Por Roberto Álvarez Mur
Luego de denunciar durante meses reiterados casos de crímenes de odio y agresiones hacia el colectivo trans en la zona porteña de Once, un grupo de hombres golpeó a una mujer trans ecuatoriana de veintiún años, perteneciente a la sede de Capital Federal de la asociación Otrans.
“Este grupo de hombres transfóbicos, xenófobos y profundamente violentos se presentan todas las noches en las calles de Once a golpear a nuestras compañeras si no les pagan la parada”, expresó la organización a través de un comunicado donde manifiestan el peligro al que se ven arrojadas decenas de mujeres trans y travestis que se encuentran en situación de prostitución en las calles porteñas.
“Hay odio hacia las compañeras. Además de cobrarles la parada en el lugar las cagan a palos. Es una matriz que tiene que ver con la transfobia y deriva en los travesticidios que venimos denunciando”, dijo a Contexto la referente de Otrans Argentina, Claudia Vásquez Haro, quien agregó: “Eso se alienta desde diferentes lugares, como puede ser el poder político. El Gobierno macrista habilita las condiciones de posibilidad para que la sociedad civil se sienta, de alguna manera, autorizada para este tipo de prácticas”.
Desde la organización por los derechos del colectivo trans-travesti denuncian que persiste una connivencia entre la Policía y el Poder Judicial, quienes miran para otro lado respecto de la situación de vulnerabilidad a la que se somete a la comunidad trans. Según las demandas, los propios agresores rompen las luces de los faroles de la zona para que las travestis estén a oscuras y sea más fácil salir impunes.
“La Policía es la que libera la zona y después no nos toma la denuncia. Y la fiscalía N° 9, que es donde llevamos nuestros reclamos en varias ocasiones, nos dice que no pueden hacer nada porque la prostitución es un ‘delito’”, dijo Vásquez Haro, y agregó: “La prostitución no es un delito. Argentina es abolicionista. La prostitución no es un delito sino una contravención. Lo que sí es un delito es el proxenetismo”.
La última denuncia que Otrans presentó en este aspecto fue el día 30 de diciembre en la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 9 a cargo de Martín Niklison. Allí exigieron reforzar la seguridad con cámaras en la zona y guardia policial, pero el pedido fue negado.
Cabe recordar que el Comité CEDAW de las Naciones Unidas instó al Estado argentino a generar políticas públicas que refuercen los derechos del colectivo trans y ofrezcan salidas a las vulneraciones sociales y civiles que padecen en la actualidad.
En este aspecto, Otrans se manifestó ayer para exigir que se comunique de manera pública qué parte del presupuesto del Consejo Nacional de las Mujeres se destinará a políticas de derechos para el colectivo trans travesti. Gracias al pedido del bloque del Frente para la Victoria, este año se duplicó el presupuesto para el Consejo, que será de 47 millones de pesos.
“Creemos necesaria la creación de un equipo interdisciplinario específico para abordar las problemáticas de las personas trans y travestis integrado por abogados, trabajadores sociales, psicólogos y personas de la sociedad civil capacitada para dar acompañamiento y apoyo desde el momento que se realiza una detención arbitraria –mecanismo ya denunciado en el Comité CEDAW y punto sobre el que hizo recomendaciones–, hasta la resolución de la causa”, expresó el organismo en una presentación.
