Por Gustavo Cirelli (*)
La deriva en caída libre del expresidente Alberto Fernández aún dista bastante de toparse con un límite: todo puede suceder tras la denuncia por violencia de género que realizó la ex primera dama, y madre de su hijo, Fabiola Yañez, luego de días de un sistemático escándalo que ganó la agenda pública con lógica por tratarse de quienes se trata y por el carancheo de (gran parte de) quienes lo tratan. Una historia que hundió aún más la sepultada trayectoria política de un exmandatario al que la Historia le reservará un lugar, precisamente, no por sus virtudes.
La deflagración sobre la reseca estepa de la política criolla que causó la filtración de las fotos de Yañez aún seguirá haciendo estragos. Los repudios han sido menos estridentes que el silencio de algunas figuras tan propensas al off the record palaciego como a la procrastinación exasperante.
Alberto ya fue. Una sombra ya pronto será. A la tierra estéril que dejó a su paso habrá que ararla largo tiempo para cultivar en ella materia orgánica, política viva, y que esa resequedad moral que amenaza con expandirse no perdure. Porque lo que sucedió en muy grave: la acción de un hombre embebido de impunidad es la acción de un hombre impune, y si bien no se puede analizar la política desde los manuales de psicología, las conductas individuales también determinan la cosa pública.
Alberto ya fue, pero lo que no fue es todo lo ganado en materia de derechos adquiridos en los últimos años no solo en materia y perspectiva de género. La consternación es grande como el desasosiego de estas horas que provoca las marcas de la violencia en el cuerpo de una mujer. Una foto ominosa.
Aunque cueste por estas horas, hay que mirar más allá de donde se origina el barullo del escándalo albertista para entender que en la Argentina actual hay mucho más en juego que el destino olvidable del expresidente.
La foto del arma a centímetros del rostro de Cristina Fernández de Kirchner que retrató el fallido intento de magnicidio contra la expresidenta condensa tantos interrogantes que, a menos de dos años de aquella noche oscura, aún sigue esperando respuestas sensatas de un Poder Judicial insensato. ¿Quién mandó a matar a Cristina? ¿Por qué? ¿Cómo se fue confeccionando el escenario público de odio contra ella para que un nadie inmerso en una red de nadies con financiamiento de otros, empuñase una pistola Bersa calibre 32 para liquidar a la entonces vicepresidenta? ¿Qué se quebró a minutos de las 21, en pleno barrio de Recoleta, aquel 1 de septiembre de 2022 en las coordenadas civilizatorias de la convivencia democrática sellada en 1984? ¿Cómo reingresó en el país la expresión más sórdida de la violencia política luego de décadas? No fue magia. Ni fue espontáneo. Como no lo fue el hostigamiento público que se impuso durante largas semanas previas desde un grupúsculo llamado Revolución Federal, liderado por el joven lumpen-carpintero Jonathan Morel y por Leandro Sosa, que alcanzó notoriedad con sus horcas en Plaza de Mayo o las bolsas mortuorias frente a la Casa Rosada con nombres de dirigentes políticos y de referentes de derechos humanos.
Más preguntas: ¿por qué desde la Justicia aún no se avanzó en la inverosímil compra varias veces millonaria de la empresa de la familia del actual ministro de Economía, Caputo Hermanos al carpintero Morel?, ¿qué hacía Leandro Sosa en febrero de este año en el Congreso invitado por la diputada libertaria Lilia Lemoine?
¿Cómo se explica que el propio Morel, el 18 de agosto del 2022, dijese en un Twitter Space: «hay que matarla, yo lo haría, yo sé cómo hay que hacerlo […] iría a infiltrarme ahí entre los pibitos de La Cámpora, hacer los deditos en V, cantar un rato la marchita y cuando me pase por al lado, saco un arma y le pego un tiro en la cabeza»? El mismo guion que siguió el nadie Fernando Sabag Montiel al gatillar la Bersa contra Cristina, ante la mirada atenta y cómplice de su pareja Brenda Uliarte, ubicada a pocos metros de la esquina de Uruguay y Juncal. Sabag Montiel, Uliarte y Gabriel Carrizo son los detenidos en la causa por el intento de magnicidio. Carrizo le dijo a Uliarte el 23 de agosto de 2022: «Ya se acabó la joda […] hace falta que vaya con un fierro y le pegue un corchazo a Cristina». El guion se aplicó a la perfección. Lo único que falló fue el «corchazo».
¿Qué pasó con el teléfono de Sabag Montiel que, a 24 horas del atentado, se rompió cuando ya estaba bajo custodia policial y de la jueza María Eugenia Capuchetti?
