Por José Welschinger Lascano
La emergencia, un estado de excepción que permite al Poder Ejecutivo actuar por encima de sus facultades, continúa siendo la principal estrategia de gestión de María Eugenia Vidal. A casi cinco meses de su llegada a la provincia, la gobernadora ya ha enviado a votación proyectos para decretar la emergencia en Infraestructura, Administración y Tecnología, una medida diseñada para eludir los controles del Estado, facilitar la flexibilización laboral y agilizar las contrataciones públicas a las empresas privadas.
Luego de que se aprobara en la legislatura bonaerense un nuevo proyecto de Emergencia, el bloque de senadores del Frente para la Victoria (FpV) advirtió que Vidal sólo está utilizando este recurso como una estrategia para sortear las instancias políticas que limitan su poder dentro de la provincia.
La senadora bonaerense Mónica Macha apuntó contra las intenciones de fondo en la estrategia de Vidal: “La Emergencia Administrativa habilita al Ejecutivo a flexibilizar y precarizar el empleo público justamente en un momento de grave emergencia real en materia de aumento de la desocupación: buscando recovecos legales para echar trabajadores sin tener que dar explicaciones, amparándose en una emergencia simulada”.
En palabras de la senadora, la principal preocupación del bloque está en las compras, las contrataciones, y el manejo de fondos permanentes de bienes y servicios que la emergencia administrativa autoriza para el Poder Ejecutivo. A su vez, Macha descartó que las leyes impulsadas por Vidal sean una respuesta para la situación de la provincia de Buenos Aires. “La gobernadora vive de emergencia en emergencia, sin criterios, ni pruebas, ni argumentos para justificar las medidas”.
Para la legisladora bonaerense, nadie que haya pasado por la experiencia de gobernar el Estado puede aceptar que todo se transforme en una emergencia. “Gobernar es convivir y resolver los problemas mediante los mecanismos democráticos, y no en una continua situación de excepción”. Y remató: “En lugar de seguir inventando emergencias, Vidal tiene que aprender a gobernar”.
Para Macha, el proyecto enviado a la legislatura por la gobernadora es “tan inaceptable, que básicamente lo que nos está diciendo es que todo el Estado provincial, y sus procedimientos administrativos, están en emergencia”. Según comentó la legisladora, no existen elementos aportado en el proyecto de Emergencia Administrativa que expliquen a qué se refiere Vidal cuando habla de «situación crítica y extrema que no la deja gobernar».
“No han presentado ningún diagnóstico, informe, relevamiento o descripción de esta supuesta situación crítica y extrema que requiere de tan extremas medidas como una Ley de Emergencia”, relató Macha.
¿Para qué sirve la emergencia?
Una clave de lectura para este conflicto se encuentra en que, entre sus principales atribuciones, el proyecto redactado por las figuras del gabinete provincial más cercanas a Vidal habilita al Ejecutivo a flexibilizar y precarizar el empleo público, estableciendo la masificación de la figura del contrato de locación.
Bajo la sombra de la emergencia, el proyecto de Ley impulsado por Cambiemos y respaldado por su aliado Frente Renovador junto a parte del Partido Justicialista, modifica permanentemente varias leyes provinciales, como las de Subsistema de Contrataciones del Estado (13.981), Administración Financiera (13.767) y de Ministerios (14.803); sin debate y por fuera del marco institucional correspondiente.
Lejos de considerar que estas medidas conduzcan hacia el progreso de los bonaerenses, desde el bloque de senadores del FpV denunciaron que lo único que pretende María Eugenia Vidal es gobernar en un estado de emergencia permanente, que le permita eludir los controles y mecanismos de seguimiento previstos en la legislación vigente, sin justificación ni información concreta que respalde el supuesto estado de excepción, como sucedió recientemente en el caso de la declaración de Emergencia provincial en Infraestructura.
“En lugar de flexibilizar el empleo público –sostuvieron desde el bloque kirchnerista–, la provincia necesita en forma urgente declarar la emergencia laboral, y que se implementen políticas para proteger el trabajo de los bonaerenses”. Para los senadores del Frente para la Victoria, el proyecto aprobado es de naturaleza inconstitucional y desconoce la división de poderes.
“Atribuye al Ejecutivo competencias que son propias del Legislativo –explicaron–, como la facultad de prorrogar la propia declaración de emergencia; y, por otra parte, se está desvirtuando el rol del Poder Legislativo al crear una Comisión Bicameral de seguimiento vacía de contenido y sin capacidad efectiva de control”.
La emergencia aprobada el jueves por la legislatura implica la desnaturalización de los organismos de control establecidos en la Constitución provincial (Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de la provincia y Fiscalía de Estado), afectando sus atribuciones y competencias e incluso anulando su actuación con el objetivo de flexibilizar los controles.
Los senadores que se opusieron a la Ley de Emergencia Administrativa insistieron en que uno de los principales perjuicios instrumentados por este proyecto está en la autorización al Ejecutivo para realizar compras y manejar fondos permanentes de forma discrecional e ilimitada.
