Corría la primera mitad de 2009 y hacía pocos meses que el gobierno de Cristina Kirchner había tomado la decisión política y económica más trascendente de sus dos mandatos: abolir el sistema privado de jubilación y recuperar esos fondos para que sean administrados por el Estado.
En aquel momento, en un acto realizado en la localidad neuquina de Chos Malal, la entonces presidenta de la nación dijo: “Ahora que el manejo de las jubilaciones está en manos del Estado, a la ANSES la llaman ‘la caja’. Pero cuando los recursos de los jubilados estaban en manos de los privados y los giraban al extranjero, nadie decía nada” (así lo publicó el 19 de mayo de 2009 el diario Clarín, que por aquel tiempo todavía preservaba un decoro periodístico que perdería por completo a partir de la segunda mitad del año –y hasta hoy–, desde que el gobierno le quitó el negociado de la televisación del fútbol y además impulsó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Como se sabe, Macri eliminó de facto ambas medidas y devolvió todo el poder y los negocios a Clarín).
Efectivamente, tal como apuntó la primera mandataria hace nueve años, los aparatos comunicacionales empezaron a mencionar como “la caja” los fondos previsionales administrados por el gobierno que fueron palanca del desarrollo que tuvo el país en esa etapa. De idéntica manera, esos recursos también fueron denominados como “la plata de los jubilados”.
El metamensaje, es decir, aquello que está más allá del mensaje –lo que no ha sido dicho de modo explícito, sino sugerido–, era en ambos casos que los gobernantes de entonces se abalanzaban sobre esa “caja” o sobre “la plata de los jubilados” porque era un gobierno de “chorros”. Ese tipo de técnicas de acción psicológica sobre la opinión pública es lo que a lo largo del tiempo solidificó en una parte considerable de la sociedad la creencia de que los kirchneristas “se robaron todo”.
Fueron miles y miles de horas a lo largo de varios años, en que la maquinaria mediática encabezada por la cadena Clarín (Canal 13, TN y radio Mitre, por citar sólo los medios más importantes del conglomerado) machacó sobre la conciencia de millones de personas para inducir a creer que el gobierno se estaba robando esa plata. O, de mínima, que la estaba administrando de una forma tan mala que se aproximaba la bancarrota.
Un par de ejemplos tomados arbitrariamente permiten precisar referencias concretas acerca de mentiras capaces de generar zozobra, temor, angustia, etcétera. Primer caso: una publicación firmada por Ismael Bermúdez y con el título “La plata de los jubilados: el Fondo de la Anses ya no cubre los pagos de un año” (nota del 30 de julio de 2012). Otro ejemplo: noticia difundida decenas de veces por el canal de noticias TN y archivada en su sitio digital con el título «Anses: cerca de la mitad de la plata de los jubilados se usa por decreto» (nota del 18 de octubre de 2010).
El periodista especializado en economía Alfredo Zaiat fue, a lo largo de los años y a través del diario Página/12, entre otros medios, uno de los pocos enunciadores públicos que aclararon, una y otra vez, la aberración conceptual que se esconde detrás de esa denominación. Por ejemplo, en 2009 explicó que en un sistema jubilatorio de reparto “no existe esa concepción lineal de ‘la plata de los jubilados’. El flujo mensual de recursos provenientes de los aportes de los trabajadores, cargas sociales y porciones de impuestos nacionales (IVA, Ganancias y Cheque) permite el pago de los haberes de los jubilados. Es lo que se conoce como un esquema previsional de solidaridad intergeneracional: los trabajadores activos de hoy aportan para el pago de los haberes de los pasivos, y mañana sus respectivas retribuciones serán acercadas por otros trabajadores, y así se van encadenado los eslabones en el régimen de reparto” (nota del 17 de mayo de 2009).
Acciones del Estado en grandes empresas
Además de la recaudación necesaria para pagar mensualmente los haberes de jubilados y pensionados, dentro de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) existe el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Se trata de un organismo que administra el dinero traspasado desde las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones) cuando Cristina Kirchner recuperó los recursos previsionales para el Estado. Su correcta utilización puede contribuir a un magnífico círculo virtuoso para el desarrollo de la economía.
La propia página web oficial informa que “la administración del FGS tiene como objetivo lograr rendimientos directos e indirectos generados por las inversiones. La consecuencia esperada es un incremento en el empleo formal (que se traduce en mayores contribuciones el sistema) y un efecto multiplicador en ingresos impositivos”. De esa forma, “a través de varios impuestos (IVA, impuesto a las Ganancias, impuesto a los Combustibles, etc.) incrementarán los recursos de Anses, contribuyendo a la sustentabilidad del sistema de seguridad social”.
Al 31 de diciembre de 2015, al finalizar el último ejercicio fiscal bajo el gobierno kirchnerista, el 13% de dicho Fondo estaba invertido en acciones de grandes empresas como forma de preservar su valor. Por ejemplo, según informó Horacio Verbitsky en Página/12, para esa fecha el Estado poseía el 31,50% de las acciones del Banco Macro, el 24,99% de Telecom Argentina, el 23,06% de Siderar, el 20,32% del Grupo Financiero Galicia, el 20,04% de Molinos Río de la Plata, el 9% del Grupo Clarín, el 7,90% de BBVA-Banco Francés, el 23,11% de Transportadora de Gas del Sur, el 26,81% de Edenor, el 11,85% de Petrobras Argentina, etcétera.
