Por Miguel Croceri (*)
Por la combinación de causas muy diversas, Argentina ha sufrido en los últimos años y durante los veranos especialmente, tres fenómenos perjudiciales o directamente trágicos para la vida de centenares de miles de personas, o millones de ellas, y para la sociedad en general. Todo esto dejando de lado, en el presente comentario, a la pandemia del Covid.
Uno de dichos fenómenos es la catástrofe ambiental de los incendios forestales, otro es el gravísimo problema sanitario del dengue -que creció de forma exponencial en la última temporada-, y el tercero las interrupciones del servicio eléctrico en jornadas de calores extremos, sobre todo en grandes aglomerados urbanos.
A la multiplicidad y variedad de orígenes que dan lugar a la coexistencia de estos males, con sus tremendos daños para la calidad de vida individual y colectiva -incluida la eventual muerte de personas, particularmente si nos referimos a la enfermedad mencionada-, en la próxima temporada veraniega todo será mucho más grave debido a la situación política nacional.
Nunca sucedió en nuestro país, y quizás sean pocos los antecedentes en el mundo, que un gobierno surgido del voto ciudadano y el conjunto del régimen institucional y corporativo al que pertenece, dediquen sus mayores esfuerzos a provocar sufrimientos deliberados en la mayoría de la población.
Tal como ocurrió en distintas zonas de provincias argentinas en semanas recientes, los incendios forestales ponen en riesgo vidas humanas y provocan la destrucción absoluta de sus bienes para las/los habitantes de áreas rurales e incluso urbanas.
A su vez, en el verano pasado creció exponencialmente la propagación del dengue en Argentina. Hasta mediados de abril la cantidad de personas afectadas (en la temporada 2023/24) se había multiplicado casi por cinco en solo un años (temporada 2022/23), y el aumento era de ocho veces si se lo comparaba con mediados de la década anterior (temporada 2015/16).
(El registro de los organismos públicos de Salud indicó algo más de 33.000 casos en 2015/16, mientras que en el periodo 2022/23 la cifra llegó a casi 62.000, y hasta abril pasado eran más de 269.000 enfermos. Los detalles constan en un informe de la organización Chequeado, dedicada a la verificación del discurso público. Artículo del 15/04/24).
(Por otra parte, los datos actualizados por el ministerio de Salud de la Nación en el “cierre” de la temporada epidemiológica 2023/23, reportaron a mediados de agosto un total de 593.287 casos confirmados durante un año, de los cuales 419 derivaron en la muerte de las/los pacientes. Información del gobierno argentino fechada el 19/08/24).
Fuegos por “intereses enormes”
En cuanto a los incendios forestales, se trata de una calamidad a la cual muchas sociedades del mundo -incluida la argentina- se van/nos vamos acostumbrando y cuyos orígenes son siempre misteriosos. Jamás se aclaran. Sin embargo, lo que al menos pueden conocerse gracias a la labor de militantes, especialistas y a veces también de funcionarios/as, son las condiciones que los hacen posibles.
En un artículo publicado a mediados de septiembre, la socióloga Maristella Svampa explicaba lo siguiente: (Comienzo de cita) “En las últimas décadas, los incendios cambiaron de magnitud. Están por todos lados y ocupan cada vez más espacio en las noticias. Por su magnitud y escala, se trata de megaincendios. Resultaría contraproducente seguir entendiéndolos como ‘desastres naturales’ sin problematizar la noción de ‘desastre natural’. Estos incendios son producto de la crisis climática que estamos atravesando como planeta, algo directamente asociado con la dinámica del capitalismo neoliberal, cuyo carácter concentrador y ecocida acelera aún más la espiral del colapso ambiental. (…)
“Gran parte de los múltiples focos de incendios que hoy se esparcen son disparados por el cambio climático, con el aumento de las temperaturas, el estrés hídrico y la sequía. (…)
“También sabemos, y nadie puede hacerse el distraído, que muchos incendios son intencionales, porque son enormes los intereses de quienes buscan arrasar los territorios, desmontando montes, bosques y humedales, y utilizar la tierra para actividades económicas, sin respetar los ciclos de la naturaleza. Esto sucede con la expansión de monocultivos como la soja, de la ganadería extensiva (la expansión de la industria cárnica es una suerte de tabú, que nadie quiere abordar, tanto o peor que la soja, por el aumento en las emisiones de CO2), y, por supuesto, el avance de emprendimientos inmobiliarios. Todas estas actividades requieren desmonte y cambios en el uso del suelo.
“Todos recuerdan ‘el día del fuego’ instaurado hace unos años por el expresidente J. Bolsonaro en Brasil, en el que los ganaderos y otros productores salen a hacer las quemas, práctica que está muy difundida tanto en Paraguay como en Argentina y Bolivia. (…)
“Difícil sería negar que la Argentina atraviesa uno de sus momentos más oscuros, de la mano de un gobierno de extrema derecha que además de favorecer a los sectores más ricos y concentrados, de arrasar con nuestros derechos, de buscar disciplinar a la sociedad y de desmantelar el Estado, es también negacionista desde el punto de vista climático (como lo son D. Trump y J. Bolsonaro). En esa línea no hay nada que esperar.
“Este gobierno empeorará los impactos en términos de colapsos climáticos localizados. Mucho más ahora que se aprobó el RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones), que construye un régimen de privilegio para las inversiones superiores a los US$200 millones. No cabe duda de que dichos emprendimientos significarán una mayor expansión de la soja, de la ganadería extensiva, del llamado ‘desarrollo inmobiliario’, y de todo tipo de extractivismo, transnacional y de capitales nacionales”. (Fin de la cita).
