«Pensamos que ha llegado el momento de hablar de Venezuela», sostuvo el presidente Alberto Fernández durante la conferencia que brindó en el marco de la visita del mandatario ecuatoriano, Guillermo Lasso.
Fernández aseguró: «Como primer paso, la Argentina quiere recuperar su vínculo diplomático pleno con Venezuela. Es un paso que estamos dando nosotros y que, en verdad, convoco a todos los países de América Latina a que lo revisemos».
Siguiendo la agenda de Estados Unidos, el anterior Gobierno argentino, presidido por Mauricio Macri, se sumó a la brutal campaña de agresión multiforme contra el pueblo y el Gobierno venezolanos.
Incluso antes de llegar al gobierno, durante la campaña electoral de 2015, Macri había prometido que, de ser presidente, impulsaría sanciones contra el Gobierno Bolivariano. Inmediatamente que asumió la presidencia, Macri puso la política exterior de Argentina al servicio de los intereses de Estados Unidos. Entre los primeros pasos de la agresión, el Gobierno de Cambiemos, junto al Gobierno golpista del brasilero Michel Temer y al del paraguayo Horacio Cartes, impulsaron la suspensión de Venezuela como miembro del Mercado Común del Sur (Mercosur).
En aquel momento, en una entrevista concedida a Contexto, la ex embajadora argentina en Caracas y en el Reino Unido, Alicia Castro, denunció: «Macri es un agente de la desintegración de América Latina. Ha pretendido expulsar a Venezuela del Mercosur, fuera de todo protocolo, fuera de toda legalidad. El sentido de la expulsión de Venezuela es liberalizar la economía y el comercio, adherirse al Acuerdo del Pacífico y firmar acuerdos de libre comercio con la Unión Europea» (Alicia Castro: «Macri es un agente de la desintegración de América Latina»).
En su afán por seguir las políticas dictadas desde Washington, durante el gobierno de Macri, Argentina se sumó a todos los intentos de agresión impulsados por otro de los alfiles del Departamento de Estado en la región, el uruguayo Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Al fracasar los intentos de sancionar a Venezuela en la OEA, los países alineados incondicionalmente con Estados Unidos conformaron el Grupo de Lima, un espacio que tenía como única finalidad agredir al Gobierno de Nicolás Maduro y al pueblo venezolano («El Grupo de Lima: los sospechosos de siempre«).
En ese contexto, el Gobierno de Cambiemos reconoció al autoproclamado presidente Juan Guaidó y a su supuesta representante en Argentina, Elisa Trotta («Argentina reconoce como embajadora de Venezuela a representante de Guaido»).
Como si todo ello fuera poco, según reveló recientemente el periodista Horacio Verbitsky en un artículo publicado en el portal Cohete a la Luna, «Entre abril y julio de 2019, el Ejército (argentino) realizó el ejercicio Puma, que contemplaba la invasión de Venezuela. El ejercicio se ejecutó en siete sesiones en la guarnición de Campo de Mayo y por videoconferencia con la brigada de paracaidistas de Córdoba, la Brigada Mecanizada X de La Pampa y los comandos de la Fuerza de Operaciones Especiales, también de Córdoba. Incluyó además coordinación con unidades de la Armada y de la Fuerza Aérea. Al mando estuvo el general Juan Martín Paleo, quien entonces era comandante de la fuerza de despliegue rápido. Desde marzo de 2020 es Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas».
«Este ejercicio coincidió con la escalada de Estados Unidos contra el gobierno del Presidente Nicolás Maduro, que incluyó el reconocimiento como ‘Presidente encargado’ del entonces presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. La primera sesión conducida por Paleo se realizó el 15 de abril de 2019. El 30, Guaidó encabezó un alzamiento militar denominado Operación Libertad. Un grupo de militares rescató del arresto domiciliario al político opositor Leopoldo López, a quien condujo a una base militar, en la que se acuarteló en espera de pronunciamientos de otras unidades, para repetir el intento golpista de 2002».
«En Buenos Aires, el entonces Presidente Maurizio Macrì se pronunció en favor de los golpistas, desconoció al Presidente Maduro y trató como jefe de Estado a Guaidó. Pero más del 80% de las Fuerzas Armadas permanecieron leales al gobierno».
