Tras la conferencia de prensa que brindó ayer María Eugenia Vidal, el titular de la cartera laboral bonaerense, Marcelo Villegas, justificando que “se perturba la paz social al impedir el inicio del ciclo lectivo”, anunció que solicitó al ministro de Trabajo nacional, Jorge Triaca, que se evalúe la quita de la personería gremial a FEB, UDA, Udocba, Sadop y Suteba, los cuatro gremios que no acataron la conciliación obligatoria.
“Hicimos una presentación al Ministerio de Trabajo de la Nación solicitando intervenga como autoridad de aplicación primaria en tema de personería”, explicó el titular de la cartera laboral, y agregó que se inició “un sumario tendiente a verificar el incumplimiento de los extremos legales que justifican el uso de la personería y eventualmente apliquen la sanción que corresponda”.
La noticia llega un día después de que unos 70.000 docentes y estatales salieron a las calles de La Plata en defensa de la educación pública y para exigir paritarias nacionales, al tiempo que rechazaron y calificaron de “chantaje” la propuesta de Vidal de otorgarles un aumento del 18% en tres cuotas y un beneficio a aquellos que no adhieran al paro.
De concretarse el pedido de Villegas, les quitaría el reconocimiento legal a los sindicatos y no contemplaría la representatividad que tienen estos hacia los trabajadores. De esta forma, la negociación podría continuar con AMET, SOEME y UPCN, los gremios que sí acataron este llamado y que están dispuestos en cerrar a la baja.
Desde el Frente Gremial Docente califican esta conciliación como ilegal. Cabe destacar que las conciliaciones siempre tienen tres partes: el sector trabajador, el empleador y el Estado que media entre estos dos primeros. En este contexto, el Estado resulta ser “juez y parte”, por lo que el llamado es ilegítimo.
El Defensor del Pueblo de la provincia, Guido Lorenzino, se propuso en tanto a hacer de “intermediario” entre ambas partes, pero el ministro se opuso. “Tenemos que cumplir la ley. Obviamente, los buenos oficios son bienvenidos, pero tenemos que cumplir la ley y hay un ámbito que es la conciliación obligatoria que debemos acatar”, sostuvo Villegas.
Por otra parte, Villegas detalló que «se está evaluando la aplicación de multas a los gremios docentes que hayan adherido a medidas de acción directa existiendo un proceso de conciliación obligatoria». Para ello, están recabando material periodístico que refleje estas acciones.
El juez en lo Contencioso y Administrativo Luis Arias señaló que esto atenta el derecho a huelga. “Existe el derecho a huelga que está consagrado en la Constitución. Si es un derecho no tiene por qué estar sujeto a condición alguna. Es un derecho constitucional, no tiene que tener consecuencias como los descuentos salariales o la quita de personería gremial”, sostuvo el magistrado.
