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Una sociedad dañada por el terrorismo de Estado

Por Gabriela Calotti

Valentín Ríos Enseñat era apenas un bebé de seis meses cuando su mamá debió escapar de la casita en la que vivía con Miguel Ángel, en Villa Numancia, partido de Vicente López. «No tenía adónde ir», contó su mamá, Marta, al Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata en la audiencia número 75 que tuvo lugar el martes pasado.

Su hijo, ahora de 45 años, resumió en pocas palabras las consecuencias que el terrorismo de Estado dejó en decenas de miles de familias, que aún hoy, a casi cincuenta años de aquella tragedia, siguen esperando justicia. «Somos una sociedad muy dañada por todo lo que sucedió, mucho más de lo que creemos», sostuvo.

«Hoy estamos acá declarando, 45 años después. La falta de verdad y de justicia […] Es muy extraño relatar hechos que tienen muchísimo tiempo. Estamos haciendo referencia a cosas que se dijeron hace 45 años y las incertidumbres siguen siendo las mismas, con el agravante del paso del tiempo», analizó durante su declaración.

Fue su madre la encargada de relatar cómo sucedieron los hechos aquel diciembre de 1977, luego de mencionar a cada uno de los integrantes de la familia que fueron víctimas de los delitos de lesa humanidad que busca esclarecer este juicio en lo referido a las Brigadas de la Policía bonaerense en Banfield, Quilmes y Lanús.

«En primer lugar, a mi compañero y padre de mi hijo, Miguel Ángel Río Casas. En segundo lugar, a mi prima Aída Sanz Fernández, embarazada a término al momento de su detención. En tercer lugar, a mi tía Elsa Fernández de Sanz, madre de Aída, que había viajado a Buenos Aires para acompañarla en el parto. En cuarto lugar, a Eduardo Castro Gallo, compañero de Aída Sanz. Siempre le dijimos Cacho. Luego estaría mi hijo, también como víctima de todos estos horrores, Valentín Río Enseñat, con seis meses de vida al momento de la desaparición de Miguel Ángel. Mi mamá, María Clara Enseñat, de 65 años de edad, que era enferma psiquiátrica y no podía vivir sola. Y por último yo, Marta Alicia Enseñat. Todos uruguayos», afirmó.

«En total enumeré ocho personas. Las cuatro primeras, Miguel Ángel, Aída, Elsa y Cacho, permanecen desaparecidos hasta el día de la fecha, 9 de agosto de 2022», agregó Marta con aplomo de forma virtual desde Montevideo en la audiencia que se desarrolló luego de tres semanas de receso invernal.

En Uruguay, Miguel Ángel militaba en el Movimiento 26 de marzo, brazo político del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros.

«Me considero una sobreviviente del terror que vivió toda la familia. Por ese motivo quiero levantar mi voz o hacer llegar la necesidad que tengo de hablar y mencionar a todos los familiares desaparecidos, porque ellos no están y fueron acallados», sostuvo antes de reivindicar el legado que retomaron «los hijos de los desaparecidos, los nietos, los bisnietos y los tataranietos. Estado no va a poder ser ocultado nunca más por ningún Gobierno», enfatizó.

Todo comenzó un 24 de diciembre de 1977. Casi a las 5 de la mañana fue Cacho el que golpeó fuertemente la puerta para avisarle que Aída había sido secuestrada. Los militares se la habían llevado. Aída esperaba familia para fines de diciembre. También se llevaron a su mamá, la tía Elsa.

«Cacho me sugiere que nosotros tres abandonemos la casa lo más rápido posible porque no había ninguna garantía», agregó, antes de indicar que el marido de su prima decidió quedarse allí a esperar a Miguel Ángel cuando volviera de trabajar.

Al mediodía se vieron los tres en la estación de trenes de Constitución. Ella estaba con Valentín en brazos y con su mamá. «Miguel Ángel y Cacho deciden ir a avisarle a otro compañero llamado Ataliba Castillo» sobre lo que estaba pasando. Quedaron en encontrarse en otra estación a las cinco de la tarde. Marta tenía 24 años y Miguel Ángel 29.

