Por Roberto Álvarez Mur
En pleno marco de manifestaciones contra la violencia machista, el macrismo volvió a poner de manifiesto su capacidad de “sensibilizarse” con la coyuntura nacional: impulsó un proyecto en el Congreso que eliminaría el área especializada en femicidios del organigrama del Ministerio Público Fiscal.
“Mientras peleamos para que no haya más mujeres asesinadas por ser mujeres, ayer el Congreso dio dictamen favorable al proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal que NO incluye la creación ni el reconocimiento legislativo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), que funciona desde hace más de un año en el ámbito del MPF”, publicó a través de redes sociales la periodista Ingrid Beck.
“La UFEM es la única Unidad Especializada en todo el país que investiga muertes violentas de mujeres por razones de género. Es enorme el retroceso en términos judiciales y para la lucha contra la violencia machista”, señaló Beck.
Cristina Kirchner: «Y otra cosa que es increíble, en el día del paro de las mujeres, resulta que el proyecto con el que pretenden reformar el Ministerio Público elimina la unidad especializada en femicidios (UFEM). De no creer».
El proyecto provocó el rechazo del arco opositor, que observa en esta maniobra la insistencia por debilitar la gestión de la procuradora Alejandra Gils Carbó frente al Ministerio Público Fiscal. Apenas asumió, el presidente Mauricio Macri comenzó una campaña persecutoria para removerla de su cargo.
Las comisiones de Justicia, de Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación emitieron anteayer dictamen al proyecto para modificar la ley que rige el Ministerio Público Fiscal, el cual entre otros cambios pone límite al mandato del procurador general de la Nación.
“Hemos tenido una posición muy crítica respecto de la posibilidad de que se disuelva la UFEM porque, al igual que el área específica de la Defensoría General de la Nación, son espacios necesarios e indispensables para definir lineamientos de políticas de investigación con perspectiva de género, en el caso del Ministerio Público Fiscal”, dijo a Contexto Laurana Malacalza, coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo bonaerense.
Y añadió: “El rol de la UFEM ha sido clave para acompañar procedimientos de investigación en casos de femicidios y de violencia contra las mujeres, como en toda modalidad de violencia de género. Además de acompañar los casos particulares, las instancias que han generado la elaboración de protocolos, de directrices y resoluciones son indispensables para que los fiscales tengan lineamientos claros para las investigaciones”.
En sintonía con el Paro Nacional de Mujeres, la difusión del proyecto impulsado por el macrismo tomó mayor gravedad. “Esto nos deja con un vaciamiento institucional muy grande. Y que se dé en estas fechas y contexto parece incluso una actitud sumamente provocadora, porque precisamente lo que estamos pidiendo son áreas especializadas en el ámbito judicial que articulen con el ejecutivo, y este borramiento que se pretende hacer en términos institucionales tiene un valor simbólico y un valor político”, aseveró Malacalza.
“Ni siquiera les importa la lucha de género. El propio diputado Pablo Tonelli salió diciendo que no se había dado cuenta, que no sabía o que ya lo iban a reparar. Pero Tonelli no puede ser tan ignorante al respecto, forma parte del Consejo de la Magistratura y es, se supone, un especialista en estas cuestiones”, dijo a Contexto la presidenta de la Cámara de Casación Penal y titular de la agrupación Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori.
«Pablo Tonelli salió diciendo que no se había dado cuenta. Pero no puede ser tan ignorante al respecto, forma parte del Consejo de la Magistratura y es, se supone, un especialista en estas cuestiones”, dijo Garrigós de Rebori.
“Que los diputados no hayan advertido siquiera que no podían eliminar semejante repartición es llamativo y habla de la clase de políticos que tenemos. Paralelamente, han eliminado la posibilidad de que los fiscales, por ejemplo, que están a cargo de la prostitución y la trata o a cargo de perseguir los delitos cometidos robando la identidad de nietos apropiados puedan continuar en sus funciones. Han diseñado las cosas para evitar a estos funcionarios y que tengan que dejar sus cargos”, sostuvo Garrigós de Rébori.
“Hay una clara intención política de modificar la Procuración General y está claro que es una decisión política para afectar la figura de Alejandra Gils Carbó y todo lo que ha generado dentro del Ministerio Público Fiscal. Esto se lee como una embestida política contra las acciones desarrolladas por Gils Carbó de especializar distintas áreas dentro del organismo”, añadió.
Garrigós de Rébori: «Está claro que es una decisión política para afectar la figura de Alejandra Gils Carbó».
Según remarcó Laurana Malacalza, a través del Observatorio se impulsó la creación de áreas especializadas del Ministerio Público Fiscal y esta nueva medida resulta inconcebible. “Es un retroceso en una definición de lineamientos de intervención judicial. Justamente, un día como hoy, parece una afrenta en un contexto donde las mujeres estamos marchando en contra de la violencia para poner en evidencia que no es una cuestión meramente coyuntural y de casos aislados, sino que es general”.
