Por Fernando M. López
Este 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, pero en la Argentina no hay ninguna razón para celebrar luego del retroceso de los derechos establecidos por la Ley 26.657 y el desmantelamiento de programas estatales claves, en función del modelo manicomial que impone el Gobierno de Mauricio Macri para favorecer a las corporaciones médicas y farmacéuticas.
El ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus, derogó en julio pasado una resolución del decreto reglamentario de la Ley de Salud Mental, que obligaba a todos los establecimientos públicos y privados a adecuarse a la norma antes del 10 de septiembre. Entre otras cosas, fijaba un límite máximo de camas y tratamientos comunitarios. También ratificaba la prohibición de crear nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes.
Mientras tanto, el director nacional de Salud Mental y Adicciones, Andrew Blake, despedía a más de 400 trabajadores del área, entre enfermeras, agentes territoriales, psicólogos y psiquiatras, que cumplían tareas en las postas sanitarias de distintos puntos del país.
Pero estos fueron tan sólo los primeros pasos de Lemus y Blake, dos funcionarios que llegaron a la administración pública nacional tras haber hecho estragos cuando ocuparon cargos similares en el Gobierno porteño, durante la gestión Macri.
Celeste Romero, coordinadora de formación del Instituto de Estudios sobre Estado y Participación (IDEP) de ATE Provincia de Buenos Aires, denunció en diálogo con Contexto que ahora “están tratando de dar de baja al Artículo 4 de la Ley 26.657, que establece que las adicciones deben ser consideradas una problemática de salud mental”.
“De hecho, en la Cámara de Diputados de la Nación ya se armó una comisión que se llama ‘Narcotráfico y Drogadicciones’, en donde la Comisión de Salud no puede intervenir. El macrismo busca volver a criminalizar a las personas con problemas de adicciones para no tocar las cuestiones de fondo”, agregó.
Romero también advirtió que a fin de año se vencen los contratos de unos 350 trabajadores de la Dirección Nacional de Salud Mental. “Se espera otra ola de despidos”, sostuvo y aseguró que, con esto, Blake apunta a terminar de desmantelar programas como Médicos Comunitarios y Atención de Salud Mental Comunitaria.
La coordinadora del IDEP habló con este medio al participar de una concentración organizada en el Obelisco por el Movimiento Nacional en Defensa de la Ley de Salud Mental, que nuclea a un centenar de organizaciones del campo popular, universidades, asociaciones de usuarios y familiares, entre otros. La actividad, que se replicó este viernes en distintas plazas del país, tuvo como objetivo reclamar la plena implementación de la norma.
“Esta ley no debe ser ninguneada ni cajoneada. Estamos acá para defenderla de las posiciones retrógradas, de un gobierno que hace que la gente que padece problemas de salud mental padezca mucho más”
“Esta ley no debe ser ninguneada ni cajoneada. Estamos acá para defenderla de las posiciones retrógradas, de un gobierno que hace que la gente que padece problemas de salud mental padezca mucho más”, dijo a Contexto María Angelina Lamanna Álvarez, integrante del Movimiento y trabajadora del Centro Comunitario “Libremente” del Hospital Esteves de Temperley.
Angi –como la llaman sus compañeros- estuvo internada dos años en un manicomio y hace dieciséis que es usuaria del Programa de Rehabilitación y Externación Asistida (PREA) bonaerense.
“Me internaron a pedido de mis vecinos, que luego se encargaron de robar todo lo que yo tenía en mi casa. Para los que no han pasado por un manicomio, les puedo asegurar que en esos lugares la vida es sumamente triste y abandónica. Si no hubiera tenido el apoyo del PREA, de sus psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y abogados, no hubiera salido adelante”, comentó.
Con toda esa experiencia a cuestas, Angi remarca que “nadie está libre de caer en una situación de depresión, esquizofrenia o brote psicótico. Por eso, más allá de las diferencias de pensamiento que podamos tener los argentinos, debemos entender que nos están quitando la implementación de una norma que garantiza el pleno goce de los derechos humanos a toda persona con un problema de salud mental. La están borrando de un plumazo”.
“La ley es muy rica no sólo para el paciente, sino para su grupo familiar y su comunidad. Mantener esos vínculos es fundamental en un tratamiento”, explicó también a este diario Rosa Catalina Chévez Abarca, presidenta de la organización Juntos por el Futuro de Niños y Adolescentes con Discapacidad Mental.
Chévez Abarca ejemplificó con el caso de su propio hijo, Julio, quien a sus 27 años tiene “un tratamiento base comunitario, con un equipo interdisciplinario” que le permite estar en su casa, realizar actividades deportivas o “ir al supermercado a hacer las compras”.
El joven se encuentra en su domicilio del barrio porteño de Parque Patricios desde que sus padres descubrieron que, en plena internación, “era torturado, castigado y maltratado”.
“Desde que lo diagnosticaron fue medicado, sufriendo tres intoxicaciones farmacológicas y electroshock. Todavía no estaba la Ley 26.657, sí la 448 (de Salud Mental) de la Ciudad de Buenos Aires. Tuve que recurrir a tratados internacionales con jerarquía constitucional para que la obra social reconociera la internación domiciliaria”, recordó la mujer.
Las crueles terapias de electroshock aún son utilizadas en establecimientos públicos y privados de la Argentina. “Los ministerios de Salud de Jujuy, Salta y Mendoza están autorizando nuevamente su uso”, indicó Romero y subrayó que, “al dejar sin efecto la resolución que establece las medidas mínimas de derechos para las personas con padecimiento mental, lo que hace el Estado nacional es desentenderse de cualquier tipo de control”.
Lamanna Álvarez, por su parte, consideró que “se debe terminar con los manicomios, como dice la ley, y dejar sectores de psiquiatría sólo para casos de crisis. Nunca se debe apuntar a la cronificación de los pacientes, que terminan con chalecos químicos, sobremedicados y sin familia ni amigos”.
“Hoy el presupuesto sigue recayendo en los hospitales manicomiales. Allí se va el 90 por ciento de las partidas destinadas a Salud Mental, con un promedio de 20 mil pesos mensuales por cama. Con ese dinero se podrían pensar estrategias comunitarias que le sirvan mucho más al usuario”, añadió Romero.
En este sentido, planteó la necesidad de “crear equipos capacitados en crisis y seguimiento para evitar la puerta giratoria en los psiquiátricos. Si no se continúan los tratamientos cuando un paciente es dado de alta, esa persona después de unos meses recae e ingresa otra vez al hospital. Así puede ir girando su vida hasta que se termina cronificando, quedando adentro. También se debe avanzar con las Casas de Medio Camino, atención domiciliaria y equipos móviles, entre otras cosas que hasta ahora han sido experiencias muy aisladas”.
Desde el IDEP sostienen que la real aplicación de la Ley 26.657 no sólo permitiría “reestructurar el sistema de atención de Salud Mental hacia un modelo digno y respetuoso”, sino que ofrecería “la oportunidad de aumentar la presencia del Estado” a través de diversos dispositivos territoriales. Macri, Lemus y Blake decidieron tomar el camino contario, el inhumano.
