Por Mónica Macha
El 16 de abril de 2016, el Presidente Macri anunció un paquete de medidas de corte social con el objetivo de contrarrestar los efectos negativos de las medidas antipopulares adoptadas en los primeros cuatro meses de gobierno. Sus anuncios confirman que Cambiemos viene a desarmar las políticas sociales y económicas que generaban inclusión social a través del empleo, la protección y ampliación de derechos, y a reemplazarlas por medidas sociales paliativas que sólo apuntan a la asistencia social focalizada que compensa –de modo insuficiente– los efectos de un modelo económico excluyente.
El Estado, ahora gobernado por el macrismo desde una concepción claramente neoliberal, vuelve a retirarse, deja de hablar de derechos –y de actuar en consecuencia– y empuja al desamparo y la desprotección social a miles y miles de argentinos/as que vuelven a quedar excluidos. Como bien señalan –con sorprendente explicitud– los mismos funcionarios, las medidas anunciadas tienen por objeto paliar la situación social de crisis que este Gobierno generó para ajustar el país a las necesidades de las corporaciones y el capital financiero (que tienen su claro correlato en el Gobierno de la provincia de Buenos Aires).
En efecto, mientras –con la mayor necesidad y urgencia– aplicaban una maxidevaluación, liberaban el mercado de divisas y eliminaban las restricciones a los sectores exportadores más dinámicos, generando una transferencia de recursos brutal a favor de los sectores más concentrados, por otra parte se aplicó un ajuste feroz sobre los sectores medios y bajos, mediante un contundente paquete que incluyó despidos masivos en el sector público y privado, aceleración de la inflación por vía devaluatoria y ajuste de tarifas de servicios públicos esenciales.
Es imprescindible consignar que el grueso de estos aumentos ha impactado con especial dureza sobre la provincia de Buenos Aires, especialmente el conurbano, donde además se sufren las políticas del mismo signo aplicadas por el gobierno provincial y los gobiernos municipales, que han hecho del despido masivo de trabajadores una moda nefasta en las administraciones de Cambiemos.
En definitiva, las políticas que se están aplicando desde el mes de diciembre a nivel nacional y provincial apuntan directamente al aumento del desempleo, de la pobreza y a la retracción del Estado de su rol promotor de inclusión y dinamizador del mercado interno.
Ya no se trata de generar desarrollo e inclusión, sino de que el Estado ve reducido su rol al de una “ambulancia” que recoge a los compatriotas cuya situación es insostenible y que van quedando por fuera del mercado. El más dramático de los ejemplos tiene que ver con el aumento del seguro de desempleo. Mientras los funcionarios se cansan de argumentar que el Estado es un generador de empleo “artificial”, generan miles de casos de desempleo “real”, a los cuales les ofrecen un aumento del programa social como compensación.
Es necesario avanzar en la protección de los puestos de trabajo, declarar la emergencia laboral y prohibir los despidos por un año, lanzar un programa de apoyo a la industria del estilo Repro y que el Estado, en vez de financiar a los excluidos, fomente su permanencia “dentro” del sistema económico y productivo.
