Las tensiones entre Bolivia y Chile fueron escalando en el marco del diferendo marítimo que se discute en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. El retiro de una bandera boliviana del consulado de ese país en la ciudad trasandina de Antofagasta ya había generado fuertes roces bilaterales la semana pasada, pero en los últimos días la frontera se recalentó con una incursión de carabineros a territorio vecino, de donde se llevaron detenidos a dos militares y siete funcionarios de la Aduana.
El presidente Evo Morales, su vice Álvaro García Linera y distintos funcionarios bolivianos calificaron el episodio ocurrido el domingo como un nuevo ataque a la soberanía nacional y exigieron la liberación inmediata de sus compatriotas.
“Chile, con su vocación de agresión contra Bolivia, demuestra nerviosismo ante la contundencia de nuestra réplica en La Haya”, aseguró Morales a través de su cuenta de Twitter al enterarse del incidente.
Más tarde, García Linera detalló en conferencia de prensa que los militares y los funcionarios aduaneros habían detectado tres camiones procedentes de Chile con mercadería de contrabando, logrando detener a uno de ellos. Fue en ese momento cuando los carabineros, junto a un grupo de pobladores trasandinos, avanzaron “unos 350 o 400 metros” sobre territorio boliviano, redujeron al personal fronterizo y luego los trasladaron a la localidad de Colchane.
“Ha sido invasión y un secuestro de ciudadanos”, remarcó el ministro de Defensa de Bolivia, Reymi Ferreira, y aclaró que los militares no reaccionaron porque “en nuestra nueva doctrina disparar contra civiles requiere la decisión del último mando, y estaban incomunicados”.
La presidenta Michelle Bachelet salió ayer a justificar la acción de los carabineros con una versión distinta de los hechos. Según la mandataria, sus efectivos capturaron a los nueve bolivianos en el territorio chileno conocido como Panavinto, cuando “querían robarse nueve camiones con productos”. Poco después, un juzgado de la localidad de Pozo Almonte, en Tarapacá, validó la acusación y amplió las detenciones al menos hasta este miércoles.
Tras escuchar las declaraciones de Bachelet, el ministro de la Presidencia de Bolivia, René Martínez, respondió con una “airada protesta de indignación”, mientras que Ferreira confirmó que las coordenadas registradas por GPS demuestran que “los efectivos militares y los funcionarios de la Aduana han sido secuestrados en territorio boliviano”.
Al brindar las pruebas, el titular de la cartera de Defensa consideró “una infamia grosera” contra Bolivia que “una jefa de Estado calumnie de esa forma a gente que estaba cumpliendo su deber”.
En La Paz recordaron que el nuevo episodio se suma a una larga lista de agresiones sufridas desde el mismo momento en que Chile codició las riquezas del Litoral boliviano y lo terminó usurpando durante la Guerra del Pacífico (1879-1884). Días atrás, luego del incidente con la bandera en el consulado de Antofagasta, el especialista en seguridad y defensa, Luis Fernando Alcázar, precisaba que los Gobiernos trasandinos “se han burlado diplomáticamente” de Bolivia en 72 oportunidades, emplearon el poder militar en 29 ocasiones y realizaron una docena de amenazas directas a la seguridad del Estado.
Bolivia llevó a Chile ante la Corte de La Haya en 2013 para negociar pacíficamente una salida soberana al mar de unos veinte kilómetros sobre el Pacífico, pero hasta ahora Bachelet se ha mantenido intransigente con el argumento de que las fronteras quedaron delimitadas en el tratado bilateral de 1904.
Una delegación boliviana encabezada por el ex presidente interino Eduardo Rodríguez Veltzé, el canciller Fernando Huanacuni, el ministro de Justicia Héctor Arce, y la titular de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, presentó esta mañana en la CIJ la réplica a la contrademanda chilena por los cuatrocientos kilómetros de costa en disputa y el resto de los territorios apropiados, que suman 120.000 km2. La entrega del documento fue seguida por Evo Morales con una vigilia desde la Plaza Murillo de La Paz.
