Por Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios
Una vez más, los titulares del diario El Día han hecho referencia a una serie de delitos ocurridos en la zona céntrica de la ciudad responsabilizando a adolescentes y jóvenes que frecuentan ese lugar. Para describir dichas situaciones, han utilizado los términos “delincuencia juvenil” o “bandas de menores”, conceptos que no sólo culpabilizan a estos sujetxs, sino que además disparan una serie de representaciones sociales que refuerzan estereotipos y criminalizan a un sector específico de la sociedad: lxs jóvenes pobres.
En ese sentido, nos resulta contradictorio el tratamiento mediático que este medio realiza. Como espacio de reflexión e investigación, entendemos que es necesario establecer una actitud crítica y posicionarnos en esta coyuntura, en la cual se señala a lxs jóvenes como el centro del escollo.
Advertimos que, en la agenda mediática de los últimos días, el diario El Día ha hecho referencia a situaciones delictivas y de violencia culpabilizando a una “banda de delincuentes menores” que actúa en el centro de la ciudad. En el cuerpo del periódico se señalan algunas deficiencias de actores clave que son responsables de esta situación. En primer lugar, se responsabiliza al Estado ante las falencias en la aplicación de las leyes Nº 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y Nº 13.298 de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes –que, entre otras cuestiones, establece que lxs niñxs y adolescentes son sujetxs de derecho y que no deben ser sometidos a tratos violento, discriminatorios–. También se hace hincapié en la falta de inversión presupuestaria y el continuo “abordaje” de estos jóvenes desde la represión. Pero, aún reconociendo estas cuestiones, los titulares siguen reproduciendo la lógica criminalizadora y estigmatizante.
Señalamos que esta práctica no sólo se aparta de los lineamientos de la Convención Internacional sobre los niños, niñas y adolescentes, sino que omite completamente las recomendaciones de UNICEF para la cobertura de casos de niños, niñas y adolescentes en las que se sugiere evitar el uso del lenguaje peyorativo y estigmatizante y del término “menores” para referirse a jóvenes en conflicto con la ley penal, ya que da cuenta de una mirada punitiva sobre ellxs. Además, se contradice con los artículos 3 y 17 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y las recomendaciones de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, que, si bien no regulan medios gráficos, son una buena guía para la práctica periodística con perspectiva de derechos en la cobertura de noticias referidas a adolescentes.
Situar en agenda la problemática no sirve para nada si se realiza mediante el armado de equivalencias discursivas que no sólo igualan la condición de menor con pobre y delincuente, sino que además construyen la idea de “bandas” organizadas y armadas. Cabe señalar las cargas estigmatizantes que todas estas palabras tienen. No es ingenuo que sean las más empleadas en sus tapas, títulos y bajadas.
Similar al tratamiento que tuvo este diario durante los últimos meses de 2017, algunos medios hegemónicos de tirada nacional quisieron imponer en la agenda legislativa la baja en la edad de imputabilidad a los catorce años. Para ese entonces, El Día comunicaba que “la banda de los nenes” delinquía en zonas del Barrio Hipódromo y sus alrededores, y los calificaba como “más pequeños, audaces y violentos” y que actúan como “pirañas”. Este medio ha intensificado su señalamiento contra lxs jóvenes respaldando el accionar ilegal de las fuerzas de seguridad, pero también criticando a la Justicia por su falta de acción. En sus notas no se hizo hincapié en la falta de políticas públicas, ni mucho menos en el recorte desde el cambio de gobierno para la contención e inclusión de lxs sujetos en cuestión.
Este tratamiento mediático forma parte de una práctica habitual de este medio de comunicación. Como consecuencia de ello, en 2010, un grupo de adolescentes de entre doce y quince años que se juntaban en Plaza San Martín resultaron heridos después de que varios vecinos intentaran lincharlos. Cuatro años después, la Justicia responsabilizó al Estado por dicha situación, exigiéndole la plena aplicación de la Ley de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez, es decir, más efectores y más programas que impliquen la restitución de los derechos ya vulnerados por el Estado.
Otro de los hechos recientes tuvo como protagonista a Facundo Ferreira, un niño de once años asesinado por la Policía en Tucumán. Hechos como este son habilitados por el consenso político, económico y simbólico de los actores institucionales hegemónicos. Esta muerte forma parte de una larga cadena de violencias y decisiones que involucran a la persona que ejecuta el disparo y a las prácticas de los medios de comunicación oligopólicos que criminalizan y estigmatizan a niños, adolescentes y jóvenes provenientes de sectores vulnerables; pero tiene origen en las decisiones que toma un gobierno en materia de políticas públicas, educación, vivienda, seguridad y promoción y protección de derechos.
Desde el Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios entendemos que son los medios de comunicación y el Estado quienes deben asumir la responsabilidad que tienen sobre su cobertura y su corresponsabilidad como actores sociales en el marco de la leyes Nº 26.061 y Nº 13.298.
* Anabel Urdaniz, becaria doctoral del Instituto Aníbal Ford; Candela Luquet y Gonzalo Mamani, becarios CIN.
