El gobierno de María Eugenia Vidal envió una circular a los municipios bonaerenses para que se hagan cargo por dos años de los “mantenimientos preventivos y correctivos” de los establecimientos escolares. La medida de trasladar funciones del área de infraestructura escolar a las comunas se lleva adelante mientras las comunidades educativas y los sindicatos docentes piden mejoras en las condiciones edilicias, sobre todo tras las muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez en la explosión de la Escuela Nº 49 de Moreno. En ese distrito son más de doscientas las escuelas que no tiene clases por el ruinoso estado edilicio.
El acta denominada “Acuerdo de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Infraestructura Escolar” tiene como objeto que cada municipio “proporcione los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo sobre los establecimientos” de los distritos “a efecto de conservarlos en óptimas condiciones de funcionamiento y habitabilidad”.
En la segunda cláusula del acta se detalla que el mantenimiento correctivo refiere a la realización de “las acciones y reparaciones que resulten necesarias para recuperar la funcionabilidad y seguridad de los edificios, instalaciones cuando y donde se produzcan averías o anomalías que las deterioren, disminuyan o afecten su funcionamiento”. Entre estas tareas que serían delegadas en los intendentes se encuentran las instalaciones de gas, eléctricas, sanitarias, el arreglo de techos, cerramientos, así como las medidas de seguridad e higiene.
El personal designado para estos trabajos tendrá que ser “designado y/o acreditado” de manera “exclusiva” por cada municipio. También la provisión de materiales, supervisión y equipos para la ejecución del mantenimiento y asesoría técnica quedan en manos de cada distrito.
“El municipio será el único responsable del personal que emplee con motivo de los trabajos a que se refiere este acuerdo, respecto de las obligaciones laborales, fiscales, de seguridad social y civiles que resulten”, señala el acta.
Desde la oposición en el Consejo Escolar de La Plata cuestionaron esta medida. “Hay un avasallamiento sobre las facultades constitucionales de los organismos, porque Provincia pasa obligaciones pero no habla de fondos. No se puede quitar de encima sus responsabilidades en el sistema educativo”, dijo a Contexto Emanuel Insaurralde, consejero escolar de Unidad Ciudadana.
“Provincia da por sentado, como si esto fuera una empresa, que los municipios tienen los fondos del Fondo de Financiamiento Educativo y con eso tienen que resolver”, apuntó Insaurralde. Y continuó: “Además, no pueden tocar la plata que entra al Fondo Compensador de los Consejos Escolares porque es una partida específica para el organismo, y no hay chances de que el Consejo Escolar seda sus ingresos”.
