Mientras día a día se suman más penitenciarios a la huelga de hambre generalizada entre internos, la Justicia comienza a advertir sobre la grave situación que atraviesan las cárceles bonaerenses debido a los niveles de superpoblación legados por la gestión de María Eugenia Vidal. En tanto, el nuevo ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, se pronunció sobre las paupérrimas condiciones a las que son arrojadas las poblaciones carcelarias.
Fue a través de la Resolución 3341-19 que la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires expresó una serie de advertencias a la nueva gestión bonaerense de Axel Kicillof sobre el estado de situación, al mismo tiempo que arroja sugerencias para aliviar el hacinamiento de las casi 50 mil personas que hoy están alojadas en cárceles provinciales.
Adrián Corvalán (abogado especialista en Derecho Penal): «El agravamiento de la situación carcelaria de Provincia, sobre todo en los últimos tres años, fue gravísimo».
«Hoy tenemos una inmensa superpoblación, la más alta que se haya registrado en la historia de la provincia de Buenos Aires. El Tribunal de Casación de la Provincia ya había calificado esta situación como una ‘crisis humanitaria’ en el mes de septiembre. La Corte ahora nos notificó la necesidad de conformar una mesa de diálogo con todos los sectores», manifestó Alak, quien recordó que de los 49.400 internos que hay en la actualidad solo cuentan con 24.000 plazas disponibles, lo que arroja a unas 20.000 personas a una situación de extrema vulnerabilidad.
«El agravamiento de la situación carcelaria de provincia, sobre todo en los últimos tres años, fue gravísimo. La anterior gestión agarró las cárceles con 30.000 personas y la devolvió con casi 50.000. Esto es algo que solo se va a poder resolver con una reforma estructural profunda de la legislación penal. Hay un problema de infraestructura que se va agravando por una legislación que no guarda congruencia con la realidad», dijo a Contexto Adrián Corvalán, abogado especialista en Derecho Penal y Criminología.
«Las cárceles tienen una capacidad operativa para no más de 22 mil personas alojadas. Hoy está en más del doble de la capacidad. Por ejemplo, en 2017 se sancionó una ley que modifica la pena de ejecución penal. Esta ley impide salidas transitorias a determinados tipos de delitos. Como es de 2017, el momento de ejecución de la pena recién va a pasar dentro de dos años. Es decir, todavía ni siquiera estamos pagando las consecuencias de esa ley. Esto significa que el año que viene nos va a explotar una bomba en las manos», expresó Corvalán.
El especialista calificó la modalidad de legislación en materia penal como «esquizofrénica», ya que se «legisla en función del humor social». El letrado agregó: «Hoy tenemos 50 mil tipos encerrados cuando muchos de ellos podrían estar cumpliéndolas con arrestos domiciliarios, con un montón de sistemas de monitoreos alternativos. Eso hay que hacerlo. Hay que sentarse víctimas, victimarios, jueces, especialistas y todos los actores del sistema para hacer algo serio».
Cabe destacar que entre los puntos dispuestos por la Justicia bonaerense en la Resolución se establece la «absoluta prohibición de alojamiento de menores, personas enfermas y mujeres embarazadas en dependencias policiales», como también la atención inmediata a los casos de alojamiento de detenidos en comisarías clausuradas, para lo cual se demanda la creación de un Registro de Clausuras. Este punto toma relevancia con el antecedente inmediato de la Masacre de Esteban Echeverría, ocurrida en una comisaría que estaba inhabilitada por orden oficial.
Además, se recomienda el «uso racional de la prisión preventiva, el uso de medidas alternativas o morigeradoras de la prisión preventiva, excarcelación extraordinaria y en su caso del sistema de monitoreo electrónico». Este último es uno de los reclamos que ha sido planteado en las últimas semanas por las diversas huelgas en las cárceles bonaerenses.
El especialista calificó la modalidad de legislación en materia penal como «esquizofrénica», ya que se «legisla en función del humor social».
También se plantea la posibilidad de reubicar internos en cárceles de otras jurisdicciones provinciales, siempre y cuando no afecte los vínculos familiares o cuando el traslado pudiera aminorar esas distancias. El informe expresa: «Promover el alojamiento de los detenidos en Unidades Penitenciarias federales o de otras provincias, a cuyo efecto se deberán suscribir e implementar los convenios que fueren necesarios, para el universo de población que no recibe visitas, o si esa reubicación pudiere favorecer un mejor acercamiento familiar, y siempre que se contare con la anuencia de los interesados».
Cabe destacar que durante su gestión frente a la cartera de Seguridad de la provincia, el ahora exministro Cristian Ritondo había dicho de manera pública que «prefería a los delincuentes amontonados antes que libres». Las consecuencias de ese paradigma, luego de cuatro años de gestión de Cambiemos, muestra ahora su aspecto más preocupante.
