Por Alejandro Palladino
Mientras el intendente de La Plata Julio Garro abría ayer las sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante, tres colectivos distintos se manifestaron en el ingreso al Palacio Municipal sobre calle 12 hasta alcanzar la Plaza Moreno para hacer escuchar sus protestas. Los reclamos tenían independencia entre sí pero confluyeron durante el mediodía. Uno de ellos fue por el pedido de justicia de familiares, amigos y compañeros de la joven Emilia Uscamayta Curi, estudiante de la Facultad de Periodismo de La Plata y militante por los derechos de los Pueblos Indígenas, que murió en la fiesta clandestina La Frontera del 1° de enero y sus responsables aún están libres.
Los otros dos grupos que formaban parte de la concentración eran la Comisión de Trabajadores Despedidos, conformada como respuesta a las cesantías de las 4500 personas que Garro dejó en la calle entre contratados y cooperativistas y que a su vez fueron reprimidas con balas de goma y gases el 8 de enero.
La tercera concentración era de amigos y familiares del joven de 21 años Sebastián Villarreal, quien murió el pasado lunes tras chocar con su moto en la esquina de 143 y 41 contra una camioneta mientras era perseguido por un móvil del Comando de Patrullas Comunitarias, sin haber cometido delito previo, según dijeron sus padres, y como parte, desde tiempo atrás, del acoso que recibían él y sus amigos de la policía en el barrio San Carlos.
“Yo iba con él pero en mi moto y la policía lo encerró. Después se fueron y no se hicieron cargo de nada ni nos dieron sus nombres. Lo único que tenemos es el número de su patente”, dijo Franco Gómez a Contexto, amigo de Sebastián presente en la convocatoria.
Entre tanto, los familiares y amigos de Emilia Uscamayta, junto a las agrupaciones estudiantiles Rodolfo Walsh y Movimiento Estudiantil de Liberación, las autoridades de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata y compañeros de militancia de los Pueblos Indígenas, se aprestaron desde la mañana en la puerta de la municipalidad para llevar a cada uno de los bloques de concejales un petitorio para acelerar la causa, considerando que los cuatro imputados están libres, a excepción de Gastón Haramboure que está preso por otra condena, por el asesinato de un joven en la puerta de un boliche de Berisso en 2009.
Los otros tres son Raúl Peque García, el militante PRO; Carlos Bellone, el dueño de la quinta donde se hizo la fiesta; y Santiago Piedrabuena, que además de ser organizador de la fiesta clandestina en la que murió Emilia, tiene una condena previa a cuatro años por portación ilegal de arma de fuego. Así y todo, los cuatro fueron eximidos por la Justicia a fines de febrero al hacer efectiva la apelación presentada por la defensa, con un pago de fianza de 100 mil pesos.
Justicia por Emilia
Las consignas de la concentración por Emilia fueron el pedido de cambio de carátula a homicidio simple con dolo eventual para que la pena sea mayor, la prisión preventiva de los tres imputados y la exigencia al fiscal Álvaro Garganta y al juez Fernando Mateos para que avancen en la investigación de la connivencia del municipio con los organizadores, por las irregularidades de Control Urbano que labró tres actas durante la fiesta y no la suspendió.
Sin embargo, los encargados de seguridad del Municipio no dejaron pasar a los padres de Emilia al recinto en el que hablaba Garro, a pesar que el ingreso al Concejo Deliberante es público, con el pretexto de que después de concluida la sesión los recibiría en su oficina, cosa que nunca ocurrió.
Quien sí pasó fue la militante social y presidenta de la Asociación Miguel Bru,Rosa Schenfeld Bru, madre del estudiante de la Facultad de Periodismo de La Plata desaparecido y asesinado por la policía bonaerense en 1993. Con un cartel que decía “Justicia por Emilia” sostenido en alto en la sala del Concejo, fue vigilada atentamente por personal de seguridad de Garro, quien no hizo referencia alguna al caso Emilia.
