Por Mauro Forlani*
A estas alturas del gobierno de Mauricio Macri, la actitud moderada y conciliadora de la cúpula de la CGT dilatando el paro general resulta, a primera vista, incomprensible tras diez meses de saqueo y trasferencia de recursos desde los asalariados a los sectores concentrados vía devaluación, despidos, endeudamiento y fuga de capitales.
Quizás en los primeros meses de gestión del PRO podía resultar razonable, lógica, una postura prudente, “responsable” ante el temor de quedar en orsay, “descolocados” frente a una opinión pública expectante por el nuevo Gobierno.
Hoy, con la degradación de la situación económico-social y una imagen presidencial en franco declive, a la postura moderada de la CGT es complicado encontrarle justificación.
Mientras la banca transnacional, la oligarquía rural y las mineras fueron rápidamente beneficiadas con suculentos recursos a partir de la abrupta escalada del dólar y eliminación de retenciones (atendidas velozmente sus demandas), el costo de semejante ajuste cayó sobre los asalariados formales e informales, jubilados y receptores de planes sociales, quedando sus ingresos al menos diez puntos por debajo de la inflación anual.
En ese escenario de transferencia aguda a los sectores dominantes, la espera, la paciente vigilia de la CGT por un bono a fin de año y una rebaja en el impuesto a las ganancias en el aguinaldo resulta hasta irónicamente risueña para el universo de los laburantes.
Una de las razones que se esgrimen para intentar comprender esta actitud moderada por parte de la cúpula sindical se hallaría en la devolución del manejo de las obras sociales a los gremios.
Quizás pueda ser una de las razones de esta actitud “prudente” de la cúpula cegetista.
“La moderación paga, la polarización no”, se debe especular en el razonamiento sindical conciliador.
Sin embargo, esto resulta insuficiente o explica parcialmente el problema.
Sería bueno indagar sobre el diagnóstico de fondo entre los gestores del PRO y sectores sindicales sobre la situación general del país.
Si hurgamos en ese diagnóstico, nos vamos a encontrar que ambos sectores, incluso antes de la llegada de Macri al Gobierno, en instancias preelectorales, coincidían en que el ajuste y el “sinceramiento” de la economía era el horizonte que debía recorrer la nueva gestión que reemplazara al kirchnerismo.
Si esa era y es la percepción de la cúpula sindical sobre la “herencia”, no resulta descabellado entender esta actitud apaciguadora de la CGT en tanto se percibe que los trabajadores deben colaborar en el esfuerzo social hasta que el crecimiento económico se recomponga.
Es cierto, como lo señalan economistas afines al proceso anterior, que tras doce años globales de crecimiento, aumento del consumo popular, Argentina se encontró con el clásico problema de restricción externa o cuello de botella –por la relativa falta de divisas en el Banco Central– para continuar con un auge económico sostenido.
Eso no justifica que el esfuerzo recaiga exclusivamente sobre asalariados y jubilados esperando que se relance una inversión privada por conglomerados locales y extranjeros beneficiados por una devaluación feroz.
Distinto hubiera sido la aplicación de un programa de racionalización pactado como se ha experimentado en otras latitudes, dado los límites y las dificultades en un capitalismo periférico para afectar y controlar rentas sin poner en jaque la gobernabilidad social y política (ejemplo: la resolución 125, año 2008), en donde los actores más integrados como los trabajadores registrados y de mejores ingresos o pequeña y mediana burguesía pospongan consumo en tren de colaborar en un fondo de inversión que relance la economía para intentar integrar a asalariados precarizados o informales o mejorar ingresos sociales de los mismos.
Esto hubiera implicado la configuración de un nuevo tipo de cambio que mejorara las arcas del Estado mediante la vigencia de las retenciones e incluso su reactualización en relación con el ajuste cambiario. Estas nuevas retenciones, a su vez, ayudarían a desconectar los precios externos de los internos limitando el efecto inflacionario sobre sectores vulnerables de la sociedad.
Sin embargo, el Gobierno –hasta ahora con la anuencia y coincidencia de la CGT– eligió una transferencia integral del excedente mediante la absorción y el bombeo de recursos del mercado interno a los grandes exportadores y el capital financiero, esperando que sean estos quienes devuelvan las gentilezas mediante la denominada lluvia de inversiones.
El problema es que hasta ahora las inversiones no se producen y el combo de devaluación, liberalización cambiaria y endeudamiento sólo ha servido para que la oligarquía local e internacional dolaricen sus activos y fuguen sus ganancias extraordinarias.
A este modelo elitista e inviable en términos sociales y económicos es que se viene adecuando la CGT.
* Docente, UNSL.
