La derecha venezolana nunca aceptó las reglas de la democracia y ha dado sobradas muestras de su vocación golpista, desde el primer día de gobierno del presidente Hugo Chávez Frías hasta la actualidad.
El golpe de Estado de abril de 2002, las guarimbas de 2007, 2013, 2014, 2017 (que causaron la destrucción de gran cantidad de bienes materiales y numerosas muertes) y el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro en 2018 son sólo algunos de tantos ejemplos que se pueden dar.
Para entender la situación actual es necesario tener en cuenta todos esos antecedentes y tomar como punto clave las elecciones legislativas de diciembre de 2015. En aquel momento, la oposición se impuso en un proceso electoral que tuvo las mismas características de organización, controles y veedores que en todas las elecciones anteriores y posteriores que la derecha se negó a reconocer. En ese caso, como obtuvo el triunfo, la oposición no realizó ningún cuestionamiento. La lógica es clara y burda: la derecha, cuando gana, dice que el proceso es válido y transparente, y cuando pierde asegura que está viciado de nulidad y que es ilegal.
La voracidad opositora y su afán golpista hicieron que todo el caudal político que había logrado construir fuera dilapidado rápidamente. Desesperados por tratar de obtener una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional (AN) para desde allí impulsar un referendum revocatorio contra el presidente Maduro, intentaron aprobaron ilegalmente la incorporación de tres diputados de la zona de la Amazonía, integrantes de la Mesa de Unidad Democrática (MUD). Los tres habían sido denunciados por fraude, por lo cual el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) había decidido suspender sus designaciones y poner sus casos en revisión.
Tal ceguera y desesperación de los dirigentes opositores los llevó a desconocer la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Frente a esta situación, el 11 de enero de 2016, el TSJ declaró a la AN en desacato. La AN se negó sistemáticamente a aceptar las resoluciones del TSJ, por lo cual, hasta la actualidad, continúa en desacato, lo que implica que todas sus acciones son nulas mientras esa situación no cambie.
En ese marco, el presidente Nicolás Maduro convocó a elecciones para formar una Asamblea Constituyente (AC) que permitiera un normal funcionamiento de la institucionalidad del país. La derecha se negó a presentarse.
A pesar del boicot violento, más de ocho millones de venezolanos participaron de las elecciones y eligieron a los asambleístas. La restauración de la institucionalidad desarticuló las protestas violentas que se habían cobrado la vida de más de un centenar de personas y provocado la destrucción de innumerables edificios públicos.
Mesa de diálogo y convocatoria a elecciones
Tras esos hechos, el gobierno convocó a la oposición a una Mesa de Diálogo que comenzó a reunirse en República Dominicana y contó con la participación destacada, como mediador, del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.
La oposición plateó varias exigencias para llegar a un acuerdo con el gobierno, la principal era el adelantamiento del proceso electoral que estaba previsto para octubre de 2018. El gobierno y la oposición aceptaron realizar las elecciones presidenciales en mayo de ese mismo año.
Cuando se había llegado a un importante nivel de acuerdos y estaba todo listo para rubricar lo pactado, la oposición sorpresivamente abandonó la Mesa de Diálogo y se negó a firmar. El propio Rodríguez Zapatero se mostró sorprendido. Luego se sabría que horas antes de abandonar el diálogo, los dirigentes opositores habían recibido un llamado desde Colombia que fue fundamental para hacerlos cambiar de actitud (en aquel momento, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, se encontraba reunido con el presidente colombiano Juan Manuel Santos en Bogotá). La paz y el diálogo se habían frustrado una vez más.
La legitimidad de los votos
El 20 de mayo, como había sido pedido por la oposición, se realizaron las elecciones con el acompañamiento de una gran cantidad de veedores internacionales. La derecha se dividió entre el sector más fuerte (y más alineado a los intereses de Estados Unidos), la Mesa de Unidad Democrática (MUD), que decidió no participar y boicotear el proceso electoral, y otros sectores de la oposición que decidieron postularse.
Los candidatos más destacados de la derecha fueron Henri Falcón, de Avanzada Progresista (AP), Javier Bertucci, de Esperanza por el Cambio (EPC), y Reinaldo Quijada, del partido Unidad Política Popular 89 (UPP89). Nicolás Maduro fue el candidato del oficialismo representando al Frente Amplio de la Patria (FAP).
A pesar del boicot, más de ocho millones de venezolanos ejercieron su derecho al voto. Nicolás Maduro fue reelegido con el 67,7% de los votos y los candidatos de la oposición sumaron más del 32% (Henri Falcón 21,12%, Javier Bertucci 10,75% y Reinaldo Quijada 0,40%). La participación fue del 46% del padrón.
Cabe recordar que en Venezuela, al igual que en otros países de la región, como Chile y Colombia, la participación en las elecciones no es obligatoria. Tan sólo unos meses antes, a fines de 2017, en Chile, con un 49% de participación, Sebastián Piñera se impuso en la segunda vuelta electoral con el 54% de los votos. Por su parte, a mediados de 2018, en Colombia, con una participación del 52% del padrón, el uribista Iván Duque se impuso en la segunda vuelta electoral con el 53% de los votos.
Cabe remarcar y repetir estas cifras: en Venezuela la participación (a pesar del boicot) llegó al 46%; en Chile 49% y en Colombia 52%. Porcentajes similares que, si dan legitimidad a unos, también la dan a otros.
Legalidad y legitimidad
Los medios hegemónicos de comunicación se esforzaron por sostener tres grandes mentiras sobre la asunción del presidente Nicolás Maduro. La primera, que Maduro no cuenta con el apoyo de su pueblo, lo que quedó totalmente descartado con la gran participación popular en las elecciones. La segunda, que el presidente no había cumplido los procedimientos legales para asumir, y la tercera, que el gobierno de Venezuela había quedado aislado por la comunidad internacional. Sobre estos dos últimos aspectos cabe señalar lo siguiente:
El artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala que “el candidato elegido o la candidata elegida tomará posesión del cargo de Presidente o Presidenta de la República el 10 de enero del primer año del periodo constitucional mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el Presidente o la Presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia”.
En la actualidad, la Asamblea Nacional continúa en desacato, por lo cual el presidente no pudo prestar juramento ante ella y, como lo determina la Constitución, lo hizo frente al Tribunal Supremo de Justicia. Maduro cumplió con todos los procesos legales.
Por otro lado, el autodenominado Grupo de Lima (un espacio que conjuga a los gobiernos de la derecha regional que responden linealmente a los intereses de Estados Unidos, y cuyo único fin es atacar a Venezuela) intentó imponer la idea de que el gobierno bolivariano está aislado de la comunidad internacional. Lo que los medios y este pequeño grupo de presidentes de derecha quisieron ignorar es que más de noventa delegaciones internacionales acompañaron la juramentación de Maduro, el doble de las delegaciones internacionales que estuvieron presente pocos días antes en la juramentaciones del presidente de Brasil, el neofascista Jair Bolsonaro. Entre esas delegaciones que acompañaron al presidente Maduro estuvieron dos de las grandes potencias económicas y políticas de la actualidad, Rusia y China, además de numerosos países de la región como México, Cuba, Bolivia, Nicaragua y El Salvador, entre otros.
Legalidad, legitimidad, apoyo popular y apoyo internacional respaldan el nuevo mandato del presidente Nicolás Maduro, que, aunque la derecha no quiera aceptarlo, gobernará Venezuela durante el periodo 2019-2025 porque su pueblo así lo decidió.
