En el marco de la llamada manifestación del 1F, una multitud marchó hacia el palacio de Tribunales, sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para exigir el fin de la judiacialización de la política en Argentina y la democratización del sistema judicial. Organizaciones sociales, sindicatos, organismos de derechos humanos y referentes de la política enviaron un fuerte mensaje de rechazo al estado de persecución judicial instaurado durante la era Cambiemos.
Sectores como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, H.I.J.O.S. Capital y la Asamblea Permanente por los Derechos humanos (APDH) se hicieron presentes junto a referentes del ámbito gremial y político, como el dirigente de Camioneros Pablo Moyano y el legislador y líder de la CTA Hugo Yasky.
«Hoy tenemos que cambiar la historia. Con vemos a las 18, vamos el último esfuerzo por traer a uno más, puede ser definitivo para que todos seamos iguales ante la ley», fue la consigna lanzada en las primeras horas de la tarde del martes por el juez Juan Ramos Padilla, principal orador del escenario montado en la Plaza Lavalle y uno de los impulsores de la actividad.
A mediados de enero, la convocatoria a la manifestación tuvo un fuerte impulso inicial por parte de Ramos Padilla y luego se plegaron dirigentes sociales como Luis D’Elía, organismos como la Liga Argentina por los Derechos Humanos o los Curas en Opción por los Pobres. Con el correr de los días sumaron apoyo de figuras de la plana mayor de la política, como el ministro de Desarrollo Territorial de la Nación, Jorge Ferraresi, o la actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño.
En el acto se dio lectura al documento presentado desde La Multisectorial 1F, donde fue lanzado un fuerte mensaje contra los sectores de la Justicia que en los últimos años dejaron expuesta la trama de operaciones y persecuciones judiciales que decantaron en encarcelamientos ilegítimos, como el de la dirigente Milagro Sala.
«Esta Corte viene convalidando sistemáticamente las políticas neoliberales y desmantelamiento de derechos humanos fundamentales, y lo hace en plena articulación con los intereses del neoliberalismo global a los que solo les interesa violar nuestra soberanía», expresaba parte del documento, con referencia directa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Las principales consignas se centraron en el reclamo, por un lado, de una reforma judicial que permita democratizar los mecanismos de composición de los tribunales, como también en el rechazo a la actual cúpula de conducción de la Corte Suprema. Allí, los jueces Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti –ambos juristas «sugeridos» por Macri para sus cargos– son señalados como las caras más visibles del Poder Judicial aliado al PRO.
«Lo que está en juego es todo lo que tiene que ver con un Poder Judicial adecuado. No estamos hablando de la gente que trabaja bien, que por supuesto son muchos, sino de la organización criminal que está infiltrada, que forma parte a su vez de la organización comandada por Mauricio Macri y sus cómplices», fueron las palabras que dio días atrás el ex juez federal Carlos Rozanski, en diálogo con Contexto, respecto de su respaldo a la movilización.
Por su parte, el juez Ramos Padilla también tomó la palabra y apuntó directo a los titulares de la Corte para pedir su remoción. «Hay muchas pruebas para que estos atorrantes se vayan», dijo el magistrado, y agregó: «Van a quedar como una Corte de corruptos, de los que más delitos cometieron, y no van a poder sostenerla la mirada a ningún argentino de bien».
