de las mismas, plazo de ejecución, estimaciones presupuestarias, factibilidad de fuente de financiamiento, condiciones de mantenimiento y seguridad, como así también, en caso de ser necesario, las adecuaciones de las condiciones laborales de sus trabajadores».
Asimismo, la Secretaria de Transporte tendrá un plazo de 15 días para elaborar un plan de acción con las medidas «indispensables y urgentes» que «resguarden la seguridad operativa de la prestación del servicio de transporte ferroviario de cargas y pasajeros».
En línea con las intenciones de privatización que quedaron establecidas en la Ley Bases que ahora deberá volver a Diputados, la emergencia busca “maximizar las inversiones y los recursos empleados para la prestación de un servicio ferroviario en condiciones de eficiencia y seguridad”. En ese sentido, una de las intenciones centrales es “atraer inversiones y fomentar la participación de terceros en la operación de los servicios de transporte y en la gestión de la infraestructura”.
En este marco el Gobierno pone el foco en Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse), una de las empresas sujetas a privatización en la Ley, y señala que su «falta de eficiencia en la administración de los recursos que ha provocado que en la actualidad la tarifa técnica del sistema ferroviario sea excesiva en comparación con estándares internacionales, circunstancia totalmente agravada debido a la emergencia económica que atraviesa el país y que pone en riesgo los recursos con los que cuenta el sector»
«La ecuación económica de las empresas del sector se ha visto, en los últimos años, fuertemente afectada por la combinación de factores, que no solo han puesto en serio riesgo la calidad del servicio, sino que avanza peligrosamente sobre las fuentes de trabajo y las condiciones laborales, hasta poner en riesgo la mínima rentabilidad que haga viable el sustento de la actividad misma», indica el documento oficial.