(El texto de Svampa se difundió en plena crisis por los incendios forestales en Córdoba el mes pasado. Fue publicado en el sitio web de noticias elDiarioAr y reproducido por la Asociación de Abogadxs Ambientalistas. Artículo del 19/09/24).
Negocios con tierras incendiadas
Cuando la sociedad entra en pánico por la difusión en medios y redes de imágenes y testimonios referidos a la propagación apocalíptica del fuego, reaparece en el debate político la trascendencia de la ley de Manejo del Fuego y los intentos por derogarla.
Promulgada en 2013, la norma tuvo una reforma fundamental a fines de 2020, en uno de los momentos más trágicos de la pandemia del Covid. Esa vez se fijaron cláusulas para prohibir cualquier modificación en el uso de superficies afectadas por incendios intencionales o accidentales. La prohibición quedó establecida por el plazo de 60 años para el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, y por 30 años para zonas agrícolas, praderas, pastizales y matorrales. (Información del portal El Destape, nota del 24/09/24).
A mediados de este año, el diputado nacional Beltrán Benedit (de La Libertad Avanza) propuso derogar la ley de Manejo del Fuego por considerar que “viola al derecho a la propiedad privada”. Su eliminación había sido reclamada, entre otras cámaras empresariales, por la Sociedad Rural y la Cámara de Inmobiliarias Rurales.
Desde el gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, salió a explicar que la ley “no prohíbe la venta de las tierras” sino que “limita el cambio de uso del suelo” por 30 o 60 años, según los casos, con el propósito de “evitar los incendios especulativos para fines comerciales o emprendimientos inmobiliarios”.
Agregó que prender fuego intencionalmente “es una práctica muy común” que arrasa con humedales, bosques y otros ecosistemas vitales. Contra esas tragedias provocadas, “la ley busca prevenir los incendios desincentivando la posibilidad de hacer negocios con las tierras incendiadas”, dijo la funcionaria bonaerense. (El planteo derogador de Benedit y la respuesta de Vilar fueron reflejados por el sitio La Política Online. Nota del 18/07/24).
Dentro de la catástrofe general
La primavera comenzó a transcurrir hace pocas semanas en esta parte del mundo, pero desde ya se pueden advertir las perspectivas de un verano de grandes adversidades para la población de nuestro país, y para la naturaleza junto con la cual se desarrolla la vida humana.
Y todo dentro de la catástrofe humanitaria, económica y social que está provocando el régimen de ultraderecha encabezado por Javier Milei, quien se propone destruir el Estado desde adentro -como él mismo declaró impunemente- a fin garantizarle el mayor poderío posible a los sectores dominantes y la máxima rentabilidad a las élites capitalistas.
“El dengue llegó a la Argentina para quedarse”, es la previsión unánime de científicos/as y especialistas en el tema. (Una de las múltiples advertencias al respecto fue formulada por el Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, Cepave, que depende de la Universidad Nacional de La Plata, UNLP, y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Conicet. Posteo de la UNLP).
También empeorarán la frecuencia y los efectos destructivos de los incendios forestales, una situación terrible potenciada desde el gobierno nacional por imperio de sus propias bases ideológico-conceptuales.
El mileíso es negador del colapso climático a nivel mundial, y además ejerce un completo desprecio por los derechos de las personas, el bienestar general de la población, la protección de los bienes comunes y el resguardo de la naturaleza.
A todo ello se agregarán las interrupciones en el suministro eléctrico, de forma notoria en las grandes ciudades, y a pesar de la baja del consumo debido a la crisis económica provocada por las política del oficialismo. (Datos del diario Ámbito, nota del 24/09/24).
En nuestro país los cortes registraron un pico histórico hace tres décadas y media, durante la crisis energética de fines de 1988 y comienzos de 1989. (En enero de 2019, el portal Infobae publicó un artículo “a 30 años del verano que vivimos sin luz”). Nota del 06/01/2019).
El gravísimo deterioro del servicio fue utilizado aquella vez para propagandizar la privatización de la energía, que sería perpetrada poco después por el gobierno de Carlos Menem como parte de un nuevo asalto sobre Argentina de los llamados “mercados”, en el inicio de la segunda etapa -la primera fue bajo la dictadura- del modelo capitalista salvaje comunmente llamado “neoliberal”.
A partir de 2012, en Buenos Aires y en las ciudades y localidades vecinas, la población padeció cortes de luz en múltiples ocasiones durante las épocas de calor extremo. Un factor preponderante fueron los “incumplimientos” de las compañías privadas Edesur y Edenor. (Reporte elaborado hace un año y medio por la organización Chequeado. Artículo del 28/03/2023).
Hacia la próxima temporada veraniega, y junto al desastre económico y social que afecta a la gran mayoría de los hogares, tendrán lugar en el país un brote de dengue peor al sufrido meses atrás, también nuevos incendios que destruirán riquezas naturales irrecuperables y pondrán en riesgo vidas humanas y bienes materiales, y además graves problemas en el suministro eléctrico.
No serán fatalidades del destino. La ultraderecha gobernante genera las condiciones para que distintas calamidades que Argentina padece desde hace tiempo, ocurran en mayor magnitud y produzcan consecuencias cada vez más perjudiciales.
(*) Publicado en www.vaconfirma.com.ar
