Más de un millar de efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria, además de fuerzas especiales con perros adiestrados, vehículos de todo tipo y armas de grueso calibre, atestan distintos puntos estratégicos alrededor del Hotel Llao Llao, incluida la ciudad de San Carlos de Bariloche. Allí se reúnen las delegaciones de los países miembros del G20 para preparar la cumbre de presidentes del año que viene en Buenos Aires.
El despliegue de tremendo operativo durante los últimos días encendió la alarma de las comunidades indígenas de la zona, sobre todo tras la brutal represión de la semana pasada en la Lof Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, donde el Grupo Albatros de la Prefectura asesinó de un balazo por la espalda al joven mapuche Rafael Nahuel.
Atentos a los temores de los pueblos originarios y organismos de derechos humanos, que ya venían denunciando la militarización de toda la región, el diputado nacional electo por Unidad Ciudadana Horacio Pietragalla y la concejala del Frente para la Victoria Ana Marks presentaron ante el juez federal Gustavo Villanueva un habeas corpus preventivo y colectivo por el “inminente riesgo sobre la integridad física” de los integrantes de una docena de comunidades asentadas en el Parque Nacional Nahuel Huapi.
“Además de resguardar a todas las comunidades mapuches que viven en la zona, con este habeas corpus buscamos que los efectivos que llegaron por la visita del G20 no permanezcan con algún tipo de excusa cuando termine la precumbre. Luego de este fin de semana, en Bariloche sólo deberían quedar las fuerzas de seguridad habituales”, explicó Pietragalla a Contexto.
«Buscamos que los efectivos que llegaron por la visita del G20 no permanezcan con algún tipo de excusa cuando termine la precumbre. Luego de este fin de semana, sólo deberían quedar las fuerzas habituales”
El legislador electo es uno de los veedores de la mesa de diálogo conformada tras el crimen de Nahuel y las detenciones de los mapuches que intentaron salvarle la vida, Fausto Jones Huala y Lautaro González, quienes finalmente fueron liberados el miércoles.
Las negociaciones con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), única representación del gobierno de Mauricio Macri en la mesa, apuntan a encontrar una solución pacífica al conflicto por las tierras ancestrales de las comunidades. Participan referentes mapuches de Río Negro y Neuquén, organizaciones sociales y gremiales, organismos de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo de Bariloche, el Obispado local y Universidades.
No obstante, el líder de la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN), Jorge Nahuel, consideró ayer que el diálogo estará en riego mientras la Casa Rosada no cese su campaña de persecución, hostigamiento y represión al servicio de los terratenientes.
“Instalaron una imagen a nivel nacional con la complicidad de los medios masivos de comunicación de que la Patagonia está llena de terroristas. Ellos son los verdaderos delincuentes”, dijo el referente mapuche al señalar particularmente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a su mano derecha, Pablo Nocetti, quien comandó la represión de Gendarmería que puso fin a la vida de Santiago Maldonado.
“Instalaron una imagen a nivel nacional con la complicidad de los medios masivos de comunicación de que la Patagonia está llena de terroristas. Ellos son los verdaderos delincuentes”
Asimismo, repudió la última conferencia de prensa de Bullrich junto al ministro de Justicia, Germán Garavano, en la que ambos justificaron el accionar de la Prefectura durante el asesinato de Rafael Nahuel, apelando a la existencia de supuestos “grupos violentos”, como la “Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)”.
“La RAM es una construcción de los servicios de inteligencia para poder instalar el rótulo de ‘terrorista’ en cualquiera que reclame derechos. Para ella (por Bullrich), todo lo que es el reclamo de derechos es violencia”, enfatizó el líder la CMN.
Pietragalla coincidió en que “la RAM no existe” y que “tampoco hay armas en las comunidades mapuches”, como asegura el gobierno.
“Estuve en la Lof Lafken Winkul Mapu y es una comunidad de chicos muy jóvenes que vienen haciendo un proceso de limpieza en su territorio. Ese territorio está registrado en lo que fueron los censos de la ley de tierras indígenas. Lo único que hicieron fue escapar de la represión que sufrieron desde el jueves pasado. Durante dos días, el Grupo Albatros los persiguió y, una vez que los ubicó, les disparó balas de plomo. Fue un accionar ilegal porque la fuerza utilizó armas letales y disparó a matar”, sostuvo.
El diputado también manifestó su preocupación por la “lentitud” del juez Villanueva para avanzar en la investigación: “Tuvimos una muerte, pero podrían haber sido tres porque las personas que estaban al lado de Rafael también recibieron balas de plomo. Esto fue un asesinato y abandono de persona, pero los prefectos ni siquiera fueron llamados a indagatoria”.
“Hoy en Bariloche hay prefectos que asesinaron a una persona a sangre fría y están caminando por la ciudad”, lamentó Pietragalla.
Amenazas
No sólo las comunidades indígenas están en la mira del gobierno y de los grupos mediáticos hegemónicos como Clarín. El miércoles pasado, el periodista de Canal 13 Ignacio Otero se atrevió incluso a amenazar en cámaras a Sonia Ivanoff, abogada defensora de Fausto Jones Huala y Lautaro González, así como del lonko Facundo Jones Huala, preso político en la Unidad 14 de Esquel.
La Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) calificó a Otero como un “pseudoperiodista” y un “provocador a sueldo de los servicios de inteligencia y del gobierno de Macri”.
“En medio de mentiras de grueso calibre en defensa de los asesinos de Rafael Nahuel, anunció próximas medidas judiciales contra la abogada de la cual dijo conocer ‘audios comprometedores’”, señaló el organismo al denunciar “un claro intento” de “acallar la voz” de Ivanoff, limitando “sus derechos constitucionales a opinar, trabajar y ejercer libremente su profesión”.
