La contundente marcha universitaria sacudió el clima político. Un día después de esa impactante multitud en las calles, seguida por el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, la oposición pidió una sesión especial en la Cámara de Diputados para insistir con la normativa que establece actualizaciones para salarios y presupuesto de las casas de estudio de todo el país.
Desde el bloque de Unión por la Patria señalaron que la solicitud fue para el miércoles 9 de octubre a las 11 hs. También adelantaron que el objetivo es «trabajar junto a otros bloques políticos para rechazar el veto del Presidente». A su vez hubo otras dos solicitudes de la oposición para tratar el tema en el recinto el miércoles próximo a la misma hora: una del radicalismo y otra de Encuentro Federal junto a la Coalición Cívica, Movimiento Popular Neuquino y Por Santa Cruz.
«Estuvimos el 23/4 en las calles pidiendo por el financiamiento universitario. Estuvimos en mayo para emplazar comisiones y sacar dictamen. Estuvimos en agosto con la 1/2 sanción. Estuvimos este miércoles. Y estaremos la semana que viene en el recinto para rechazar el veto», tuiteó el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
Las solicitudes que llegaron al presidente de la Cámara, Martín Menem, fueron tras la marcha al Congreso en la que miles de personas se manifestaron en favor de mayor financiamiento para la Universidad pública. Las marchas se replicaron en distintos puntos del país. Una vez terminadas, Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario y recalentó la tensión con rectores, gremios y el resto de la comunidad universitaria.
La sumatoria de todas esas fuerzas políticas le complican el panorama al oficialismo para conseguir un tercio de los votos y, así, sostener la decisión de Milei. Durante la sesión en la que se trató el veto a la ley de movilidad jubilatoria el Gobierno sí logró el acompañamiento de 87 diputados, a los que denominó «héroes». En este caso afronta una parada más difícil por la amplitud política que adquirió la defensa de las universidades, sumado a que diputados del PRO y el radicalismo que habían ratificado el veto podrían no hacerlo en esta ocasión.
Por caso, dentro de los apoyos que buscará La Libertad Avanza están los cinco diputados de la UCR que acompañaron a blindar el veto de la movilidad jubilatoria y recibieron fuertes críticas, incluso desde su propio bloque. Ahora están más presionados, ya que la Universidad pública es una bandera histórica del partido centenario y, además, muchos diputados son profesores en ella.
La lupa también estará puesta en los ocho integrantes de Innovación Federal, que responden a los mandatarios de Salta, Misiones y Río Negro. En el caso de las jubilaciones, pasaron del voto a favor a la abstención. Al momento de votar por la Ley de Financiamiento Universitario, lo hicieron positivamente.
El principal aliado de La Libertad Avanza, el PRO, será decisivo para la suerte del veto. En lo que va del año ha apoyado al oficialismo, pero no han habido declaraciones al respecto desde el bloque que conduce Cristian Ritondo, por lo tanto reina la incertidumbre sobre si seguir pagando costos políticos junto con el Gobierno.
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada el 15 de agosto en la Cámara de Diputados por los bloques de Unión por la Patria, UCR, Encuentro Federal, Innovación Federal, Coalición Cívica, Por Santa Cruz y Movimiento Popular Neuquino. Establece la actualización de gastos de funcionamiento, salarios y becas de las universidades nacionales de todo el país, con el objetivo de dar previsibilidad al sistema y resolver los problemas económicos que atraviesa el sistema universitario y científico.
La situación salarial de las universidades es crítica. Un informe elaborado por un equipo de las universidades nacionales de Río Negro y de San Martín muestra que los salarios de más del 85 % de las y los docentes están por debajo de la línea de pobreza. A la vez, más del 60 % de las y los nodocentes se encuentran en esa situación.
