Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que benefició a la ciudad de Buenos Aires en el conflicto que se originó a partir de la suspensión de las clases presenciales, el Poder Ejecutivo Nacional emitió un duro comunicado en el que cuestionó la posición del máximo tribunal y se sumó a las críticas que más temprano habían hecho, entre otros, el presidente Alberto Fernández, y su vice, Cristina Fernández de Kirchner.
«El gobierno Nacional fue elegido en elecciones democráticas, en el marco del Estado de Derecho, para adoptar las medidas que considera pertinentes para proteger la salud pública y la vida de las personas», sostiene el texto difundido este martes desde la Secretaría de Comunicación de la Nación.
El fallo de la Corte Suprema sostiene que el gobierno nacional violó la autonomía de la ciudad de Buenos Aires con el Decreto de Necesidad y Urgencia que Fernández firmó semanas atrás para reducir la circulación y prevenir así la saturación del sistema de salud en el marco de la segunda ola de covid-19. Además, que la medida que suspendía la presencialidad en las aulas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se basó en conjeturas infundadas.
«Con inusitado rigor formal, como si no estuviese en riesgo la salud pública y los derechos subjetivos que de ella derivan, como la vida, la Corte Suprema ha sostenido que, al suspender por quince días las clases presenciales en el conglomerado urbano del AMBA, el Gobierno Nacional se habría basado en ‘consideraciones meramente conjeturales’ con insuficiente fundamentación», dice uno de los párrafos más duros de la respuesta oficial del Poder Ejecutivo.
«La utilidad de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional a través del DNU 241/2021 se verificó con la disminución de la curva de contagios en el AMBA, y en forma más marcada esta disminución se verifica en la provincia de Buenos Aires», destacaron desde el gobierno, y manifestaron: «En cambio, resulta contrafáctico y no puede verificarse qué hubiera sucedido si el Gobierno Nacional no hubiera adoptado medidas a tiempo, ante la pasividad del GCBA».
En el comunicado, la Administración de Fernández criticó la falta de acatamiento por parte de CABA, aunque sostiene que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta «ha constatado y comprendido, al menos en parte, la utilidad de las medidas dispuestas, en atención a las últimas disposiciones que implementó y que implican una reducción de la presencialidad en la actividad educativa».
Por otro lado, el Ejecutivo reprocha que la sentencia de la Corte solo «realiza consideraciones indicativas», ya que el cuestionado DNU ya no se encuentra vigente, y que el propio tribunal «admite, como ya lo había hecho en la Acordada 6/2020, que el Poder Judicial no cuenta con los instrumentos necesarios para evaluar la idoneidad de los indicadores sanitarios y epidemiológicos y, por lo tanto, las medidas aptas para contener los contagios».
«Nuestro propósito es que podamos volver, cuanto antes, a vivir con la mayor normalidad posible, desarrollando plenamente las actividades que hoy se encuentran temporalmente restringidas por la pandemia. Es lo que más anhelamos y por lo cual trabajamos cada día», concluye el documento.
Los sindicatos docentes con más representación en la ciudad de Buenos Aires, como UTE-Ctera y Ademys, repudiaron el fallo y continúan con las medidas de fuerza.
