El informe del Foro por la Libertad y la Democracia, integrado por un centenar de organizaciones de todo el país, contiene más de 150 denuncias de los últimos diecisiete meses sobre violaciones a derechos reconocidos en el Pacto de San José de Costa Rica. La entrega de ese documento de 328 páginas al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relator para Argentina, Francisco Eguiguren, se formalizó este viernes en el espacio de la memoria de la ex ESMA, donde también estuvieron Esmeralda Arosemena de Troitiño, vice segunda del organismo, y Paulo Abrão, secretario ejecutivo.
“Ellos quedaron impactados y nosotros satisfechos. Nos escucharon, tomaron nota de todo y se comprometieron a tratar cada una de las denuncias en el mes de julio”, dijo a Contexto Estela Díaz, una de las referentes del foro y secretaria de género de la CTA.
Los representantes de la CIDH llegaron al país para mantener reuniones con diferentes sectores antes de la sesión que desarrollarán a lo largo de la semana próxima en el Hotel Sheraton del barrio porteño de Retiro. Como el organismo regional no acostumbra discutir los temas relacionados al país anfitrión, su pronunciamiento sobre las violaciones a los derechos humanos en Argentina se reservará hasta el periodo extraordinario de sesiones que tendrá lugar del 3 al 7 de julio en Lima, Perú.
Durante el encuentro en la ex ESMA, los organismos de derechos humanos, encabezados por Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Taty Almeida, de Madres-Línea Fundadora, y Lita Boitano, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, junto a dirigentes sociales, sindicales, campesinos y ambientales, plantearon su preocupación por “la criminalización de la protesta, el crecimiento de la represión y la pérdida de derechos económicos, sociales, laborales y culturales”.
“Que este modelo cierra con represión no es una consigna, es una realidad que el macrismo y sus aliados ponen en acto y multiplican a diario”, indicaron al recordar los distintos atropellos de los Gobiernos de Cambiemos, ya desde el inicio de sus gestiones en diciembre de 2015 con los ataques a los trabajadores de Cresta Roja y los cooperativistas de La Plata.
También estuvo muy presente la detención ilegal y arbitraria de Milagro Sala en Jujuy, sobre todo tras la visita del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, que ratificó este jueves su reclamo al Estado argentino para que la parlamentaria del Mercosur sea liberada en forma inmediata.
En la presentación ante Eguiguren se denunció que el gobernador jujeño Gerardo Morales lleva adelante un “Estado policial”, como “laboratorio de ensayo” para expandirlo a todo el país, tal como sucedió en Mendoza con el encarcelamiento de Nélida Rojas y otros dirigentes de la Tupac Amaru.
Uno de los testimonios más desgarradores fue el de Analía Tolaba, esposa de Alberto “Beto” Cardozo, preso en las mazmorras de Morales hace más de un año. La mujer contó a los relatores de la CIDH sobre las “torturas feroces” que sufrió su marido para delatar a Milagro Sala, aunque aclaró que “eso no lo quebró” y que “se mantiene firme”. La mujer también habló del asesinato de su sobrino, Nelson Cardozo, en el penal jujeño de Villa Gorriti. “No sé si me van a devolver a mi marido vivo”, advirtió desesperada.
“La creciente violencia institucional debe leerse en correlación con el debilitamiento de la institucionalidad democrática. Esta realidad se construye desde la pérdida de derechos cotidianos para las mayorías populares”, agregó el Foro por la Libertad y la Democracia a la CIDH.
Entre otras cosas, enumeraron el agravamiento de la crisis penitenciaria, el incremento de la violencia policial avalada por el Poder Judicial, la represión desmedida en barrios humildes y manifestaciones públicas, detenciones ilegítimas como las ocurridas durante el Paro Internacional de Mujeres, el ataque contra los docentes que reclaman un salario digno y el ingreso ilegal de policías jujeños a la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNJu, que terminó con dos estudiantes detenidos y torturados en una comisaría.
María Reigada, secretaria de Derechos Humanos de la CTA, y María Elena Naddeo, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), informaron sobre los últimos casos que no llegaron a ser incorporados en el informe, como la represión a los estudiantes secundarios del Normal Antonio Mentruyt (ENAM) de Banfield y la Escuela Media Nº 1 Carlos Fuentealba de Berisso.
“Planteamos además el crecimiento de los casos de gatillo fácil y las detenciones por averiguación de antecedente, que son cada vez más frecuente y muchas veces son seguidas de torturas y aprietes a la juventud. Hay una selectividad en el sistema represivo por edad, color de piel y sector social”, explicó Estela Díaz.
Por su parte, los organismos de derechos humanos puntualizaron sobre el retroceso de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, como la suspensión de juicios por delitos de lesa humanidad, el vaciamiento de áreas del Estado que se encargaban de investigar los crímenes de la dictadura y los beneficios otorgados a los genocidas.
“Desde la asunción del presidente Macri, las tres esferas de poder del Estado –ejecutiva, legislativa y judicial– no cesan la toma de decisiones institucionales regresivas, que tiran por la borda derechos y reivindicaciones que han costado años de lucha a nuestro pueblo, siendo reconocidas estas luchas a nivel internacional”, indicaron.
En este marco, hubo un reconocimiento a la CIDH por haber sentado posición rápidamente en contra del fallo de la Corte Suprema, que aplicó el 2×1 a la pena del represor Luis Muiña, y contra otro anterior del mismo tribunal que impuso una interpretación restrictiva de los dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“En las palabras finales de Eguiguren, así como en sus expresiones, se notó que toma con seriedad y preocupación lo que pasa en Argentina. Esperamos que la CIDH contribuya a dar respuesta a las denuncias que venimos haciendo, en particular con la libertad de Milagro Sala, porque no tenemos ninguna expectativa en la Justicia de Jujuy”, concluyó Díaz.
