Por Pablo Pellegrino
El gobierno difundió el viernes los términos bajo los cuales suscribe el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que, como habían adelantado Nicolás Dujovne y Federico Sturzenegger el día anterior, alcanza los 50.000 millones de dólares. Obra pública, salarios y transferencias a las provincias serán los sectores por los cuales pasará la tijera el gobierno a pedido del organismo multilateral de crédito conducido por Christine Lagarde, que celebró el acuerdo y felicitó a la Administración de Mauricio Macri por lo alcanzado.
“Felicito a las autoridades argentinas por haber llegado a este acuerdo. Como lo hemos destacado anteriormente, se trata de un plan concebido e instrumentado por el gobierno argentino y que pretende fortalecer la economía en beneficio de todos los argentinos”, fueron las palabras de la titular del FMI difundidas por el departamento de prensa de ese organismo.
En el informe emitido por el Ministerio de Hacienda se muestran las cifras del ajuste: la obra pública, como habían adelantado hace algunas semanas, será el sector más golpeado, con una quita del 1,6% en relación al PBI o un 81% en términos reales. Salarios, bienes y servicios sufrirán una reducción del 13% en los próximos tres años, lo que equivale al 0,7% del PBI, y, finalmente, las transferencias a las provincias disminuirán en un 74% (0,6% del PBI).
“Este acuerdo es una muy buena noticia porque nos permitirá seguir un camino hacia el equilibrio fiscal”, había dicho Dujovne en la conferencia de prensa que brindó junto al titular del Banco Central, en la que anunciaron también la voluntad de modificar la Carta Orgánica del Banco Central para una mayor “independencia”, la eliminación de adelantos al Tesoro y el mencionado ajuste.
“Es una gran noticia para la Argentina que ellos quieren: una Argentina de 10 millones de habitantes, para los bancos, para los exportadores de granos”, dijo a Contexto el economista y secretario de Industria y Desarrollo Productivo de Florencio Varela, Martín Pollera, y consideró que “se sabía que, cerrado el acuerdo con el Fondo, se venía una devaluación”, tal como sucedió el viernes cuando el dólar cerró en 25,98, alcanzando por momentos picos de cotización en torno a los 26,10.
“Hoy el gobierno retiró la oferta de los 5.000 millones de dólares que ofrecía el Banco Central para forzar una devaluación de la cual otra vez saldrán aumentos de precios, otra vez vamos a encontrar que van a caer los salarios y que en octubre y noviembre va a venir un aumento de tarifas mayor al previsto”, manifestó.
“Al menos en una primera etapa vas a tener un esquema de devaluación porque necesitás reducir el déficit fiscal, y ese es un buen mecanismo pensado desde la ortodoxia”, coincidió el director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y concejal de San Martín, Hernán Letcher.
Consultado por los condicionamientos de la política interna por parte del FMI y las metas fijadas para la aceptación del abultado desembolso que hará el organismo, Pollera afirmó que “las metas que se establecen siempre son en contra de las grandes mayorías, no es un crédito que nos dieron para expandir nuestra capacidad productiva, sino todo lo contrario, para achicarla”, y manifestó: “Desde ese lugar, no hay forma de pensar que esto puede ser una buena noticia. Esto no es ni el plan A, ni el plan B, ni siquiera el plan C; esto es el plan de las cuatro D: más déficit, más desempleo, más deuda y más devaluación”.
En ese sentido, el economista analizó que existe la posibilidad de entrar en una espiral de déficit fiscal producto de la recesión económica y el enfriamiento que pueden generar los recortes en el gasto y la baja que puede implicar en la recaudación impositiva ese empeoramiento.
“Tienen dos formas de bajar el déficit: una devaluación que se vaya a precios, que dinamice la recaudación y que logre contener el gasto público. En cierto punto ese es el recorrido que viene haciendo el gobierno. Quiere comerse parte del déficit a través de la cuestión de la devaluación y precios. Pero además, conjuntamente con eso, un liso y llano recorte del gasto público”, explicó en la misma línea Hernán Letcher, aunque consideró que “efectivamente no van a reducir el déficit y difícilmente cumplan las metas”.
Sobre los ajustes anunciados, el director del CEPA indicó que “están armando un ajuste que va a afectar la obra pública y por lo tanto va a afectar el empleo en la construcción, pero la construcción es un sector que tiene efectos sobre un montón de otros sectores que también van a ser afectados; el sostenimiento de las tasas de interés elevadas afecta al sector industrial y pyme”, y agregó: “Además, estamos en un momento donde un sector de la sociedad está fuera de la cancha, que se está endeudando para pagar las tarifas, y si a ese sector le hacés un ajuste, lo condenás”. “Están recortando a un sector que ya no sabe de dónde más recortar, y eso tiene un límite material que, creo, lo estamos sobrepasando”, resumió.
Finalmente, explicó la operación mediante la cual el gobierno planea desactivar la bomba de tiempo que significa el stock de Lebac en el pasivo del BCRA, medida que también fue exigida por el Fondo Monetario. “Los tipos lo que tienen previsto es: el FMI le presta al Tesoro, el Tesoro tal vez emita un bono; el bono se lo ofrece al BCRA y recupera las letras intransferibles que le dio cuando le pidió pesos a cambio y, finalmente, el Banco Central enroca esos bonos por las Lebac”, sostuvo Letcher, y dijo que el dinero que llegue del préstamo “termina siendo garantía de esos bonos”.
“En la práctica, eso significa convertir un problema cuasifiscal, monetario, como son las Lebac, en un problema fiscal; es decir, un problema presupuestario que, en definitiva, tenemos que poner la guita nosotros a través de los impuestos para pagar el mejunje y las tasas fenomenales que pagaron durante todo este tiempo con ese instrumento”, concluyó.
