Por Brunella De Luca y Rocío Cereijo*
Despidos masivos en el ámbito público y privado, promoción y puesta en marcha de un nuevo protocolo para reprimir, persecución ideológica, detenciones ilegales, tortura pública y clausura de espacios culturales son algunos de los ejemplos que ilustran la violencia que ejerce el Estado a diario.
Si bien en los últimos años se produjo un avance en la problematización y abordaje de la violencia institucional mediante las acciones de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional, la creación de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) y la apertura de espacios de discusión barriales que abordan la temática; el retroceso actual es notable y se encarna en diversas experiencias a nivel municipal, provincial y nacional.
La lista de medidas que perpetuán y promueven la violencia institucional continúa extensamente y, nuevamente, los jóvenes son los más vulnerados; los pibes de los barrios más humildes siguen siendo víctimas de la demagogia punitiva. Pero ahora, también es condición estigmatizante la identidad política: a los numerosos ataques a militantes y locales partidarios kirchneristas se suma el caso de Facundo Ballesteros, concejal del Frente para la Victoria de San Andrés de Giles cuya casa fue allanada por la justicia y la policía, y el de Lautaro, de 17 años, militante secuestrado y torturado en la localidad de Miramar. La persecución ideológica ha llegado a tal extremo que una de las principales dirigentes políticas a nivel nacional, Milagro Sala, permanece detenida ilegalmente.
Asimismo, bajo la excusa de “eliminar a los ñoquis”, se ha dejado a miles de familias sin trabajo y se han cerrado programas y políticas públicas. El plan económico del macrismo cayó con su mayor peso sobre el escenario platense, dejando a miles de trabajadores despedidos. Esta operación se presenta como una clara continuidad con un modelo económico que no puede llevarse a cabo sin desplegar de forma sistemática estrategias represivas y, por supuesto, para entrar en sintonía con el nuevo modelo, en esta ciudad no faltaron las balas de goma, detenciones, persecuciones y golpes.
En este marco, semanas más tarde la ministra Patricia Bullrich dijo: “No queremos vivir cuatro años más donde la regla sea el corte. El Gobierno del presidente Macri no va a permitir que las calles sean una zona de permanente caos y problemas”, es decir, identificó inseguridad con protesta social y ratificó la aplicación del nuevo Protocolo de Seguridad que se encargará de “controlar” las manifestaciones y protestas en la vía pública.
En continuidad con una matriz histórica de derecha, actualizada en un proyecto profundamente neoliberal y excluyente, el PRO introdujo el uso público de la picana eléctrica mediante el equipamiento de la Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las pistolas Taser X26. La Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó su uso mientras el actual presidente desempeñaba el cargo de Jefe de Gobierno porteño. Por su parte, el gremio de trabajadores de establecimientos educativos y de minoridad SOEME denunció hace pocos días el uso de armas eléctricas en la represión de una manifestación en el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires por parte de la policía bonaerense, que no tiene autorización para usar ese tipo de armas. Si bien las autoridades provinciales desmintieron el hecho, existen fotos de los trabajadores de SOEME lesionados con armas eléctricas y la justicia investiga los hechos.
No es la primera vez que en nuestra historia reciente las cargas represivas de la sociedad, el Estado y el mercado recaen sobre las juventudes. Pero esta nueva era no sólo reactualiza formas represivas de los momentos más oscuros de nuestra historia, sino que también formaliza y normativiza el ejercicio de la violencia institucional. El nuevo gobierno apuesta por desarticular el tejido social obturando el acceso al trabajo, a la salud, a la justicia, destruyendo la soberanía y además liberando el uso de la fuerza letal y no letal sin ningún tipo de control judicial y a la orden del día.
*Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios.
