Por Maximiliano Ceci
Algún desprevenido podría haber dicho “Lluvia con sol…” mientras el 8 de mayo dos alumnos izaban la bandera parados frente al mástil de la Escuela Nº 20 de Poblet. Pero lo que les mojaba la cara no era una garúa, sino el glifosato que un mosquito particular pulverizaba a veinte metros del patio del establecimiento rural.
Esta escena que parece de una ficción es factible por el vacío legal que existe en La Plata. Este hecho, que fue denunciado y repudiado por Pablo Calvo, profesor de dicha escuela, se suma a los reclamos que varias ONG por el cuidado del medio ambiente, junto a asociaciones de productores e ingenieros agrónomos, vienen realizando en la ciudad.
La receta agronómica, el adecuado depósito y transporte de sustancias químicas y los modos de aplicación de los agroquímicos son los principales puntos que retoma el boceto de ordenanza, al que tuvo acceso Contexto, en el que trabajan la Fundación Biosfera, la Asociación de Productores Hortícolas de La Plata (APHLP) y la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Cinturón Hortícola de La Plata (ALACHOP).
La Plata y General Pueyrredón son los que alcanzan mayores valores de peligrosidad en el uso de pesticidas.
Hay que tener en cuenta que el Gran La Plata es el polo hortícola más grande del país, con aproximadamente 2.500 hectáreas de invernaderos. Un informe, presentado por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires el 22 de abril, arrojó el dato de que, de los quince partidos con mayor peligrosidad, La Plata y General Pueyrredón son los que alcanzan mayores valores de peligrosidad en el uso de pesticidas.
“Más allá de que haya una ley provincial, el municipio tiene potestad de dictar normas. Es hora de que se ponga los pantalones y tome las medidas necesarias para controlar el uso de agroquímicos que son un veneno”, dijo a Contexto Alberto Pate, referente de la APHLP.
«Es hora de que el Municipio se ponga los pantalones y tome medidas para controlar el uso de agroquímicos, que son un veneno.”
“Si hay productos que hacen mal, se deben prohibir, pero es necesario que haya multa para quienes no cumplan con las reglas que se dispongan”, agregó. “Esta es una decisión que se debe tomar con los municipios aledaños, porque de nada sirve prohibir acá y que los productores se vayan a cultivar a Magdalena. El ambiente se contaminaría igual y la producción seguiría afectada”, completó, siempre en diálogo con este medio.
La denuncia de Poblet
La solicitud que presentó el docente Pablo Calvo a la Municipalidad de La Plata por la escuela de Poblet debió tener una respuesta en los siguientes dos días hábiles. No obstante, aún espera la palabra de la Comuna.
El 8 de julio se cumplen dos meses de plazo para que la Defensoría del Pueblo tome el caso para acentuar los reclamos que se fundamentan en el artículo 41 de la Constitución Nacional y la Ley Provincial 10.699, que regula el uso de agroquímicos.
En suma, el Decreto Reglamentario 499/91 prohíbe las fumigaciones aéreas a menos de dos kilómetros de los centros urbanos, pero hace absoluto silencio sobre la fumigación terrestre. Este vacío legal puede significar la falta de voz desde el Ejecutivo local, que en estos ocho años de gestión no reglamentó el uso de agroquímicos a través de una ordenanza.
Según explicó Calvo a Contexto, los terrenos aledaños a la Escuela Nº 20 hacía muchos años que no eran explotados para la siembra. A partir del cambio de dueño de las tierras, empezaron a mover el suelo y a fumigar con glifosato para el cultivo.
A partir del cambio de dueño de las tierras, empezaron a mover el suelo y a fumigar con glifosato para el cultivo.
El colegio de Poblet cuenta con más de cuatrocientos alumnos, tras casi cerrar sus puertas con la crisis argentina de 2001. Aquel año se registró un solo alumno al comienzo del ciclo lectivo 2002.
Ante ese desalentador panorama, los pocos habitantes de la zona organizaron un trabajo comunitario para recorrer las quintas en busca de chicos que pudieran poblar las aulas. Con esa gesta, la institución, para 2008, ya contaba con setenta alumnos, principalmente hijos de trabajadores rurales de origen paraguayo y boliviano.