Poco antes de concluir su mandato, Cristina Kirchner promovió una ley para evitar que esas participaciones accionarias del Estado administradas por el FGS pudieran ser fácilmente vendidas para facilitar negocios privados y perjudicar al erario. Dicha norma fue llamada de manera informal como “Ley de blindaje” de las acciones, y se sancionó semanas antes de la elección presidencial en la que terminaría ganando Mauricio Macri. Votada en contra por la oposición de derecha de entonces –oficialismo de hoy– y con la abstención de la izquierda y la centroizquierda, disponía que las acciones estatales en empresas privadas sólo podrían ser vendidas con autorización de dos tercios de ambas Cámaras del Congreso. (así lo informaba el portal El Parlamentario el 23 de septiembre de 2015).
Sin embargo, cinco meses después de asumir, Macri perpetró la que quizás fue su más audaz y tramposa maniobra para ganar adhesión en la sociedad. Mediante una mezcolanza inconcebible de temas que no tienen ninguna relación entre sí, presionó al Congreso para sancionar una ley que fue calificado como «ómnibus» por contener asuntos completamente distintos, y que fue «vendida» a la opinión pública como «Ley de reparación histórica» a los jubilados. Allí se incluía el blanqueo de capitales para quienes escondieron sus fortunas como forma de evadir impuestos o por tratarse de fondos «sucios» (obtenidos mediante delitos). Y también, disimuladamente, la autorización para «realizar» los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, o sea, venderlos. La página web oficial, dirigida actualmente por funcionarios macristas lo dice de modo elegante: «La ley de Reparación Histórica establece que el pago de los beneficios allí establecidos podrá ser atendido con el producido del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En caso de que resulte insuficiente, podría disponerse la realización de activos».
Cuando esa ley aun no había sido aprobada pero se había presentado el proyecto, en mayo de 2016 Horacio Verbitsky advertía (en la misma nota antes señalada) que «la reparación histórica no es a los jubilados sino a las grandes empresas, que avizoran la anhelada recuperación de los paquetes accionarios en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad».
Liquidación y objetivos
Actualmente, cuando pasaron dos años y medio del régimen de derecha que encabeza Macri, ya nadie habla de “la plata de los jubilados”. Las cadenas mediáticas encabezadas por Clarín y los demás enunciadores del discurso dominante ocultan toda mención al patrimonio público contenido en el sistema previsional porque, por sus propias razones ideológicas –inseparables de sus negocios– están interesados en su privatización.
Sin embargo, más allá de que ese nombre es conceptualmente inapropiado (como lo explicaba Alfredo Zaiat), lo cierto es que la liquidación de los activos del FGS está en marcha y la plata se la están llevando.
En los días recientes se han conocido textos esclarecedores al respecto, como el que firma el periodista Adrián Murano en la revista digital Zoom y se titula “Al casino con la plata del abuelo” (nota del 15 de junio). Asimismo, el trabajo del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) titulado «Cómo privar de herramientas al Estado», que se publicó en el portal El Cohete a la Luna el pasado jueves 21.
El CEPA puntualiza tres objetivos que busca la derecha con la venta de activos del FGS. En primer lugar, y a corto plazo, el propósito «es utilizar recursos disponibles para el reiterado plan de reducir el déficit fiscal», o sea que, igual a lo ocurrido con «las privatizaciones de empresas públicas en los años ’90, será para tapar agujeros».
El estudio agrega que, «en segundo lugar, significa la desfinanciación del sistema previsional –que tiene al FGS como factor de capitalización de la Anses–, generando las condiciones para la eventual privatización de los aportes y contribuciones de trabajadores y empleadores”. Finalmente, “en tercer lugar, la liquidación del FGS es la estricta satisfacción de intereses de clase: es la devolución de la participación accionaria a los empresarios que fueron ‘confiscados’ con la estatización de las AFJP”.
Hasta el momento, las reacciones ante tamaño peligro han sido valiosas pero mínimas. La más importante es un proyecto de ley presentado por la diputada nacional Luana Volnovich (Frente para la Victoria-PJ) para que las tenencias accionarias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES no puedan venderse sin autorización del Congreso. El proyecto es similar a la ley que impulsó Cristina Kirchner en los últimos meses de su gobierno, derogada hace dos años con los votos de Cambiemos y de la oposición oficialista (Frente Renovador de Sergio Massa y Felipe Solá, Bloque Justicialista liderado por Diego Bossio en Diputados, y mayoría del bloque encabezado por Miguel Pichetto en el Senado). Esa complicidad con el macrismo en el Parlamento fue impulsada por los gobernadores justicialistas.
El pasado lunes 18, los diputados del Frente para la Victoria y la izquierda realizaron una sesión en minoría de la Cámara, ya que el resto de los bloques se negaron a dar quorum. El tema principal era reclamar el tratamiento parlamentario del pacto con el Fondo Monetario Internacional. A propuesta de la misma legisladora que impulsa el proyecto para frenar la venta de accionar del FGS, también se analizó ese tema, aunque sin posibilidad de tomar ninguna decisión porque los legisladores presentes estaban en minoría (así lo informaba ese día el portal de noticias El Parlamentario).
Al hablar durante la sesión en minoría, la diputada Volnovich advirtió: “Desfinancian el sistema previsional porque son una manga de ladrones”.