Hizo tiempo como pudo, fue a ver a una compañera de trabajo y antes de las 5 llegó al punto de encuentro. «Miguel Ángel nunca apareció. Entonces ahí sí presentí lo peor» y «me di cuenta con mucha claridad en ese momento de que no tenía adónde ir», aseguró.

Fue a la casa de una prima de Miguel Ángel que la mandó para San Nicolás, a 300 km de la capital. Días después volvió a capital con el niño y su madre y solicitó la condición de asilo ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Buenos Aires. Fue a un refugio en Floresta, donde permaneció seis meses. El 8 de junio de 1978 salió rumbo a Francia, donde vivió ocho años.

Desde Francia viajó a Suecia para ver a su amiga María Erlinda Vázquez, a quien le decían «Muñeca», una de cinco amigos uruguayos que habían sido detenidos en abril de 1978 y que estuvieron secuestrados en el Pozo de Quilmes. Los cinco fueron liberados.

Durante ese encuentro en Suecia, María Erlinda le contó que a Aída la torturaron embarazada y que eso aceleró el parto. Que Aída vio a su mamá con las muñecas lastimadas, que a Cacho también «lo torturaron mucho» y que «Miguel Ángel estaba herido de bala».

La beba que Aída Sanz dio a luz y a quien llamó Carmen «fue apropiada». Con veintidós años recuperó su verdadera identidad, precisó Marta durante su testimonio.

En 1985, Marta y Valentín, ya de ocho años, se instalaron en Uruguay.

La reconstrucción del hijo

De su padre, Valentín Ríos Enseñat aseguró durante su declaración que por testimonios de sobrevivientes sabía que «por el mal estado de la herida y las torturas no habría pasado de los últimos días de diciembre», y que respecto de un «traslado de cinco uruguayos» a su país natal supo que Cacho y Ataliba estaban en el grupo, pero «en el caso de mi padre nunca quedó establecido».

Muchos años después tuvo acceso a un documento de 1979 perteneciente al archivo de la Policía bonaerense que conserva la Comisión Provincial de la Memoria «donde hay referencias sobre las tortura a Aída, Cacho y Miguel Ángel [que] habían sido salvajes. Que los habían torturado delante uno del otro y que a ella le aplicaron altas dosis de pentotal».

El paso del tiempo y la lentitud judicial han hecho que aparezcan «nuevas personas afectadas por la falta de verdad y de justicia, como es el caso de los nietos de desaparecidos», consideró este hombre que al reconocerse ante el tribunal como «el hijo de un desaparecido» no pudo impedir un nudo en la garganta.

Un hermano sobreviviente y otro desaparecido

Alfredo D’Alessio tenía 31 años. Su hermano José Luis, al que le decían «el Bebe», tenía 28 años. Venían de una familia donde se hablaba de política. Habían sido militantes estudiantiles. En algún momento «el Bebe» se integró a Montoneros. Militaba en la columna norte. Alfredo seguía en la Juventud Peronista. Era matemático y profesor universitario.

El día en que fueron secuestrados, junto con su primo Jorge Campana, sus padres, Mery, la secretaria de la oficina, y las dos nietas pequeñas, Malena y Florencia, él iba a recoger los pasaportes para que su hermano pudiera irse del país con su hija.

La tarde del 28 de enero de 1977 lo secuestraron a él primero en Palermo. Estaban en dos autos. «Era toda gente relativamente joven. Todos con aspecto de policías, pelito corto y un trato bastante duro».

Lo obligaron a que los llevara a su lugar de trabajo.»Allí secuestraron a Mery, una chica boliviana. En el trayecto a su casa lo ven a su hermano en un auto hasta que lo encierran y lo secuestran».

A sus padres y a las nietas los secuestran en un departamento de una tía materna. De allí se llevan también a un primo. A ellos los liberarían a las horas desde la Comisaría 22 de la Policía Federal de la avenida Huergo.

Alfredo, José Luis y Jorge estuvieron en cautiverio en el Pozo de Quilmes.

Días después le exigieron dinero a cambio de su liberación. Unos 30.000 pesos de entonces. «Esa noche me vinieron a buscar a la celda, me sacaron, me subieron a un auto, me llevaron a un descampado, me bajé y me dijeron que caminara ‘en dirección contraria a nosotros y no te des vuelta. Cuidate mucho porque seguimos atentos y vigilantes. A tu hermano no lo vas a volver a ver'». Jorge Campana también fue liberado. Falleció años atrás.