«La asistencia humanitaria y la defensa de los derechos humanos son las excusas habituales de Estados Unidos para sus intervenciones en cualquier lugar del mundo. En la planificación del Puma, la fuerza de despliegue rápido forma parte de una fuerza multinacional, creada por una resolución figurada de las Naciones Unidas (que nunca ocurrió en la realidad). Estados Unidos recurre al multilateralismo cuando consigue las voluntades suficientes. De lo contrario, forma una coalición de naciones denominadas voluntarias que actúan en forma unilateral, como en la invasión a Irak de 2003. Además de la fuerza de despliegue rápido, con su Compañía de Comando y su Sección de Inteligencia, participaron efectivos de la Brigada Aerotransportada IV de Paracaidistas, la Brigada de Infantería Mecanizada X y los comandos de la Fuerza de Operaciones Especiales». («Un general paleo(lítico)»).
Tras la derrota del macrismo en las elecciones de 2019, el nuevo Gobierno argentino se corrió de ese alineamiento total con las políticas norteamericanas hacia Venezuela. Inmediatamente, Fernández reconoció al Gobierno legítimo y legal de Nicolás Maduro y quitó las credenciales otorgadas por Macri a la representante del autoproclamado Guaidó («Le retiraron el placet a la embajadora de Guaidó en la Argentina»), Argentina también se fue del Grupo de Lima («Argentina se retira del Grupo de Lima»), pero durante estos dos años de gobierno del Frente de Todos no había restablecido plenamente las relaciones diplomáticas con Venezuela (a pesar de que Caracas sí tenía esa intención).
Fernández aseguró que «ha llegado el momento de hablar de Venezuela», y que «hay que ayudar a Venezuela», pero ello también implica reconocer lo que ha representado la agresión norteamericana contra ese país y la complicidad de los Gobiernos títeres de la región.
El brutal bloqueo económico contra es pueblo venezolano ocasionó pérdidas por miles de millones de dólares. Como bien explicó en una entrevista con Contexto Jesús Faría, economista y miembro del Directorio Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), los efectos del bloqueo han afectado gravemente la estructura productiva de ese país y, por ende, la calidad de vida de su pueblo.
«Las sanciones imperiales que ha establecido el Gobierno de Washington contra Venezuela han restringido fuertemente el desempeño económico de nuestro país. El bloqueo tiene diferentes vertientes, la más importante, sin lugar a dudas, es la petrolera. Hay que recordar que la exportación petrolera representa el 95 % de las divisas que obtiene Venezuela (un país que, a su vez, tiene una alta dependencia de las importaciones). A ello se agrega que el 70 % de todos los ingresos públicos también tiene su origen en la actividad petrolera».
«Ahí es donde se ha afincado con más fuerza la política criminal de bloqueo económico. Nuestros mercados de petróleo han desaparecido bajo la amenaza de sanciones a todas aquellas empresas y naciones que compren nuestro petróleo. Lo mismo pasa con la posibilidad de transportarlo. Se cuentan por decenas las compañías navieras que en el pasado comercializaban nuestro crudo y han recibido las amenazas del Departamento del Tesoro norteamericano».
«La adquisición de tecnología para las estructuras productivas de nuestro país está prácticamente cerrada. Lo mismo pasa con el financiamiento».
«Las empresas que se encontraban en nuestro país, incluyendo las estadounidenses, se tuvieron que ir. Nuestros activos y cuentas de la industria petrolera han sido incautados. El caso más conocido es el de nuestra empresa petrolera Citgo, que tiene un valor aproximado de 10.000 millones de dólares y ha sido incautada por Estados Unidos. En Colombia hemos perdido la empresa petroquímica Monómeros, una de las cincuenta mayores empresas que están en ese país».
«Todo eso ha causado el desplome de la producción y del ingreso petrolero. Eso ha arrastrado a toda la economía».
«Hemos perdido aproximadamente 30.000 millones de dólares en activos, cuentas, oro depositados en bancos y los fondos financieros en el extranjero».
«Hay cálculos que indican que las sanciones norteamericanas representan una pérdida directa de 120.000 millones de dólares», remarcó Farías.
Hablar de Venezuela implica también hablar de las acciones violentas, las famosas guarimbas que llevaron adelante los grupos violentos, impulsados organizados y financiados por Estados Unidos, para intentar derrocar al Gobierno. Implica hablar de los intentos de intervención militar y del intento (o los intentos) de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro («Maduro: ‘Juan Manuel Santos está detrás de este atentado'»).
«Hablar de Venezuela» implica hablar de todo ello y de mucho más. Bienvenida la decisión del Gobierno argentino de restablecer los vínculos diplomáticos plenos con un país hermano del que nunca debimos distanciarnos.