“Estamos muy dolidos por esta situación en la que no hay ningún detenido. Pasaron tres meses y no tenemos nada. Vamos seguir marchando hasta que haya justicia” dijo a Contexto Juan Uscamayta, padre de la joven.
“Exigimos justicia porque hay las suficientes pruebas para que la carátula de la causa sea de homicidio simple con dolo eventual” dijo el hermano de Emilia Cristian Uscamayta a este medio.
“Exigimos que la investigación se amplíe en lo que tiene que ver con la corrupción que hubo por parte de la municipalidad, porque la fiesta se pudo hacer porque hubo una complicidad de los funcionarios municipales y creemos que el fiscal Garganta no está investigando esa parte” agregó Cristian Uscamayta.
El conflicto de los trabajadores echados por Garro
Los cooperativistas y municipales cesanteados en enero, enrolados en la Comisión Trabajadores Despedidos, desplegaron una amplia bandera frente al municipio: “Y la pobreza 0? Planes sociales ya”. Y otra: “Basta de despidos municipales y cooperativas”. La comisión está compuesta por referentes de cada área que representan a los 700 trabajadores, dentro de los 4500 echados en enero.
“Fueron duros y tajantes con nosotros”, dijo a Contexto Gastón Del Conte, representante de la Comisión y extrabajador echado en diciembre, excontratado por el municipio en el Programa Situación de Calle, en referencia a las ocho reuniones que tuvieron con los funcionarios del PRO, a la cabeza del secretario general de la Comuna, Javier Mor Roig. Del Conte sostuvo que en esos encuentros, en vez de traer soluciones los amenazaron con que van a despedir a los 130 trabajadores que fueron reincorporados de los 700 de la Comisión.
“Con ustedes no nos reunimos más, nos dijeron. Y también que el 31 van a seguir echando gente”, agregó Del Conte, sobre el último encuentro de hace diez días. “Dijeron que nos echan por pertenecer a la gestión”, expresó para luego agregar que el programa en el que él trabajaba, que atendía en cuatro hogares distribuidos por la ciudad a personas en situación de suma vulnerabilidad social, fue vaciado con 11 despidos y sólo tres reincorporados.
El referente de la Comisión que representa a trabajadores de áreas como Acción Social, cooperativas de residuos, presupuesto participativo, dijo además que todavía no saben si echará el Estado municipal a los 130 reincorporados, y que seguramente si les llega la noticia será a alrededor del diez de abril.
Finalmente, sobre el cierre de esta edición, Del Conte dijo a Contexto que luego de la apertura de sesiones en el Concejo Deliberante, a las tres de la tarde, Julio Garro recibió a cuatro integrantes de la Comisión de Trabajadores y les pidió un listado con los casos puntuales para evaluar su reincorporación.
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LA CAUSA EMILIA
Contexto habló con Adrián Rodríguez, abogado de Emilia Uscamayta Curi, quien detalló cuáles son los próximos pasos a seguir para impulsar avances en la causa:
“Vamos a presentar una petición ante la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo penal Sala 4, tendiente a solicitar la detención de Gastón Haramboure porque detectamos y corroboramos la existencia de una condena previa emanada del Tribunal Criminal 2 de La Plata y confirmada por la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal que le impuso una pena de 4 años de prisión. Planteamos el cambio de calificación legal considerando que no se aplicó el código de nocturnidad en la lectura de los elementos jurídicos de la causa, y eso implica que los 4 imputados tienen mayor responsabilidad que la que establece la imputación actual, es decir que el código de nocturnidad les imprime un rango de garantes genéricos o sociales de la salud y la integridad física de las personas y ellos a lo largo del desarrollo de la fiesta no cumplieron ninguna de la normativa, y esa normativa desencadenó la muerte de Emilia. Si hubieran cumplido, en el mismo desarrollo de la fiesta, con esos parámetros, Emilia hoy estaría viva».
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