¿Y el rol del diputado nacional PRO/bullrichista Gerardo Milman en esta trama? El testigo Jorge Abello, asesor del diputado Marcos Cleri, dijo que lo escuchó en un bar, a metros del Congreso, 48 horas ante del ataque, decirles a dos mujeres que luego se confirmaría que eran sus asesoras: «Mañana cuando la maten yo voy a estar camino a la costa». Y así fue. Al otro día estaba rumbo a la costa. Pasaron más de cuatro meses desde que se hiciera pública esta situación para que la jueza Capuchetti le solicitará a Milman su teléfono. El diputado lo entregó, pero era una versión que salió a la venta después del 1 de septiembre de 2022. El otro celular estaba borrado. Y hubo más: las asesoras de Milman declararon que en noviembre de aquel año las mandaron a la fundación de Patricia Bullrich en el centro porteño, sobre Avenida de Mayo, para formatear sus celulares. Una labor que requirió 4 horas. Jorge Adolfo Teodoro, el perito que realizó el trabajo en los teléfonos, fue designado por la actual gestión libertaria de la Dirección Nacional de Tecnología de la Información y Comunicaciones del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Bullrich.
En el banquillo de los acusados por el intento de magnicidio contra las dos veces presidenta de la nación están los tres nadies, uno de ellos el autor material, los otros, dos de sus cómplices. La Justicia no avanzó sobre presuntos autores intelectuales ni quienes financiaron esa operación criminal que tuvo su clímax el 1 de septiembre de 2022 pero que fue pergeñándose, incluida su narrativa apologética, desde mucho antes.
El daño de aquella noche contra Cristina no tuvo la magnitud del magnicidio por ellos deseado, pero causó efectos profundos no solo en la expresidenta, su familia y en quienes la ven como su referente indubitable, sino que también esparció su secuela por la capilaridad del conjunto de la sociedad al que aquella imagen atravesó; en millones, fue desde el dolor y la impotencia. En otros tantos, en la reafirmación de un sesgo de odio macerado por años que fue barriendo los límites de lo tolerable mucho más allá, incluso del terreno pantanoso y fétido de universo digital y sus redes sociales en donde todo parece permitido. Aquella noche el cristal terminó de astillarse y en esa multiplicación de fragmentos irregulares el reflejo del sentido común concluyó por deformase. Se hizo polvo. De aquellos polvos, estos lodos…
La foto del arma a centímetros del rostro de Cristina Fernández de Kirchner es el horror mismo. Y tuvo sus cómplices. Y en ese caldo espeso se fue cocinando el presente, sin obviar, por supuesto –entre tantos otros múltiples factores– los efectos que muchos no quisieron ver sobre el desgobierno de un presidente trasnochado que hoy avergüenza e indigna a propios y extraños, que acentuó los índices de desigualdad y rompió el contrato de representación con más de 12 millones de votantes que optaron por él para revertir la revancha neoliberal del macrismo. El gobierno del Frente de Todos fue un fracaso. Es obvio. Ahí está Javier Milei en la Casa Rosada para recordarlo cada día. Ahora deberán ver que quedó bajo los escombros de la derrota profunda para comenzar una reconstrucción integral y generosa de un espacio político que supo, entre otras cuestiones destacables, resignificar los años de impunidad en la Argentina que dejó la halitosis insoportable del terrorismo de Estado intoxicando la democracia.
Y eso también está en juego por estos días más allá de que Alberto Fernández logró distraernos una vez más de lo importante. Son varios los temas que deberían estar discutiéndose en la agenda pública del presente: el tembladeral que es la economía del primer presidente libertario de la historia de la humanidad, el incremento de un 10 por ciento de pobres en tres meses (4,7 millones de personas), el hambre, la leche que se sigue pudriendo en los galpones del Ministerio de Capital Humano, el desguace del Estado y su letalidad que parece invisible, la crueldad angustiante que se ve en las calles… y la operación montada por un sector del Gobierno nacional y sus legisladores para consagrar (una vez más) la impunidad de los genocidas presos por delitos de lesa humanidad, que torturaron, violaron, secuestrados bebes, robaron y desaparecieron a miles y miles para instaurar un modelo económico concentrando, de exclusión y entrega, en cuya matriz la Argentina está inmersa desde hace más de 45 años –sin que se haya podido transformar su estructura–, y ahora, además, empeorando y con pronóstico reservado.
Hoy se debería profundizar en el repudio generalizado por lo que significa y el daño que conlleva lo representa una tercera foto: la de los diputados y diputados de La Libertad Avanza visitando a los represores en el penal de Ezeiza un mes atrás para posar junto a Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Mario Marcote, Miguel Britos, Honorio Martínez Ruiz, Adolfo Donda, Marcelo Cinto Courtaux, Julio César Argüello, Manuel Cordero, Gerardo Arráez, Antonio Pernías y Carlos Guillermo Suárez Mason (h). Otra imagen gravísima de este presente empecinado en restaurar lo indecible. Una foto violenta y apologética. Otra foto del horror.
Que la catástrofe política que provocó y lo inaceptable de los actos individuales de Alberto Fernández –por lo que deberá rendir cuentas– no desplace el foco de lo importante: evitar que en este país se consagre la impunidad.
El lugar de los genocidas es la cárcel. Como debe ser la cárcel el destino de todos los que participaron en el intento de asesinar a Cristina.
Cada cosa en su lugar.
(*) Nota publicada en www.contraeditorial.com
