Por Héctor Bernardo
Los procesos populares surgidos en América Latina en el siglo XXI sufrieron ataques de diversas formas. En algunos casos se utilizó la estrategia del golpe parlamentario, como en Honduras (en 2009, contra Manuel Zelaya), Paraguay (en 2012, contra Fernando Lugo) y Brasil (en 2016, contra Dilma Rousseff). En otros casos se fomentó a grupos desestabilizadores y se dio apoyo económico a la oposición, como en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, El Salvador y Argentina. En algunos se llegó a influir decisivamente en las elecciones (Argentina, 2015).
Sin embargo, incluso en los países donde se concretó la interrupción del proceso popular, como son los casos de Argentina y Brasil, el ataque contra los líderes políticos que comandaron esos procesos populares no ha cesado. En todos los casos, el rol del brazo mediático-judicial ha sido clave.
Las similitudes de la persecución que sufren la ex presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y el ex mandatario de Brasil, Luiz Inacio “Lula” Da Silva, se hacen cada vez más evidentes.
La finalidad de estos ataques es más que clara: como objetivo de máxima se pretende encarcelar a estos líderes; si no se llega a ese punto, la intención es conseguir una proscripción política, o al menos desgastar su imagen pública, para mellar sus posibilidades de ser candidatos en futuras elecciones. En la figura de estos referentes se intenta estigmatizar a los movimientos políticos que representan. El diario del monopolio mediático opositor en Brasil lo dejó en evidencia cuando se aprobó la destitución de la presidenta Dilma Rousseff. En su portal de Internet el grupo tituló: “El fin del PT”.
En Argentina, ayer se puso en juego un nuevo acto de este ataque. El juez federal Julián Ercolini citó a declarar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los medios que responden al Gobierno (entre los principales, los que integran el Grupo Clarín, pero también el ultramacrista Telefé), se encargaron de marcar una y otra vez que se trataba de un testimonio dentro de una acusación de “corrupción”. Mientras esto sucedía, y para alimentar aun más el show mediático, la Policía allanó propiedades de la ex presidenta por orden del juez Claudio Bonadio.
La ex presidenta presentó un escrito ante el juez Ercolini, y al salir del juzgado señaló que esta indagatoria “es una maniobra formidable de persecución política y hostigamiento mediático. No es original, lo vemos en Brasil con respecto al ex presidente Lula y tiene como destinatarios a quienes representamos, por lo menos simbólicamente, los procesos de inclusión social más importantes que han tenido lugar y que han incorporado a millones. Creo que es una maniobra a nivel regional. Y acá, en este contexto también, es una maniobra del actual Gobierno, que, además, trata de esta manera de tapar el desastre económico y social que hoy tiene la Argentina”.
“Buscan proscribirme, lo dicen claramente los dirigentes opositores; alguna denunciadora profesional de la oposición lo dice directamente. Yo creo que buscan la proscripción de un movimiento político”, afirmó la ex mandataria.
Por último, y en relación con el uso que el Gobierno de Macri hace de este show mediático para ocultar los problemas económicos que han causado sus medidas, Cristina Fernández aseguró: “No se puede tapar el sol con la mano. Si nuestro Gobierno fue una asociación ilícita, este Gobierno sería una asociación ilícita terrorista. La verdad que les pone terror a los ciudadanos, terror cuando les llega la factura de luz, terror cuando llega la factura de gas, terror cuando van al supermercado. Realmente tratan de esconder lo que es un verdadero desastre económico y social”.