Poco después se fue con su mujer y su hijo a Brasil. El exilio concluyó luego de la Guerra de Malvinas. En esos años su padre Alfredo Ángel Agustín D’Alessio se había deprimido mucho. En cambio, su madre, Sofía Yusen, se sumó a la militancia en el seno de Madres de Plaza de Mayo. «Andaba metiendo habeas corpus por todos lados», contó al tribunal.

En 2011, esa mujer, casi centenaria, se presentó como querellante en esta causa. Su hijo recordó una entrevista con el entonces juez federal platense Manuel Blanco, a quien su madre no dudó en reclamarle que «haga lo que tiene que hacer y mande a procesamiento a estos tipos», en relación con los imputados. Sofía falleció tres años después, sin llegar a ver este juicio en marcha.

Alfredo D’Alesio reivindicó la labor de su sobrina Malena como «fundadora de HIJOS» y también a su hijo Francisco.

De su hermano «el Bebe D’Alessio nunca supimos nada». Él y su sobrina dieron muestras de sangre al Equipo Argentino de Antropología Forense. «Nunca tuvimos ninguna noticia».

D’Alessio agradeció la tarea del tribunal y le reclamó celeridad. «Por favor métanle pata porque es muy grande el juicio, hay muchos testigos y estaría bueno que terminara. Que los genocidas reciban su castigo», concluyó.

Otros dos hijos que reclaman justicia

Su hijo Francisco, de 42 años, contó que nació en Brasil. Que su tío «estuvo en la Comisaría 22 de la Federal y luego en el Pozo de Quilmes». Recordó anécdotas que le contó su abuela sobre unas inundaciones en los 60 en la zona de Quilmes que marcaron «para siempre» al «Bebe», que años después participaría en un «conflicto muy grande» en los astilleros Astarsa.

Francisco subrayó el papel de su prima Malena, porque «es la que abrió camino en este proceso de reconstrucción de la historia y memoria de su viejo».

«Estar hoy acá declarando es acompañar a mi viejo y a mi prima, que sufren muy fuerte las consecuencias de la ausencia del Bebe», sostuvo en su declaración, antes de reivindicar la labor de abogadas y abogados de derechos humanos y pedirle al tribunal «que avance en este juicio y logre llegar a una condena para que los culpables paguen su condena en la cárcel efectiva, y a pesar de esto nada nos va a devolver al Bebe», concluyó.

El presente juicio por los delitos perpetrados en las Brigadas de la Policía bonaerense de Banfield, Quilmes y Lanús, conocida como El Infierno, con asiento en Avellaneda, es resultado de tres causas unificadas en la causa 737/2013 con solo quince imputados y apenas uno de ellos en la cárcel, Jorge Di Pasquale. Inicialmente eran dieciocho los imputados, pero desde el inicio del juicio, el 27 de octubre de 2020, fallecieron tres: Miguel Ángel Ferreyro, Emilio Alberto Herrero Anzorena y Miguel Osvaldo Etchecolatz, símbolo de la brutal represión en La Plata y en la provincia de Buenos Aires.

Este debate oral y público por los delitos cometidos en las tres Brigadas, que se desarrolló básicamente de forma virtual debido a la pandemia, ha incorporado en los últimos meses algunas audiencias semipresenciales.

Por esos tres CCD pasaron 442 víctimas tras el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, aunque algunas estuvieron secuestradas en la Brigada de Quilmes antes del golpe. Más de 450 testigos prestarán declaración en este juicio. El tribunal está integrado por los jueces Ricardo Basílico, que ejerce la presidencia, Esteban Rodríguez Eggers, Walter Venditti y Fernando Canero.

Las audiencias pueden seguirse por las plataformas de La Retaguardia TV o el Facebook de la Comisión Provincial por la Memoria. Más información sobre este juicio puede consultarse en el blog del Programa de Apoyo a Juicios de la UNLP.

La próxima audiencia, que será de carácter semipresencial, está prevista para el martes 16 de agosto a las 8:30 hs.

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