«Una victoria pírrica», así definen los analistas el triunfo electoral que, por apenas 23.000 votos de diferencia, consiguió el Gobierno de derecha de Luis Lacalle Pou en el referéndum por la cuestionada Ley de Urgente Consideración (LUC) en Uruguay.
Durante 2020, en plena pandemia, el Gobierno de Lacalle Pou consiguió la aprobación de la LUC, que posee 476 artículos sobre temas tan variados como la seguridad, los alquileres, el derecho a la protesta, los derechos laborales y la educación.
Tras la aprobación de la cuestionada ley, la oposición consiguió juntar 800.000 firmas para forzar al Gobierno a convocar a un referéndum para derogar o no 135 de los artículos que la componen.
Más de 2.685.000 uruguayos estaban habilitados para ir las urnas este 27 de marzo. El Gobierno, con el apoyo de los medios hegemónicos de comunicación, el poder económico y la estructura institucional, solo logró una mínima diferencia a su favor, con poco más de 23.000 votos (lo que puede ampliarse un poco en el cálculo final, dado que los votos en blanco será contados a favor de la no derogación de la ley).
Según reportó la agencia de noticias Télam, tras conocerse el resultado final el presidente del opositor Frente Amplio, Fernando Pereira, sostuvo que «con todo el poder, con todos los medios, con toda la estructura a su favor, les hicimos un partido parejo y con 15 minutos más, seguro se lo ganamos», y luego agregó: «Lo que se puede decir con claridad es que una mitad de la sociedad uruguaya no está de acuerdo con esta forma de legislar».
Entre los puntos más cuestionados de la LUC se encuentra que, en el tema de «seguridad», aumenta las penas para los delitos cometidos por menores de edad, amplía la legalización para la portación de armas y el concepto de «legítima defensa», y da más potestad a la policía para realizar registros a personas y vehículos. En el tema de vivienda se señala que un inquilino podrá ser declarado moroso al tercer día de retraso en el pago de su alquiler y ser desalojado a los seis días de retraso, aclarando que para no ser desalojado entre el tercero y el sexto día deberá que pagar una multa del 60 % del valor del alquiler. El propietario puede iniciar el desalojo aunque deba impuestos sobre el inmueble. Esto, en un marco en el que Uruguay tiene un gran déficit habitacional y el Gobierno fijó un recorte del 30 % en la partida presupuestaria que el Estado tenía asignada para la construcción de viviendas. En el aspecto laboral, entre otros puntos, la LUC restringe el derecho de huelga, prohíben los piquetes y permite que los empleadores eviten pagar los sueldos a través de una cuenta bancaria y lo puedan hacer en efectivo, lo que posibilita la evasión impositiva, en especial en lo que se refiere a aportes patronales.
