Por Gabriela Calotti
El anuncio que en junio pasado hizo el presidente Alberto Fernández sobre la intervención de Vicentin, un conglomerado industrial de productos primarios y una de las principales exportadoras de cereales del país, puso también el foco en la complicidad de esa empresa durante la dictadura. El aparato represivo persiguió, secuestró y desapareció a trabajadores de la planta de la ciudad santafesina de Avellaneda, donde sigue estando su casa matriz.
Vicentin fue llevada a la quiebra por sus dueños, quienes sin embargo, tras la derrota electoral de Mauricio Macri en 2019, siguieron recibiendo millonarios préstamos del Banco Nación pese a que ya estaba en cesación de pagos. Uno de los miembros más recientes de su directorio, Gustavo Nardelli, fallecido esta semana, fue el mismo que desafiaba la cuarentena paseándose en su yate por el río Paraná, como otra muestra más de la impunidad de los ricos.
La estafa económica sirvió para traer al presente la memoria de algunos sobrevivientes sobre la complicidad empresarial de Vicentin con la represión ilegal. En este marco, la Liga Argentina por los Derechos Humanos presentó una querella en la continuación de la Causa 50 / Base Aérea que hace diez años iniciaron residentes en la ciudad de Reconquista. Al cabo del juicio que había comenzado en 2012, fueron condenados represores pertenecientes a la Brigada Aérea de Reconquista y expolicías santafesinos.
«En los años del terrorismo de Estado, Vicentin articuló con la dictadura en dos planos: en un plano operativo con Aeronáutica, que estaba al frente de la subzona de Reconquista dentro del II Cuerpo del Ejército, y motivo de ello es que denunciaba a los trabajadores activistas. Al menos veintidós fueron despedidos, perseguidos, torturados y estuvieron un tiempo secuestrados y desaparecidos. Luego pasaron diversas temporadas en la cárcel de Coronda, en la provincia de Santa Fe», explicó esta semana a Contexto José Schulman, secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
El fiscal Roberto Salúm, de Reconquista, reabrió la causa por privación de la libertad que involucra a la empresa Vicentin. De aquellos veintidós que fueron secuestrados entre enero y noviembre de 1976, al menos catorce eran delegados. Fueron secuestrados en la fábrica o en sus casas en Avellaneda.
Como querellante, la Liga puso a disposición del Ministerio Público los testimonios de Schulman y Carlos Del Frade. Schulman compartió cautiverio con los detenidos de la empresa en Coronda, y Del Frade es diputado provincial de Santa Fe y autor de decenas de libros sobre la historia económica y social de la provincia. Sus testimonios se sumarán a los de sobrevivientes como Oscar «Cacho» Zarza, por entonces delegado del gremio aceitero, y Efrén Venturini, delegado general, que hoy tiene setenta años y sigue esperando justicia por él y sus compañeros.
La Liga presentará además a un testigo, Juan José Luis Gil, «un represor que en 2010 confesó haberse infiltrado en Vicentin», explicó Schulman. Gil fue agente de la guardia rural Los Pumas y luego apareció en listas de personal civil de inteligencia.
A principios de julio, la Liga indicó en un comunicado que el jefe de personal de Vicentin en los setenta, de apellido Tonietti, señalaba a los trabajadores que luego serían secuestrados, entre los que figuraban Adelqui Gavirondo, Estanislao Zunini, Eldo Zorat, Anibal Gall y Oscar Ortiz.
Venturini fue secuestrado en la fábrica. Estuvo diez días desaparecido en la comisaría de Avellaneda y luego en la jefatura de Reconquista. Terminó en la ciudad de Santa Fe. Efrén fue secuestrado por la Policía Caminera y trasladado a la Guardia de Infantería Reforzada (GIR). Terminó en la Comisaría 4ª de Coronda, según precisiones brindadas por la Liga.
Heraldo Sinchez recibió el telegrama de despido el mismo día en que lo secuestraron. «De la jefatura de Reconquista me llevaron a la Base Aérea, donde me torturaron por días. Después a la GIR, había muchos obreros de Vicentin ahí. Al mes me largaron», relató al organismo de derechos humanos.
Lejos de ser una pequeña empresa «familiar», el Grupo Vicentin SAIC está formado por veinte empresas dedicadas al almacenamiento, molienda y exportación de cereales; tiene su propio puerto sobre el río Paraná; vende aceite comestible y tiene dos hilanderías. Produce además biodiésel, glicerina y jugo concentrado de uva que también exporta. Es una de las cinco empresas alimenticias más relevantes del país, con su sede en la localidad de Avellaneda, en el norte de Santa Fe. Está presente además en Chaco, Formosa, Santiago del Estado, San Juan y Mendoza y posee una planta de hilandería en Brasil.
«Avellaneda se encuentra en una región que lleva la huella histórica del dominio feroz de los monopolios británicos conocidos como ‘La forestal’», contó Schulman, santafesino conocedor de su provincia y de la historia que nunca se cuenta. Esos monopolios fueron los que «durante la primera mitad del siglo XX se quedaron con el norte santafesino como pago de una supuesta deuda externa de la provincia y luego construyeron un emporio de tanino, sustancia del quebracho que se usaba para curtir el cuero. En esa zona imperaron formas esclavistas de trabajo y Vicentin heredó esas tradiciones», explicó el dirigente comunista.
La querella de la Liga «agotará todos los recursos jurídicos» para probar que «la empresa se asoció a un plan genocida en procura de beneficios directos. Esos beneficios directos consistieron en la donación de un puerto privado de agua profunda que la dictadura le regaló a Vicentin y las consecuencias de desmantelar la Junta Nacional de Granos, que empezó en el 79». Para Schulman esos dos factores le permitieron «durante décadas a Vicentin hacer todo tipo de maniobras de contrabando, de robo, de ocultamiento de información».
Schulman analiza que «la dictadura constituyó un segundo momento de acumulación originaria de capital y muchas de las grandes empresas y fortunas que hoy dominan la Argentina tienen su origen o se potenciaron en aquella época».
Vicentin forma parte de lo que se conoce como «la burguesía del litoral, a la que en los años sesenta se le había dado un carácter romántico como si fueran ‘buenos chacareros’ y resultó que eran los herederos de los que mataron a los indios, de los que robaron las tierras y se asociaron primero a los británicos y luego a los norteamericanos y han dominado el comercio exterior y con ello las divisas, que es el punto de control de la economía argentina, ya que la suba y baja provoca las sucesivas crisis», concluyó Schulman.
La complicidad cívico-empresarial con la dictadura y con el terrorismo de Estado tiene en Argentina muchas marcas detrás de las cuales hay apellidos y grandes fortunas que se incrementaron haciendo negocios con gobiernos militares, y con el resto también: Acindar (propiedad de la india Arcelormittal), Ford, Ledesma, Veloz del Norte, Compañía Minera El Aguilar, La Nueva Provincia, las empresas del grupo Macri, entre otras; y por supuesto sus socios mediáticos: el Grupo Clarín y el diario La Nación.
