Por Lucía García Itzigsohn
La agenda hegemónica instala realidades como mantras. Insistente, sutil, constante, va impregnando el sentido común consolidando perspectivas, reforzando ciertas figuras y estigmatizando otras. Los argumentos no importan, las leyes quedan en segundo plano, la lógica se interrumpe.
En tiempos como estos es tarea de las y los periodistas restituir los sentidos de lo que vivimos, que son siempre políticos. La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, está siendo cuestionada desde las usinas multimediáticas con el objetivo de allanar el camino para dejarla afuera en cuanto asuma el gobierno Mauricio Macri.
De ninguna manera un decreto de necesidad y urgencia y ni siquiera una ley alcanzarían para removerla.
En esa operación se pretende soslayar las condiciones de elección y permanencia de quien ocupa la máxima magistratura del Ministerio Público Fiscal. La designación de Alejandra Gils Carbó fue avalada por 63 votos a favor y tres en contra en el Senado de la Nación. La Constitución Nacional prevé para este cargo, así como para el de ministro de la Corte Suprema de la Nación, que sólo es posible la remoción a través de un Juicio Político que evalúe su desempeño. De ninguna manera un decreto de necesidad y urgencia y ni siquiera una ley alcanzarían para removerla. En ese sentido, existe el antecedente del ex procurador de Santa Cruz, Eduardo Sosa, representado por la Dra. Andrea Pochak ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando, por una ley provincial, fue removido de su cargo vitalicio. La Corte Suprema ordenó su reincorporación al cargo. El fallo lo firmaron Lorenzetti, Fayt y Highton de Nolasco, junto a Maqueda, Zaffaroni y Argibay. Allí se defiende la necesidad de “ratificar la garantía de inamovilidad” de los magistrados y “asegurar el mantenimiento del sistema republicano de gobierno».
La descalificación abona la calidad de “oficialista” de la procuradora. Se afirma una y otra vez que ella ha manifestado su alineamiento con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Se esconde el que podría ser el verdadero motivo de tanta animosidad en su contra. En el cargo de fiscal general ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Gils Carbó argumentó su negativa a la fusión de Cablevisión y Multicanal:
“La posición dominante del conglomerado multimedia Cablevisión-Multicanal, que incluye el monopolio del cable, TV, participaciones en radios, Internet, triple play, diarios, revistas y el Papel Prensa, que requieren los demás medios gráficos, fue instaurada gracias al acuerdo preventivo extrajudicial ilícito homologado por los jueces comerciales. En adelante, el Grupo Clarín siguió acrecentando su poder, al punto que se le atribuye el control del 70% de la audiencia. Esta posición de dominio seguirá aumentando en forma exponencial, dado que le permite acceder a diferencias económicas y espacios de poder que irán menguando a sus competidores y al gobierno de turno, cualquiera fuere. En efecto, la opinión pública podrá ser gobernada por un monopolio hegemónico dada la incidencia de los medios de comunicación para contribuir o dañar el consenso en una democracia”.
El escrito de cuarenta páginas es casi un tratado sobre las posiciones monopólicas y el derecho a la comunicación.
Fiscalías especializadas
El Ministerio Público Fiscal creó procuradurías en temáticas específicas que brindan apoyo a las fiscalías federales de todo el país en temas como narcotráfico, criminalidad económica y lavado de activos, lesa humanidad, género, violencia institucional y trata de personas. Y desarrolló el programa de Acceso Comunitario a la Justicia, ATAJO, conducido por Julián Axat.
El trabajo de cada una de estas fiscalías puede seguirse diariamente en el sitio fiscales.gob.ar.
La dinamización que estas fiscalías aportan al abordaje de delitos federales es de gran impacto. El solo hecho de cruzar datos en causas de narcotráfico, criminalidad económica, lavado de activos y trata de personas posibilita avanzar en las investigaciones con celeridad, comprender las redes que operan e identificar modus operandi que se repiten. Se trata de delitos de guante blanco.
La PROCUNAR, actualmente a cargo de Diego Iglesias, realiza un trabajo sostenido que ha permitido, entre otras cosas, desmantelar a la banda narco de mayor escala en nuestro país, juzgada en la causa “Carbón Blanco” y dirigida por el abogado Carlos Salvatore.
La PROCELAC, dirigida por Carlos Gonella, está desarrollando un recorrido pionero en la aplicación de la Ley de Lavado promulgada en junio de 2011. La criminalidad económica es el terreno de las tensiones más intensas entre el poder y la ley: lo que está en juego son lógicas económicas de acumulación que implican violaciones al derecho.
Esto queda en evidencia cuando el delito precedente al lavado es la trata de personas, tanto para explotación sexual como laboral.
El titular de la PROTEX, Marcelo Colombo, asiste en causas de trabajo esclavo en que se priva a las personas la libertad y se violan los más básicos derechos humanos.
En cuanto a las procuradurías de género y violencia institucional, se trata de la protección de derechos vulnerados. La tarea de Mariela Labozzetta es de capacitación de personal judicial y de reflexión conjunta frente a las premisas patriarcales que predominan en el Poder Judicial.
La PROCUVIN, hoy conducida por quien fue fiscal del Juicio a la Armada en Bahía Blanca, Miguel Ángel Palazzani, se ocupa de intervenir en caso de aplicación de torturas por parte de agentes estatales, la imposición de condiciones inhumanas de detención y el uso abusivo del poder coercitivo estatal. Se las considera prácticas violatorias de los derechos humanos que, por su gravedad, extensión y masividad, afectan la vigencia plena del estado democrático de derecho.
Por último y donde tal vez reside la preocupación de los editores del diario La Nación y quienes en el diario Clarín deben explicaciones por su rol en la apropiación de Papel Prensa, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Al frente de esta instancia se encuentra el fiscal Jorge Auat, que coordina los más de veinte juicios simultáneos que se sustancian en todo el país y que suman dos mil imputados a los ya 622 represores condenados. El impulso incluye también las participaciones empresarias en las acciones represivas y la comprensión de que quienes fueron beneficiarios económicos de la dictadura son penalmente responsables de sus acciones.
Alejandra Gils Carbó entiende la justicia en clave de pueblo. Y eso es lo que la corporación no le perdona.
La Justicia es, junto a los medios de comunicación, un terreno que comenzó a ser disputado en estos doce años de democratización popular. Las reacciones ante los intentos de transformación no se hacen esperar. Y esa alianza se retroalimenta. A la lógica de la denuncia mediática que luego inicia una causa judicial hay que sumarle que quienes traducen el oscuro lenguaje de los Tribunales son los diarios, la radio y la televisión. Y no es casual esa distancia que sentimos de sus señorías.
Alejandra Gils Carbó entiende la Justicia en clave de pueblo. Y eso es lo que la corporación no le perdona.
