Este 3 de junio, como desde hace 9 años, los feminismos coparan las calles en un grito contra la violencia de género, en un contexto donde Argentina marcó un nuevo récord con un femicidio cada 24 horas y en donde los discursos y crímenes de odio se intensifican, con un Estado cada vez más ausente.
Este lunes, la movilización central se dará en Congreso y será replicada en todo el país bajo la consigna «No es libertad, es violencia patriarcal«, con una referencia directa al Gobierno de Javier Milei, seguida por el repudio a la masacre lesbicida de Barracas, a las políticas de «hambre, odio y racismo colonial» y a la Ley de Bases.
Los datos de enero-abril marcan que en Argentina hay un femicidio cada 24 horas. Lejos de hacerse cargo de la situación, el retroceso y el ajuste del Gobierno es notorio. La eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad Sexual, trajo consigo un disminución de un 33% de las partidas destinadas a políticas de género, según un informe de Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).
A esto se le suma, la paralización directa de programas como el Acompañar, destinado a mujeres y diversidades, que brindaba apoyo económico para personas en situación de violencia. Este programa tiene 80% menos en la ejecución del presupuesto interanual.
La Línea 144, de atención telefónica a personas en situación de violencia de género, también sufrió recortes. Según ELA, la partida «tiene un presupuesto vigente de 898,7 millones de pesos y ya lleva ejecutados 542,7 millones. Si se compara interanualmente la ejecución cuatrimestral se observa una reducción del 25,52%«.
Otros programas, dependientes de la ahora Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género del Ministerio de Capital Humano, que fueron ajustados son el Programa Acercar Derechos (PAD), la Ley Micaela y los convenios que garantizaban los traslados interregionales de personas en situación de violencia por motivos de género y de familiares.
Otro número que pone en alerta a los feminismos es el incremento de los ataques de odio, siendo el incendio a cuatro lesbianas en Barracas, la mayor masacre lesbicida en Argentina. Según el informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), en 2021 se registraron 120, en 2022 fueron 129 y en 2023 se registraron 133 crímenes motivados por discriminación por orientación sexual, expresión e identidad de género.
A la par, el Gobierno nacional paralizó el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), con cientos de despidos en todo el país. Asimismo, decidió «prohibir» todo uso de lenguaje inclusivo en el Estado, mientras que desde el propio Gobierno hacen circular discursos de odio»
«Los discursos y actos de odio promovidos desde el gobierno y sus seguidores son responsables de que los ataques hacia la comunidad LGBTIQ+ se hayan incrementado alcanzando su peor expresión», señala el documento de Ni Una Menos que se leerá este lunes en la movilización a Congreso.
«En un contexto de desmantelamiento de las políticas contra las violencias por motivos de género y de una crisis habitacional sin precedentes, los discursos de odio ponen en peligro a miles de personas, especialmente a mujeres, lesbianas, travestis, transexuales, transgenero e intersex», agrega.
Las mujeres y diversidades en un escenario de mayor pobreza
Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicado en marzo, hay una sobrerrepresentación de las mujeres en la pobreza, siendo el 63 % de las personas con menores ingresos; con una tasa de actividad 18,4 % menor que los hombres; una informalidad 2,9 % mayor en mujeres y una brecha salarial de hasta el 26,4 % en el mercado informal y 15,7 % entre el sector formal. A esto se le suma que las mujeres destinan tres horas más por día al trabajo no remunerado que los varones, es decir, a las tareas del hogar.
En este marco, el documento que se leerá este lunes en el Congreso cargará duramente contra el Presidente. «El gobierno de Milei es el responsable de la violencia hacia a nosotres. El plan motosierra representa el hambre y el saqueo. La Ley Bases es una nueva propuesta de ajuste de nuestras vidas al servicio del FMI y destinada al enriquecimiento de los grandes intereses económicos y financieros internacionales y nacionales. Repudiamos a los endeudadores seriales de Sturzenegger y Caputo que impunemente vuelven a ocupar cargos públicos por una justicia cómplice que no investiga a los delincuentes económicos», señala.
