Por Florencia Abelleira
Gastón Harispe, referente del Movimiento Octubres y diputado nacional por el Frente Para la Victoria-PJ, es también el presidente del Frente Parlamentario contra el Hambre en Argentina y desde allí está impulsando un Proyecto de Ley del Fondo Nacional para las Compras a la Agricultura Familiar.
Luego de ser sancionada la Ley de Agricultura Familiar, esta es una medida que complementa las distintas políticas públicas que se están llevando a cabo para fortalecer al sector. Si bien los productores aún tienen problemas vinculados con el acceso a la tierra, la distribución de sus productos y la desleal competencia con grandes productores agrarios, la creación de un fondo en el que el Estado sea un comprador directo, permite achicar la brecha de la desigualdad y generar una sostenibilidad real del sector que produce gran parte de lo que se sirve en la mesa de los argentinos.
En la misma línea, desde el año pasado también funciona el Frente Parlamentario Nacional contra el Hambre, que se suma a Frentes de distintos países de Latinoamérica como respuesta a la necesidad de abordar desde el ámbito legislativo, la incidencia en la construcción de marcos normativos adecuados para la erradicación del hambre en la región.
En diálogo con Contexto, Gastón Harispe describió los alcances del Proyecto y el camino que recorre el país en términos de soberanía alimentaria.
-¿En qué consiste el Proyecto de Ley que están por presentar en el Congreso?
-La Agricultura Familiar es la que provee de alimentos a la ciudades, y el Estado tiene un rol importante no solamente como promotor u ordenador de la actividad, sino que puede fomentarla a través de la compra directa a este sector.
El Estado compra alimentos a través del servicio penitenciario, de los hospitales y las escuelas, entonces tiene que poder comprar en forma directa a los agricultores familiares.
Nosotros queremos hacer un fondo rotatorio, un fondo de conversión, o que pueda afrontar la compra con un pago diferido que hoy hace el Estado a partir de la Ley de Compras, que pueda canjear el pago y pagarle de forma directa a la agricultura familiar.
Hay mecanismos directos, por los cuales el Estado hoy le compra a este sector y como a veces tienen cierta complejidad, lo que vamos a hacer es un protocolo para los municipios que también compran en su comunidad. Así, con la Ley de Agricultura Familiar, con la promoción de un fondo de compra para la agricultura familiar y con instructivos para la compra directa, pretendemos tener banderas que vayan a favor de la seguridad alimentaria. Una crítica que se le hace a la agricultura familiar es que no tiene escala ni logística. Nosotros decimos que sí la tiene pero el método de compra es complejo.
-¿Cuál es la mayor problemática que tiene este sector?
-Un agricultor familiar hoy sufre la marginación y por eso va a poblar, en general, al conurbano porque quiere tener los beneficios que brinda la urbe.
La Ley de Agricultura Familiar establece parámetros como educación rural, Internet, condiciones viales, de transporte, y los beneficios que tiene hoy la vida en la ciudad.
-¿Qué ocurre con el acceso a la tierra que explotan los productores familiares?
-A veces los agricultores familiares son desplazados por la producción de agroalimentos y los códigos de planeamiento en muchas ocasiones no contemplan al productor familiar. Hay que adecuar las ordenanzas municipales para hacer que las zonas productivas sigan siendo productivas y no se transformen en zonas residenciales que expulsan al productor. Hay una pelea por la tierra, no sólo con grandes empresas agropecuarias sino también con el negocio inmobiliario.
-En términos de soberanía alimentaria, ¿por qué es tan importante este sector?
-La agricultura familiar produce el tipo de alimento de acuerdo a las prácticas y la cultura de la actividad. Además no produce en torno al manejo biotecnológico o con una lógica de mercado, sino que en muchos casos produce los alimentos necesarios para el consumo, con una lógica cultural. Por eso es que la agricultura familiar está atada a las políticas de la protección de la semilla originaria y tiene conflicto con el manejo de la patente.
