Por Nicolás Bernardo y Pablo Bilyk
La pelea entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao del sábado pasado fue uno de los espectáculos deportivos de mayor relevancia de los últimos años y que ha despertado más interés en el público mundial, alcanzando cifras de audiencia gigantescas y generando ingresos de miles de millones de dólares por la televisación. En Argentina se estima que fue vista por más de tres millones de personas.
Quienes quisieron ver el combate por televisión en Estados Unidos tuvieron que pagar 100 dólares en concepto de Pay Per View (PPV); en Canadá, 78.88; en Australia, 47.94; en Nueva Zelanda, 38.51; en Inglaterra, 30.79; en Singapur, 30.24; en Alemania, 22.06; y en España, 13.23. En otros países, como Perú o México, en el que hay un mercado robusto para la televisación de boxeo, las transmisiones estuvieron a cargo de señales privadas. Resuenan allí las palabras del presidente de Torneos y Competencias (TyC), Marcelo Bombau, cuando, refiriéndose a Fútbol Para Todos, dijo: “Lo más democrático es que el que quiera ver pague”.
En Argentina, orientado con una lógica diametralmente opuesta, el Gobierno nacional decidió que la pelea sea transmitida de manera abierta y gratuita (damos por descontado que no es necesario aclarar a qué nos referimos con la idea de gratuidad) por la Televisión Pública de acuerdo con lo establecido por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, en su artículo 77: “Se garantiza el derecho de acceso universal a través de los servicios de comunicación audiovisual a los contenidos informativos de interés relevante y de acontecimientos deportivos, de encuentros futbolísticos u otro género o especialidad”; y en el artículo 78: “Para la inclusión en el listado de acontecimientos de interés general deberán tenerse en cuenta, al menos, los siguientes criterios: a) que el acontecimiento haya sido retransmitido o emitido tradicionalmente por televisión abierta; b) que su realización despierte atención de relevancia sobre la audiencia de televisión; c) que se trate de un acontecimiento de importancia nacional o de un acontecimiento internacional relevante con una participación de representantes argentinos en calidad o cantidad significativa”.
Pero, más allá del ajuste al marco normativo o las interpretaciones legales del caso, el criterio que subyace a la determinación del ejecutivo es la concepción del deporte como un bien cultural. De esta manera, su acceso es un derecho fundamental del pueblo que no puede estar regido únicamente por las leyes del mercado.
Frecuentemente, los detractores de las políticas comunicacionales del gobierno intervienen públicamente cuestionando con énfasis “el gasto” del Estado en transmisiones deportivas. Es sugerente que no haya de la misma manera, por ejemplo, un señalamiento crítico de los “gastos del Estado” (en todos sus niveles: nacional, provincial y municipal) en el sostenimiento de teatros, museos, muestras de arte, etcétera, que también se sostienen con las cargas fiscales del conjunto de la sociedad y cuyo acceso es infinitamente inferior, y en algunos casos de élite. Ese cuestionamiento se sostiene, en algunos casos, en un oposicionismo irreflexivo y en otros en una concepción aristocrática de la cultura imposible de blanquear. La idea que subyace a esa crítica es que el deporte es una cuestión menor, irrelevante, banal, y que por lo tanto sólo deberían acceder aquellos que pudieran pagar.
Las críticas respecto del “gasto” nos resultan conocidas porque son repetitivas. Durante el neoliberalismo, la extravagancia y obscenidad nos marcaron las miradas y los análisis. El problema está en la repetición descontextualizada de las preguntas (y sus respuestas automáticas). En un país con AUH, Conectar Igualdad, Progresar, Arsat, repatriación de científicos, Conicet con presupuestos nunca antes vistos, etcétera, etcétera, etcétera, el carácter público de un evento deportivo que interesa a una gran parte de la población no se encuentra fuera de lugar o «desbalanceado» respecto de las prioridades del Estado.
El kirchnerismo se caracteriza por definir políticas de Estado con otra perspectiva de la cultura, y es capaz de percibir lo que el pueblo demanda sin decirlo abiertamente. De esta manera, valora sin demagogia la cultura popular y efectiviza el derecho del pueblo a la comunicación garantizando el acceso a expresiones culturales relevantes.
Tenemos un Estado que apuesta a la inclusión y entre sus múltiples políticas está la de la democracia audiovisual. Eso tiene costos y está bien que los asuma el Estado, reparando –una pequeña parte de– las desigualdades heredadas. El que quiera ver que vea.
